Esta tarde vi llover… y era veneno

Por Daniel Samper Pizano  

Colombia tuvo que indemnizar a Ecuador por salpicarlo con glifosato. Pero ¿quién indemniza o protege a los colombianos?

Unos trabajadores brasileños discutían hace algunos años con el gerente de la empresa papelera Fibria acerca de los peligros del glifosato,

el poderoso herbicida que fabrica Monsanto. “El glifosato es menos dañino que la sal de mesa”, afirmó el gerente. Oído esto, uno de los trabajadores desafió al perfumado ejecutivo a que bebiera un vaso de glifosato mientras él tomaba uno de agua salada. La discusión terminó ahí.

Pese a la lamentable experiencia de Brasil y otros países con las secuelas que ha dejado este agroquímico, Colombia lleva largos años lanzando desde las nubes un diluvio de veneno sobre las tierras donde brotan marihuana, coca o amapola. En el 2000, la lluvia tóxica saltó la línea limítrofe y se esparció sobre cosechas, animales y campesinos de los estados ecuatorianos de Sucumbíos y Esmeraldas. Tras unos meses, los efectos nocivos habían trastornado la vida rural al sur de la frontera. Como las fumigaciones de nuestras avionetas antinarcóticos seguían llegando a Ecuador, su gobierno demandó en el 2008 al colombiano ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

El pleito tenía mala pinta para Colombia, así que el poderoso y costoso equipo de abogados que contrató Bogotá ofreció a Quito un arreglo. Los dos gobiernos firmaron el acuerdo hace diez días. Colombia se compromete a indemnizar a Ecuador con 15 millones de dólares; a usar concentraciones leves de herbicida; a fumigar solo con aviones monomotores que volarán bajo y despacio y no podrán acercarse a menos de 10 kilómetros de la frontera; a anunciar a Ecuador las aspersiones y a evitar, en general, “que los efectos del glifosato lleguen a nuestro territorio” (canciller Ricardo Patiño).

Pude averiguar estos datos acudiendo a fuentes ecuatorianas y de la CIJ, pues, cuando el abogado Ramiro Bejarano requirió a la Cancillería a instancias mías para que le suministrase información pertinente, la jefa del grupo que atiende asuntos con la CIJ solo entregó documentación parcial alegando una discutible reserva legal. Entre los papeles aparecen algunos contratos de abogados. Se trata de un equipo internacional que cobra honorarios de entre 400 y 600 dólares por hora de trabajo, aparte de viajes y viáticos. Todo ello hace difícil el cálculo sin otros datos. Uno solo de los despachos (Volterra Fietta, de Londres) nos costará 850.000 dólares. Suma sumando, los 15 millones que pagaremos al Ecuador y sus gastos (la Cancillería dice que no es una indemnización, pero toda la prensa latinoamericana emplea este término) podrían elevarse a unos 35.000 millones de pesos.

Sin embargo, el problema principal no es ese. Lo grave es que, mientras a los ecuatorianos los protegió su gobierno, a los colombianos los envenenan sus propias autoridades. Acabamos de reconocer que hicimos daño al Ecuador. ¿Quién defenderá a los campesinos del Putumayo, víctimas durante tres décadas de la llovizna ponzoñosa que ataca los cultivos de droga y, de paso, cuanto crezca o respire por los alrededores? ¿Hasta cuándo sacrificaremos la salud, el medioambiente, las relaciones con los vecinos, la paz y los escasos recursos del erario en esta guerra que se declara en Washington pero se libra en el Putumayo?

Hay que insistir en la campaña de despenalización de la droga. No conviene que Santos congele un asunto incómodo pero vital para Colombia.

El Tiempo, Bogotá, 22 de septiembre de 2013.