Escabrosas denuncias sobre nexos de Fuerza Pública, Álvaro Uribe y exfiscal Osorio con paras, tras fallo de condena a Salvatore Mancuso

Con información de El Espectador y El Tiempo

Con la sentencia judicial contra el Bloque Catatumbo y el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso que el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá acaba de proferir, quedan evidenciados graves hechos y escabrosas denuncias en torno de los vínculos de la Fuerza Pública colombiana y de personajes de la vida nacional como el cuestionado expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez y el exfiscal Luis Camilo Osorio con el narcoparamilitarismo.

Igualmente, el fallo de este tribunal que condenó a ocho años de prisión al jefe paramilitar del Bloque Catatumbo acusa a los grandes medios de comunicación de Colombia de haber sido complacientes con las denominadas autodefensas.

Queda evidenciado, igualmente, el apoyo económico, político y financiero que el narcoparamilitarismo dio a la campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez, así como se demuestra una vez más cómo los jefes de las autodefensas pusieron sus fichas en el Congreso de la República con complicidad y anuencia del uribismo.

“Las AUC fueron apoyadas militarmente por la Fuerza Pública”: Salvatore Mancuso

El excomandante paramilitar aseguró que este apoyo generó desplazamiento forzado y fue el origen de los denominados ‘falsos positivos’. Fue condenado a ocho años de prisión por los delitos cometidos por el Bloque Catatumbo.

En su reconocimiento de actos delictivos, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso hizo una explicación de la forma en cómo se crearon y consolidaron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el norte del país, principalmente en el departamento de Norte de Santander.

Mancuso, postulado a la Ley de Justicia y Paz, aseguró que las AUC lograron su fortalecimiento debido a la escasa presencia del Estado en algunas zonas, hecho por el cual recibieron el apoyo de los pobladores que estaban cansados de los ataques de la guerrilla.

Pese a que el principio contra los subversivos se hizo de manera individual, se presentó un auspicio y reconocimiento legal por parte de las Fuerzas Militares con el fin de que los apoyaran en la guerra contra los diferentes frentes guerrilleros que delinquían en el norte del país.

Este apoyo, contó Mancuso, incluso fomentó casos de desaparición forzada y la presentación de campesinos como guerrilleros abatidos en combate, es decir como los conocidos ‘falsos positivos’. “Existió un a presión de los militares y policía” para cometer acciones en contra de la población, señaló Mancuso al hacer referencia a la cercanía que se tenían con los uniformados en el departamento de Norte de Santander.

“Fuerzas regulares convencionales, reclutaron, les dieron armas y les mostraron el terreno”, describió el excomandante paramilitar al hacer referencia al reconocimiento que tuvieron por parte de la esfera pública que además le dieron protección y ayuda a las AUC es cuanto a los informantes y entrega de armas.
Igualmente recibieron financiación de ganaderos, finqueros y agricultores, que además de aportarles dinero para su expansión les dieron una lista de los colaboradores de la guerrilla de la región. “Se obtuvo un dominio de los terrenos y se implementaron nomas militares, económicas (mercado legal e ilegal) de lo contrario se ejercía el poder mediante la coacción. Contaron con el apoyo desde el más humilde campesino hasta el más grande empresario”.

En uno de sus proyectos más grandes, las AUC tuvieron además el apoyo de dirigentes políticos y aspirantes al Congreso de la República y las Gobernaciones en la Costa Norte. Bajo presiones les pedían apoyarlos en sus candidaturas a cambio de secretarias de Gobierno y apoyo en sus pretensiones políticas. Esto abrió el camino a la denominada ‘parapolítica’.

“Se amenazaron periodistas que criticaban el papel de los paramilitares”, aseguró el exjefe del Bloque Norte de las AUC. Sin embargo la Sala hizo un llamado a la publicidad que se hizo en algunos medios de comunicación sobre los mensajes que enviaba el autoproclamado jefe de las AUC, Carlos Castaño Gil quien se presentaba como “un salvador”.

