Energía prepago un atentado contra los usuarios

Por Norman Alarcón Rodas  

El Movimiento Indignados con Electricaribe desde el año 2013 ha venido denunciando las políticas oficiales que vienen lesionando gravemente a los millones de usuarios del servicio de energía de la Costa y haciendo una serie de exigencias que son claves para la mejora de la calidad de vida de la población. Es verdad sabida que este servicio en la Región Caribe es el peor del país, donde está el 92 por ciento de la subnormalidad eléctrica nacional, la cual en vez de reducirse se incrementa el 6%

anual según cifras de la propia empresa.

En toda la región hay una resistencia unánime a la instalación de las redes trenzadas de aluminio que están reemplazando a las de cobre en los barrios normalizados, ya que le sirve a la empresa para imponer la llamada medición centralizada digital a siete metros de altura, manejada desde la empresa a control remoto y que sustituye los medidores convencionales en cada inmueble. Se trata de una generación de medidores inteligentes con los cuales Electricaribe puede suspender el servicio desde sus oficinas, pero que también le sirve para imponer el prepago del consumo de energía, que es un verdadero atentado contra la dignidad de los usuarios.

El sistema prepago de energía está contemplado en el Decreto 0111 de 2012 del gobierno de Juan Manuel Santos en el artículo 10°, el cual empezó a ser implementado por Electricaribe en Barranquilla en las casas supuestamente gratis entregadas por el gobierno en la Urbanización Villas de San Pablo y en las casetas ubicadas en el bulevar Simón Bolívar. Según declaraciones a la prensa de la gerente de dicha empresa en este departamento, Betty García, piensan instalar inicialmente seis mil contadores prepagos en la capital del Atlántico. Este sistema inicuo condena a las tinieblas a los usuarios de menor capacidad económica, que tendrían que comprar tarjetas por días, según su deteriorada situación económica.

Una de las exigencias del Movimiento Indignados con Electricaribe, teniendo en cuenta que se trata de un derecho fundamental, es que se establezca un consumo mínimo vital gratuito de energía de 100 kilovatios mensuales por familia de los estratos uno y dos, lo cual es diametralmente opuesto a la draconiana medida de la empresa extranjera que solo busca ganancias a rodo, así los usuarios tengan que sacrificar comida, salud y educación. Frente a tamaño desatino hay que elevar las voces de rechazo que se conviertan en torrente indetenible de inconformidad.

Barranquilla.