Gas Natural Fenosa demanda a Colombia por incumplimiento de TLC

Observatorio TLC, Bogotá, septiembre 7 de 2016

La española Gas Natural Fenosa (GNF), accionista mayoritaria de Electricaribe, demandó al Estado colombiano, por un supuesto incumplimiento al Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea y el tratado de inversiones con el país ibérico. La empresa alega que el Estado colombiano no ha cumplido las reglas de juego sobre la operación y prestación del servicio por no capitalizar a Electricaribe y aducen que la regulación no reconoce las inversiones que han realizado.

Salvador Gabarró Serra, presidente de GNF ha comenzado una etapa de presión política basada en las amenazas. En un comunicado plantea que  “la protección a los inversionistas es condición indispensable para que recursos del exterior continúen llegando y se destinen al desarrollo del país”. Además plantea que se deben buscar “soluciones integrales que permitan garantizar la sostenibilidad de la prestación del servicio de energía en la Costa Caribe”. En otras palabras, la empresa española exige que el Estado colombiano capitalice Electricaribe, y si no, ellos abandonarían la operación en la costa caribe colombiana, donde atiende a 2,5 millones de personas.

GNF ya tiene antecedentes en este tipo de acciones.  En República Dominicana, hicieron lo mismo: “allá metieron una demanda contra el Estado y al final se alzaron con una indemnización multimillonaria”, dice Amilkar Acosta, presiente de la Federación Colombiana de Departamentos.

El principal problema de Electricaribe ha sido que ha entrado en un círculo vicioso, ya que tiene una baja calidad porque no hay inversiones; no hay inversiones porque el recaudo se está cayendo y el recaudo se está cayendo porque el servicio es de mala calidad.

Como indicador de la pésima calidad del servicio, se ha conocido que en el año pasado la luz se fue por 94 horas en la costa atlántica, mientras en Colombia, el promedio es de 40 horas. Además se dieron 88 cortes de luz durante el 2015. A esto se suma el hecho que el 70% del total de las acciones interpuestas por los usuarios a la Superintendencia de Servicios Públicos, dirección territorial norte, está relacionada con Electricaribe.

En cuanto a las inversiones, se encontró que la empresa  apenas lleva un cumplimiento de 14% de las inversiones estimadas en $1,1 billones, impidiendo un mejoramiento de la infraestructura para el mejoramiento del servicio.

Como si fuera poco, Electricaribe está inmersa en una investigación de la Contraloría por un detrimento patrimonial, ya que de los 65.733 millones de pesos en contratos con el Ministerio de Minas y Energía (para el Programa de Normalización de Redes Eléctricas), tiene en sus cuentas tan sólo 7.734 millones. La Contraloría encontró que el resto de recursos, que corresponden a $133.401 millones, fueron girados a terceros.