El Tribunal tuvo en cuenta los testimonios de Mancuso al respecto: “Fui adoctrinado por el Ejército y la Policía, tuve carné del B2, entraba a la Brigada sin que me requisaran, entraba como lo hacían los comandantes, me abrían la puerta’, afirmó Mancuso en un versión libre de agosto del 2013.

“Fue Carlos Castaño quien en el 95 me contó que se había reunido con la cúpula militar y que le pidieron fortalecer las Auc en el norte del país, que iban a colocar comandantes de Policía, directores seccionales de Fiscalía afines a la ideología paramilitar”, dijo Mancuso.

“Sin la acción u omisión del Estado no habríamos podido crecer como crecimos”, añadió el postulado, quien tendrá que pagar una multa de 30.800 millones de pesos.

Fallo acusa a medios de haber sido “complacientes” con las Auc

El Espectador

Una controversial sentencia contra el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso acaba de proferir el Tribunal Superior de Bogotá, con ponencia de la magistrada Alexandra Valencia. En el fallo quedó consignada una tesis que, de ser aceptada, le daría un vuelco al proceso de Justicia y Paz. Se pide que en adelante se pueda juzgar y condenar a miembros de la Fuerza Pública, funcionarios del Estado, comerciantes y empresarios por los crímenes que cometieron los paramilitares contra la población civil. La propuesta está sustentada en que los miembros de las instituciones y de los gremios que apoyaron y financiaron a las autodefensas hacían parte orgánica de esa estructura y, por tanto, son igualmente responsables de los delitos ejecutados por su ala militar.

No menos sorprendente resultó el análisis del Tribunal sobre el papel de los medios de comunicación en el conflicto armado. Según él, los medios fueron “complacientes” con el paramilitarismo, toda vez que publicaron extensas entrevistas con el máximo jefe de las Auc, Carlos Castaño Gil, en las que el desaparecido fundador de las autodefensas habría publicitado su discurso antisubversivo. Una posición cuestionable, a la que añadió la opinión de que la prensa “cumple un rol fundamental en la propagación y legitimación de los discursos de odio” proferidos por algunos funcionarios públicos. Además exhortó al Congreso a que tipifique la “ofensa” como un delito, de tal forma que las declaraciones de los representantes del Estado puedan ser investigadas y sancionadas.

Estas consideraciones, elaboradas por la ponente del fallo, recibieron serios cuestionamientos de parte del resto de los magistrados que integran la Sala de Justicia y Paz, quienes solicitaron la reelaboración del documento en repetidas ocasiones. No obstante, la sentencia finalmente fue proferida en esos términos.

En cuanto a Mancuso, juzgado en este proceso como comandante del bloque Catatumbo de las autodefensas, el fallo recordó que fue él quien planeó, junto con Carlos Castaño, la expansión del proyecto paramilitar en Norte de Santander. En mayo de 1999, bajo la comandancia del capitán retirado del Ejército Armando Pérez Betancourt, al menos 200 hombres fueron trasladados a la zona con el fin de ejecutar una serie de masacres que comenzaron en las veredas Socuavo y Carboneras, de Tibú, y que se extendió al resto del departamento. El interés de los ‘paras’ era apropiarse de los extensos sembrados de hoja de coca que controlaban las Farc y el Eln, hasta el punto que, según el propio Mancuso, lograron extraer del Catatumbo 119.600 kilogramos de pasta base entre 1999 y 2004, año de la desmovilización del bloque.

