El túnel en el túnel

Por Jorge Gómez Gallego*  

Personas que han sobrevivido después de haber sido declarados clínicamente muertos, relatan que les pareció haber entrado a una especie de túnel, cuyo final desconocen. Otros que pasaron por ahí y tuvieron la suerte de recorrer el mencionado túnel completamente, no tienen ni la más remota posibilidad de contarnos cómo les fue y a dónde llegaron. A esa sensación la llaman “experiencia cercana a la muerte”. Incluso le tienen una sigla: ECM.

La Fase II del proyecto de conexión vial Aburrá – Oriente, cuyo objeto es la construcción de un túnel, está hoy padeciendo de ECM. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia proferida por la Sala 4 de Decisión, adoptó de manera contundente la decisión de declarar nula la Ordenanza 30 de 2010, por ilegal e inconstitucional. Y esa decisión, aunque puede ser apelada, con toda seguridad será confirmada por el Consejo de Estado, ya que el fallo de primera instancia se basa en jurisprudencia reciente de ese alto tribunal.

Y no es una ordenanza cualquiera. Se trata de la que sirvió para completar el dinero requerido para efectuar el cierre financiero, es decir, el equilibrio entre la plata que se necesita y la que hay disponible. Ninguna obra pública, sea por concesión o por otro tipo de contrato, se puede acometer sin contar con los pesitos necesarios. Y los $ 60.000 millones de la ordenanza moribunda eran indispensables para firmar la Modificación Bilateral 029 al contrato de concesión, que es justamente la que acuerda la construcción del cuestionado túnel.

Batiscafo ha narrado en ocasiones anteriores la tortuosa historia de este proyecto, convenido en diciembre de 1997, once (11) días antes de entregar el cargo el ex – gobernador Álvaro Uribe, a un grupo de contratistas liderados por Construcciones El Cóndor y Eléctricas de Medellín. Estas empresas son conocidas hoy por su activa participación en el mundo de los grandes contratos de concesión.

Y como dice el dicho popular, “lo que empieza mal, termina mal”. Otros más perspicaces dicen: “lo que empieza mal, termina peor”. Auditorías efectuadas por la Contraloría de Antioquia y la General de la Nación, fallos del Tribunal Administrativo de Antioquia, decisiones del Ministerio de Medio Ambiente y de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, conceptos de prestigiosos ambientalistas, geólogos, ingenieros y dirigentes sociales, han calificado el proyecto específico del túnel como innecesario, suntuario, carente de estudios suficientes y sobre todo, de ser una obra cuyo principal beneficiario no serán las comunidades de los valles de Aburrá y San Nicolás, sino los poderosísimos contratistas y bancos que están detrás del negocio.

Quienes consideramos que en la actualidad, la más adecuada solución para mejorar la movilidad entre los dos valles, es la construcción de una doble calzada entre la glorieta de Sancho Paisa y la de Sajonia, obra que costaría menos del 10% de lo que cuesta el túnel, hemossostenido también que la alternativa de una obra de esa naturaleza podría considerarse hacia el futuro pero con algunos requisitos básicos:

1. Que sea bidireccional, es decir con tubos independientes para circular en los dos sentidos y no como éste, que si bien tendrá dos tubos, uno será para desplazamiento y otro para emergencias. El túnel que se planea construir permite una velocidad bastante menor que la requerida para lograr una mejora significativa en los tiempos de viaje y genera una inquietud: ¿se justifica la inversión de más de un billón de pesos para rebajar en 12 minutos el desplazamiento hasta el Aeropuerto José María Córdoba en un vehículo particular o en un taxi?

2. Que privilegie el transporte público colectivo y masivo.

3. Que antes de hacer la obra, se completen todos los estudios que permitan conocer con exactitud las medidas que eviten el daño ambiental. Hasta ahora siguen siendo insuficientes y por lo mismo, manipulables por los interesados en el suculento contrato.

4. Garantizar y acopiar los recursos suficientes para su ejecución, sin vulnerar los magros ingresos de los vecinos de la obra.

5. Y tal vez la más importante, que se lleve a cabo por un método distinto al de la concesión. Este mecanismo es el más costoso: con él se paga el valor de la obra, la utilidad de los constructores e interventores, el valor de los estudios, el de los intereses pagados al capital financiero y además de todo eso, que puede ser necesario, una utilidad denominada Tasa Interna de Retorno para el concesionario, que se calcula sobre todos los costos anteriores.

La ECM – experiencia cercana a la muerte – que padece hoy el proyecto del túnel, Al estarse desmoronando a pedazos, debe servir para iniciar una profunda y democrática reflexión ciudadana que permita encontrar salidas a la encrucijada en la que ávidos contratistas y banqueros nos han colocado a los antioqueños. ¿Se debe mejorar la conexión vial con oriente? Sin duda la respuesta es sí, pero también estamos seguros que no debe ser así.

Periscopio

Causa curiosidad que en los alegatos dentro del proceso, la administración de Sergio Fajardo, la de la “Antioquia Legal” haya afirmado textualmente que la Ordenanza 30 era legal porque “si bien el legislador no autorizó expresamente la figura de las vigencias futuras excepcionales a las entidades territoriales, éstas se convirtieron en una práctica generalizada”. A ese respecto el alto tribunal le recuerda a la administración de “la más educada” que “las autoridades públicas de conformidad con el precepto 121 de la Constitución Política de 1991 sólo pueden hacer aquello que les está expresamente permitido”. Una buena lección para el contradictorio doctor Fajardo, que seguramente no se siente “autoridad pública” si no candidato presidencial en ciernes.
*Diputado Asamblea Departamental de Antioquia Polo Democrático Alternativo

Medellín, 7 de octubre de 2013.