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El paro nacional agrario y el modelo de desarrollo rural

Por Gabriel J. Tobón Quintero / Razón Pública  

Las protestas son la expresión de la crisis que vive en campo a causa de un errático modelo de desarrollo, de los efectos de los tratados de libre comercio y del descuido gubernamental del campo durante décadas.  

Las protestas y sus causas

Durante las dos últimas semanas las noticias han estado dominadas por el paro convocado por la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo –MIA-.

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Por Gabriel J. Tobón Quintero / Razón Pública  

Las protestas son la expresión de la crisis que vive en campo a causa de un errático modelo de desarrollo, de los efectos de los tratados de libre comercio y del descuido gubernamental del campo durante décadas.  

Las protestas y sus causas

Durante las dos últimas semanas las noticias han estado dominadas por el paro convocado por la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo –MIA-.

Y es que en efecto campos y ciudades se han visto convulsionadas por movilizaciones, bloqueos de vías y enfrentamientos con las autoridades.

La protesta de los campesinos ha despertado solidaridad por parte del común de los ciudadanos, una actitud que contrasta con el menosprecio y la superficialidad por parte del gobierno nacional:

-Parece haber un sentimiento extendido de simpatía y apoyo a las justas demandas campesinas por parte de la ciudadanía. Es una situación novedosa en la historia reciente de las movilizaciones sociales en Colombia, e implica el reconocimiento tardío del aporte campesino en sus múltiples dimensiones: sociales, alimentarias, ambientales y culturales.

También es un reconocimiento de las precarias condiciones de la vida campesina, de la violencia brutal que han tenido que enfrentar y del despojo de sus tierras por parte de los actores armados no estatales y de empresas que adelantan megaproyectos mineros.

-El menosprecio del gobierno se resume en la frase del presidente Santos: “el tal paro nacional agrario no existe…..”. Por eso mismo el gobierno adoptó la estrategia de esperar el desgaste de las protestas, intentó estigmatizarlas y se negó de manera irracional al diálogo.

Semejante actitud desencadenó mayores protestas y atrajo a las vías públicas a un mayor número de campesinos y sectores sociales y productivos: camioneros, estudiantes y pequeños mineros se sumaron al paro.

Aunque las protestas amenazan con desbordarse, el gobierno, los medios de comunicación y los gremios más poderosos se niegan a pasar de la superficie y preguntarse por las causas profundas de las demandas campesinas. Estas  causas son básicamente tres:

  • El modelo de desarrollo rural.
  • La firma de los Tratados de Libre Comercio -especialmente con Estados Unidos –
  • El carácter sesgado de las políticas agrarias.

El modelo de desarrollo rural 

La principal causa de la crisis prolongada es el modelo de desarrollo rural colombiano y su dependencia del modelo de desarrollo económico. Esto viene de décadas atrás y se acentuó con la apertura económica desde comienzos de los 90.

Varios estudios confirman la relación entre la crisis del agro y el modelo de desarrollo. El documento de Naciones Unidas Colombia rural. Razones para la esperanza. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011 es un buen ejemplo de esta tesis; según concluye:

“El modelo de desarrollo rural construido es altamente inequitativo y excluyente, propicia innumerables conflictos rurales, no reconoce las diferencias entre los actores sociales, y conduce a un uso inadecuado y a la destrucción de los recursos naturales. Acentúa la vulnerabilidad de los municipios más rurales en relación con los más urbanos, y no permite que se genere la convergencia entre lo rural y urbano. Además, se ha fundamentado en una precaria y deteriorada institucionalidad pública que le abre más espacios a la actuación de las fuerzas del mercado en una sociedad  de desequilibrios e inequidades”.

Este informe destaca cuatro rasgos negativos del modelo de desarrollo:

  • No promueve el desarrollo humano y hace más vulnerable a la población rural; el   68,5 por ciento de la población del campo vive bajo la línea de la pobreza.
  • Concentra la propiedad rural y crea condiciones para el conflicto. El grado de concentración de la propiedad suele medirse por el coeficiente de GINI, y en el caso del suelo rural en Colombia llega a ser de 0,86 – sobre un máximo teórico de 1,0, sin duda una cifra escandalosa y apenas superada en América Latina por el 0,92 que registra Paraguay- [1]. La concentración se ha acentuado por el despojo violento de tierras a cientos de miles de pequeños y medianos productores.
  • Da prioridad e incentivos a los cultivos de tardío rendimiento y a la agroindustria. Promueve el capitalismo agrario, relegando de manera ostensible la economía campesina, los cultivos transitorios y los de mediano rendimiento que aún aportan  más del 48 por ciento de la producción alimentaria para el mercado interno.
  • Es poco democrático y discrimina a las mujeres.

El TLC con Estados Unidos

El libre mercado es incapaz de resolver los problemas sociales, económicos y políticos de las grandes mayorías del campo. A esto contribuye, sin duda, uno de sus instrumentos más importantes: los TLC, especialmente el suscrito con Estados Unidos.

Los TLC están en el centro de las recientes movilizaciones campesinas. Quienes protestan consideran que estos acuerdos han sido ruinosos para la mayoría de los sectores productivos y en especial para los pequeños y medianos productores agrarios:

  • Han visto crecer aceleradamente los precios de todos los insumos agrícolas;
  • Han aumentado las importaciones de alimentos hasta llegar al nivel alarmante de casi 10 millones de toneladas;
  • Y por ambas vías los productores están perdiendo acceso a los mercados.

Pero el gobierno y sus socios más cercanos -los grandes productores y las empresas multinacionales- han sido autistas y se niegan a oír los reclamos de los campesinos y de los académicos que han advertido sobre las desventajas y asimetrías que traen consigo los TLC.

Estas desventajas fueron anticipadas, entre muchos otros, por el estudio que Luis Jorge Garay y sus colaboradores elaboraron para Planeta Paz y Oxfam, donde señalaron que el 70 por ciento de los campesinos se verían empobrecidos por el TLC y 1,36 millones de hogares perderían alrededor del 16 por ciento en sus ingresos [2].

A los efectos del TLC se agregan los de la “locomotora” energético-minera que compite con la agricultura por el uso de tierras productivas, por el agua y demás recursos ambientales, además de inducir la “enfermedad holandesa” que abarata las importaciones de productos agrícolas.

Políticas sesgadas

Teóricamente las políticas públicas – en este caso las políticas agrarias- consisten en intervenciones del Estado para resolver los problemas públicos relevantes y deben privilegiar a los sectores más vulnerables.

Pero eso no ha sido el caso de Colombia. Las políticas están orientadas a consolidar el modelo agroexportador, un sector que está en manos de los grandes potentados y de los inversionistas extranjeros. Se ha relegado a las economías campesinas, con lo cual se ha profundizado la crisis y se producen mayores conflictos agrarios.

En buena hora y después de dos semanas de paro con bloqueos, pedreas, violación a los derechos humanos de los campesinos y resistencia social de amplios sectores productivos, el gobierno anuncia un pacto social para el campo.

La actitud inicial ha cambiado y parecen abrirse caminos de diálogo y de concertación.

Amanecerá y veremos.

[1] Ibáñez A. et al. 2010. La persistencia de la concentración de la Tierra durante el período 2000 – 2010.

[2] Garay, et al. 2012. Impactos del TLC con Estados Unidos sobre la economía campesina colombiana.

Razón Pública.

 

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