A esa fuente de financiación se sumaron las contribuciones obligatorias y voluntarias de los propietarios de estaciones de gasolina y de casas de cambio, comerciantes de Cenabastos y de sanandresitos, terratenientes, ganaderos y contrabandistas de gasolina. También figuraban como aportantes, según el Tribunal, Ecopetrol, la Central Termoeléctrica Tasajero y algunos miembros de Fedegán, empresas que “se vieron beneficiadas de la violencia a la que el bloque Catatumbo sometió a la población de Norte de Santander”. Entre los crímenes por los que Mancuso acaba de ser condenando se encuentran el asesinato de dos fiscales especializados, un concejal de Gramalote, una candidata al Concejo de El Zulia, dos investigadores del CTI, el rector de la Universidad Libre Seccional Cúcuta y la registradora municipal de Salazar de las Palmas.

La comisión de esos y otros crímenes, entre los que se incluyen secuestros, torturas y desplazamientos forzados, habría sido posible, en concepto del Tribunal, porque la Fuerza Pública “se apartó injustificadamente de su obligación legal de proteger a la población civil de las acciones delictivas del bloque, permitiendo su expansión y consolidación en la región”. Por eso ordenó investigar a miembros del Ejército, la Policía, la Fiscalía y el desaparecido DAS. El exfiscal general Luis Camilo Osorio también será investigado por cuenta de este fallo, teniendo en cuenta que fue él quien nombró a Ana María Flórez como directora seccional de Fiscalías de Cúcuta, condenada a 12 años de prisión por el delito de concierto para delinquir.

Otra solicitud consiste en determinar si se cometió algún delito durante el proceso de postulación y nombramiento de Mario Iguarán como fiscal general para el período 2005-2009. La determinación se tomó porque, según Benito Osorio Villadiego, exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba y exgobernador de ese departamento, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, se reunió con Mancuso para solicitarle su apoyo en la elección de Iguarán. En ese sentido, será la Comisión de Acusación de la Cámara la encargada de esclarecer los hechos. El Tribunal también exhortó a la Unidad de Víctimas para que elabore y presente una iniciativa legislativa que permita destinar al Fondo de Reparación de las Víctimas los recursos de las entidades públicas “cuyas autoridades hayan colaborado con la llegada, consolidación y expansión de los grupos paramilitares, especialmente con el bloque Catatumbo”.

Mancuso, recluido en una cárcel de Virginia (Estados Unidos), fue beneficiado con la pena alternativa de ocho años de prisión contemplada en la ley de Justicia y Paz. Por orden del Tribunal de Bogotá deberá reconocer públicamente su responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos cometidas en Norte de Santander y participar en distintos actos simbólicos que redignifiquen a las víctimas. En la sentencia, la primera en Colombia contra ese exjefe paramilitar, también fueron incluidos Jorge Iván Laverde Zapata, alias Iguano, y otros cuatro desmovilizados del desaparecido bloque Catatumbo.

El apoyo a la campaña presidencial de Álvaro Uribe

El excongresista Miguel Alfonso de la Espriella le manifestó a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá que en 2002 se reunió en la finca El Ubérrimo (Córdoba) con el entonces candidato a la presidencia, Álvaro Uribe Vélez para manifestarle el interés que tenían los paramilitares de apoyarlo en sus aspiraciones políticas.

El excongresista Miguel Alfonso de la Espriella le manifestó a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá que en 2002 se reunió en la finca El Ubérrimo (Córdoba) con el entonces candidato a la presidencia, Álvaro Uribe Vélez para manifestarle la decisión que habían tomado los paramilitares en los comicios de ese año.

De la Espriella –quien ya fue condenado por ‘parapolítica’- aseguró que junto a la representante a la Cámara Eleonora Pineda se reunió con el candidato en el sector de Sabanal (Montería) para indicarle el apoyo que existía. En ese momento Uribe Vélez les expuso su manifiesto democrático que tenía 100 puntos.

“Me extraña que ahora el expresidente Uribe critique el hecho de que los guerrilleros tengan representación en el Congreso de la República. Puesto que en el punto 41 aseguraba que de ser presidente los integrantes de los grupos armados ilegales que se desmovilizaran podrá llegar al Congreso de la República”, precisó.

