En políticas sociales y económicas de Santos, 2016 presenta un panorama aún más oscuro que el 2015: Frente de Educadores Tribuna Magisterial

El fracaso de la política del Gobierno de Santos es evidente. La realidad desmiente a cada paso su retórica de avances y triunfos. Los TLC, presentados como la panacea para todos nuestros males, arruinan, tal y como lo hemos denunciado reiteradamente, la industria, la agricultura y la ganadería, generando desempleo, miseria y atraso. La especialización impulsada desde el Gobierno de la producción y las exportaciones en petróleo, carbón y otros minerales condujo a la catástrofe comercial y fiscal, a la destrucción de importantes sectores productivos y al arrasamiento del medio ambiente. La inflación se disparó con todas las consecuencias negativas que ello tiene para la población.

La devaluación es una de las más altas del mundo. La deuda del país aumenta inconteniblemente y el precio de las acciones ha caído en casi la mitad de su valor en lo corrido del año, la propiedad de las empresas pasa aceleradamente a manos del capital multinacional. No obstante las repetidas reformas tributarias contra las clases populares y medias el déficit fiscal es un pavoroso agujero negro, el cual se trata de colmar infructuosamente con más exacciones contra la mayoría de los ciudadanos y recortes presupuestales. Continúa el aumento de las tarifas de energía y gas, como lo acaba de decretar el Gobierno para enriquecer aún más a unas generadoras que han recibido y embolsado con toda tranquilidad 7.800 millones de dólares dizque por cargo de “confiabilidad”. La privatización, a la cual le auguraron el destino de mejorar la producción y satisfacer los requerimientos por mejores servicios, ha quedado desnudada en sus terribles consecuencias como lo demuestran hasta la saciedad los atropellos de las EPS, la voracidad y especulación del capital financiero con los recursos de las pensiones, los inauditos atropellos en los servicios públicos, de los cuales es prueba elocuente la tristemente célebre Electricaribe, y la vergonzosa política agenciada en la educación para entregarle cuantiosos recursos al sector privado en tanto se desangra a la educación pública y se niegan los mínimos derechos a los maestros que trabajan en colegios concesionados, por contrato y bancos de oferentes, para sólo mencionar unos pocos ejemplos. Y la farsa, muy propia del santismo, de bautizar la educación como uno de los pilares de su gestión, en un derroche de espectáculos de relumbrón y argucias mediáticas, mientras toma una tras otra medidas contra la existencia de la educación pública y los derechos laborales de maestros y personal administrativo.

A despecho de la contundencia de los hechos, Santos no solamente insiste en su política sino que la profundiza: a los TLC firmados a dos manos, se agregan el TPP (Acuerdo de Promoción Comercial y de inversiones del Área Transpacífica), para desproteger la agricultura; el TISA, para ahondar la privatización de los servicio públicos, incluida la educación; y el ingreso a la OCDE (OTAN económica del imperialismo); más ataques contra la industria y la agricultura; más privilegios y exenciones para las multinacionales, más privatizaciones, más reformas tributarias regresivas, más reformas pensionales, mayor ataque contra la salud y la educación públicas, mayor obsecuencia con los imperiales dictados del gobierno norteamericano.

En ese contexto de agravamiento de los males de la nación es en el cual cada vez más amplios sectores de los colombianos resistieron en 2015. Las luchas se multiplicaron. Entre ellas sobresalió, sin lugar a dudas, la ejemplar batalla que libró el magisterio colombiano desde el momento que aprobó y presentó su pliego de peticiones hasta su culmen en el paro nacional indefinido que concluyó en los primeros días de mayo. Encabezados por la dirección nacional de FECODE y sus sindicatos filiales y con el firme y constante apoyo de nuestra Central Unitaria de Trabajadores, los maestros salimos multitudinariamente a las calles ganándonos el respaldo de la comunidad educativa. Las banderas fueron y siguen siendo la defensa de la educación pública como palanca imprescindible del desarrollo nacional y de los derechos de los educadores conculcados permanentemente. El acuerdo pactado en medio del conflicto laboral fue un importante avance del magisterio: 12% de nivelación salarial. La evaluación diagnóstica formativa con la cual se derrotaron tanto la evaluación de competencias como la iniciativa gubernamental de imponer los resultados de las pruebas Saber, los índices de repitencia y deserción como requisitos para el ascenso. El aumento salarial acordado en la mesa estatal para 2015 y 2016 de un punto por encima de la inflación. La bonificación para los maestros del grado 14, que están represados hace años en esa categoría. Para enfrentar la crisis de salud la figura del defensor del usuario, la selección objetiva de los prestadores, un manual de seguimiento y evaluación permanente. Recursos para los juegos deportivos y el encuentro nacional cultural y folklórico. La revisión de los salarios de los etnoeducadores. Y la no toma de represalias contra el magisterio por parte del Gobierno Nacional.

Como bien lo sabemos por la experiencia histórica del gremio y del pueblo colombiano, después de la firma de un acuerdo continua y se desarrolla la contradicción con el gobierno. Por ello durante el resto del año se debatió la reglamentación y puesta en práctica de la evaluación diagnóstica formativa; la lucha por un servicio de salud digno; el rechazo a la pantomima del gobierno de jornada única alzando la bandera de una verdadera jornada única con infraestructura adecuada, salario profesional, ampliación de la planta y alimentación escolar; en defensa del Fondo de Prestaciones Sociales y exigiendo el pago dentro de los términos de la ley de cesantías y pensiones.

El año 2016 presenta un panorama aún más oscuro que el 2015: el golpe redoblado a las finanzas del Estado por cuenta de la caída de los precios del petróleo y de la destrucción de la industria y la agricultura; los efectos centuplicados de la política de libre comercio para el enriquecimiento de las multinacionales a costa de Colombia; el crecimiento desmesurado del déficit comercial y de la deuda externa. Lo anunciado por Santos para enfrentar esa gravísima situación es profundizar la política que precisamente ha llevado a Colombia a la crisis: nueva reforma tributaria con aumento del IVA entre 3 y 6 puntos y ataque a las entidades sin ánimo de lucro, mientras cubre de privilegios al capital financiero y a las trasnacionales; otra reforma pensional encaminada a reducir las ya de por sí ínfimas pensiones, aumentar la edad, quitarle al Estado sus obligaciones en ese campo y destruir el régimen de prima media en favor de los fondos privados que se dedican a especular con los recursos de los trabajadores. Y no está de más proyectar lo que venimos haciendo desde el 2011 al presentar en el marco de la ley nuestro pliego de peticiones, cuya siguiente término es el 2017.

En cuanto a la educación pública los retos son mayúsculos: conquistar condiciones de financiación adecuada que remplacen el lesivo Acto Legislativo 04 de 2007, cuya vigencia termina el año entrante; confrontar la privatización santista; enfrentar los pésimos servicios de salud y alcanzar un nuevo modelo de contratación; salvaguardar el Fondo de prestaciones; defender el derecho a pensionarse; por una verdadera jornada única; y rechazar los planes del gobierno como Ser Pilo Paga, PTA, Derechos Básicos de Aprendizaje, entre otros, que atentan contra la educación pública, y su contenido científico, democrático y nacional.

Para adelantar esas batallas es imprescindible oponerse consecuentemente al Gobierno de Santos desechando cualquier ilusión frente a sus iniciativas y programas; desarrollar una táctica consecuente ante la conjunción de tantos conflictos; preservar la unidad del magisterio; fortalecer sus organizaciones sindicales; y prepararse para las luchas que desarrollaremos.

Frente de Educadores Tribuna Magisterial

Bogotá.