El realismo jurídico del procurador

Por: Rodolfo Arango  

Hay quienes consideran que el derecho debe estar al servicio de una realidad moral. Otros piensan que el derecho positivo debe encausar la realidad, cualquiera que ella sea.

El procurador Alejandro Ordóñez pertenece al primer grupo. Para él la vida es sagrada,

por lo que el aborto debe prohibirse absolutamente; el matrimonio es entre hombre y mujer, por lo que no debe permitirse a personas del mismo sexo. La realidad a la que sirve el derecho en el caso del procurador es una realidad “moral”. A diferencia de no cognitivistas valorativos que niegan la posibilidad de conocer hechos morales, el jefe del Ministerio Público considera que una realidad moral es insoslayable a la hora de establecer los contenidos y límites del derecho legislado. Son esas enigmáticas convicciones respecto a la existencia de una realidad moral vinculante las que motivan la quema de libros paganos o la negación del exterminio judío.

Habría que preguntarle al procurador cómo accede al conocimiento de los hechos morales, y por qué esa vía de acceso diverge tanto de las conclusiones de la Corte Suprema de Justicia, cuando ésta condena y él absuelve a parapolíticos por los mismos hechos. Los casos de Ciro Ramírez y Luis Humberto Gómez Gallo evidencian las discordancias entre un conocimiento científico y un conocimiento intuitivo de la realidad moral. Cuando se interroga al señor Ordóñez por su “realismo jurídico”, públicamente confesado, remite a Aristóteles (¡sin mencionar a Santo Tomás!), como hace poco sucedió en la Universidad Externado de Colombia durante el debate sobre el proceso de paz. Más acertado habría sido remitir a los teóricos realistas para quienes el derecho está determinado por las pasiones humanas.

Fue precisamente en este foro académico donde el otrora magistrado de la justicia, de reconocida ambición política, reiteró la sorprendente tesis según la cual los falsos positivos son crímenes de guerra. O sea, engañar a jóvenes inocentes con promesas de trabajo, asesinarlos en parajes aislados, vestirlos luego de guerrilleros y buscar así ascensos, vacaciones y bonificaciones, constituye un delito de guerra. Los argumentos para sustentar la tesis son pasmosos: si no hubiera conflicto armado, no habría habido falsos positivos. Para el realista jurídico, porque hay guerra, los delitos de militares, con independencia de sus intenciones, son delitos de guerra. Un buen estudiante de argumentación jurídica desentrañaría inmediatamente la falacia: la realidad de la guerra no determina el tipo de delito ni las intenciones de los delincuentes.

El segundo argumento también sorprende. Si se tratan con benignidad los delitos atroces de guerrilleros, debe haber equivalencia en el trato a los militares. Ambos deben ser castigados con algo de cárcel, se apresura a decir el procurador. La impunidad aceptable, sostiene, es sólo relativa y, en todo caso, debe ser equitativa. El realismo jurídico-moral del Catón colombiano se torna aquí elástico. No se pregunta si son casos equiparables. Tampoco importa la legitimidad de la función pública en el caso de militares que delinquen fuera del combate. La “equidad natural” ordenaría tragarnos el sapo de guerrilleros en el Congreso a cambio de militares ante tribunales castrenses, esto si unos y otros pagan algo de cárcel. No sobrarán mentes pragmáticas en ambos bandos que aplaudan la proposición. Delicados momentos atraviesa la República cuando el poder público lo ejercen descreídos de la razón y amantes del intuicionismo moral dispuestos a todo. Razón de más para pensar en una profunda reforma a la educación legal y a la justicia en Colombia.

El Espectador, Bogotá, 23 de mayo de 2013