El pasado 31 de octubre la Sala de Justicia y Paz condenó a ocho años de prisión, como pena alternativa, al excomandante paramilitar quien actualmente se encuentra privado de su libetad en una cárcel de Virigina (Estados Unidos). Mancuso aceptó su responsabilidad en los actos cometidos por el bloque que comandó durante la década de los noventa.

El Tribunal tuvo en cuenta las confesiones hechas ante la justicia en las que confesaron hechos conocidos y no conocidos por parte de las autoridades, así como la explicación de la forma en cómo delinquían en el departamento de Norte de Santander lo cual ha permitido establecer la formación y expansión del fenómeno paramilitar en Colombia.

Condena a Mancuso vuelve a enredar a exfiscal Osorio con ‘paras’

El Tiempo

Cuestionan que mantuviera a Ana María Flórez, quien favoreció las Auc en Norte de Santander.
El exfiscal Luis Camilo Osorio, quien dirigió la Fiscalía entre el 2001 y el 2005, ha sido mencionado por congresistas condenados por parapolítica y resultó salpicado nuevamente en la sentencia contra el bloque Catatumbo.

En el fallo de 800 páginas que profirió el viernes el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, en el que condenó a los exjefes paramilitares Salvatore Mancuso, Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘el Iguano’ y otros desmovilizados del bloque Catatumbo, los magistrados cuestionan que Osorio designara y mantuviera en la dirección seccional de Fiscalías de Cúcuta a Ana María Flórez, quien terminó favoreciendo a los paramilitares en Norte de Santander.

Según la versión del exjefe paramilitar José Bernardo Lozada Artuz, Flórez les avisaba de operativos que se ordenaban desde Bogotá, suministraba información clave para la organización criminal y coordinaba con las Auc falsos allanamientos. Incluso, dice Lozada, Flórez les “colaboró al frente Tibú y La Gabarra (…) vendiéndoles munición de fusil”.

Ese apoyo de funcionarios de la Fiscalía, de miembros del DAS, de la Policía, del Ejército y de políticos con el Bloque Catatumbo le permitió al Tribunal de Justicia y Paz concluir que el paramilitarismo en Norte de Santander, que dejó más de 900 víctimas, según la primera sentencia,“se constituyó en una política de Estado”.

Por esos homicidios, masacres, desplazamientos forzados, y demás hechos delictivos en los que, según los magistrados “hubo responsabilidad institucional de la Policía y el Ejército”,, el Tribunal condenó ayer a Mancuso a la pena alternativa de 8 años de cárcel y a una multa de 30.800 millones de pesos. El fallo del Tribunal establece que fue precisamente la colaboración de la Fuerza Pública la que permitió que el proyecto Catatumbo, con el que Carlos Castaño planeó en 1995 la expansión de las Auc en Norte de Santander, pudo consolidarse en 1998.

La corporación tuvo en cuenta los testimonios de Mancuso: “Fuí adoctrinado por el Ejército y la Policía, tuve carné del B2, entraba a la Brigada sin que me requisaran, entraba como lo hacían los comandantes”, le dijo a la Fiscalía en una versión libre.

El Tribunal asegura, además, que las Auc tuvieron el apoyo de agentes del DAS en las Escuelas de Formación DE paramilitares, específicamente del exsubdirector del DAS José Miguel Narváez, por lo que ordenó investigar a las cabeza de ese organismo entre 1999 y 2003. Según Mancuso, Narváez “era un hombre bastante documentado, tenía cierto privilegio a ese tipo de información y nosotros teníamos conocimiento de esa información que él proveía en las charlas, y dentro del adoctrinamiento ideológico que hacía”.

Con el fin de controlar la justicia y la política, los paramilitares, según la sentencia, buscaron poner fichas en el Congreso.

Fue así como, según los desmovilizados, impulsaron las campañas de Miguel De la Espriella y Eleonora Pineda, condenados por parapolítica.