II Asamblea Nacional por la Paz: el reto es construir equidad social y democracia desde los territorios

La Unión Sindical Obrera (USO), organización de los trabajadores del petróleo en Colombia fue el alma y nervio en la organización de la II Asamblea Nacional por la Paz, que se realizó en Bogotá, entre el 18 y el 20 de noviembre para analizar las implicaciones y retos del país frente a las expectativas de reconciliación como consecuencia de las negociaciones que se adelantan en La Habana entre el gobierno nacional y la insurgencia de las Farc y el proceso que se anuncia con el ELN. 

Bajo el lema “Territorios con energía construyendo paz para la nación”, 1.500 delegados y delegadas de los más variados sectores sociales y políticos, representativos de todo el territorio nacional participaron en este espacio de debate y reflexión. Cabe anotar que a este evento le antecedieron 42 asambleas subregionales y 12 asambleas regionales que produjeron los insumos para su realización, las cuales se llevaron a efecto durante un lapso de ocho meses gracias a la convocatoria de la USO, la Universidad Nacional y el Ministerio del Trabajo. 

Si bien la agenda de discusión tuvo como asunto relevante el minero-energético, la USO propendió porque la paz fuera el tema articulador de la reflexión.

En ese sentido se hizo énfasis en la necesidad de que un ejercicio de paz como el que se encuentra en desarrollo en la actual coyuntura el país, tiene que tener como protagonista a los territorios. Para ello la reflexión se realizó en torno de tres ejes temáticos. El eje de Política Minero Energética; el eje de Desarrollo Regional y Construcción de Paz y el eje de Cultura de Paz y Pos acuerdos.

Algunas de las conclusiones de mayor calado conceptual de la II Asamblea Nacional por la Paz fueron las siguientes:

Modelo económico causante de inequidad social

El modelo de desarrollo económico impuesto en Colombia ha sido el causante de la inequidad social, especialmente en la ruralidad, siendo el principal motor del conflicto armado. Ese modelo de desarrollo se ha erigido sobre economías extractivistas y de despojo que afectan de manera estructural los ecosistemas, impactan negativamente el medio ambiente y generan procesos de exclusión, inequidad, desigualdad social y pobreza generalizada. La Constitución Política de 1991 abrió caminos para el ejercicio democrático, pero es poco conocida y aplicada por las y los colombianos en la defensa de sus derechos y del territorio, siendo esto aprovechado por empresas y grupos o actores privados que en complicidad con los distintos gobiernos imponen sus intereses sobre los territorios y las comunidades.

La clase política tradicional ha gobernado históricamente a las regiones realizando una mala gestión pública, la cual se ve reflejada en el poco desarrollo regional. Las clases políticas locales de los partidos tradicionales han impedido la apertura de espacios democráticos a otras fuerzas políticas y sociales, así como le han inculcado a los sectores más vulnerables una cultura política gamonal y clientelista.

Extractivismo generado de degradación ambiental

Las economías extractivistas a través de las empresas trasnacionales se han desarrollado en muchos casos sobre la degradación del medioambiente, la explotación irracional de los recursos, las economías del despojo, la concentración de la riqueza y las prácticas violentas (privadas, institucionales y paramilitares), en abierto desconocimiento de los procesos territoriales, las poblaciones y comunidades locales. Las comunidades salen en defensa de modelos productivos sustentables que garanticen el acceso a la propiedad de la tierra, la soberanía y seguridad alimentaria de la nación y una minería ecológica y social protegida por una política pública y una normatividad pensada desde el bienestar de las comunidades y la protección de los territorios. Las comunidades y las distintas poblaciones han desarrollado una percepción de los territorios que está más unida al interés general que al usufructo particular y degradante de las potencialidades ambientales y eco-sistémicas en modelos extractivistas que se muestran indiferentes y ajenos a las problemáticas sociales de las poblaciones y al goce efectivo de derechos que definen su nivel de vida en un proceso de dignificación creciente.

Paz equivale a un estado de buen vivir

La paz con justicia social, remite a la idea de un estado de buen vivir alcanzado luego de un largo proceso de construcción social e institucional a partir de la confluencia de acuerdos sobre agendas sociales y políticas en torno a la construcción del bienestar general de la población, la convivencia política democrática, la conservación sustentable de los recursos ambientales y en general el goce efectivo de derechos; se construye sobre la base del respeto por el derecho a la vida, la construcción colectiva, la defensa de los bienes comunes, la ampliación y profundización incluyente de la democracia y el respeto a las luchas sociales y populares. Para ello se exigen políticas públicas con enfoque de derechos, ciudadanía de alta intensidad que se concibe como titular de derechos, y gobernantes dispuestos a ser garantes de la construcción de una democracia profunda y extensa.

Convertir la Paz en factor de unidad y movilización nacional

Tras las enriquecedoras deliberaciones la II Asamblea Nacional por la Paz expidió la siguiente declaración pública:

Contagiados de un inmenso entusiasmo, 1.500 delegados y delegadas de los más variados sectores sociales y políticos, representativos de todo el territorio nacional, nos hemos reunido en Bogotá durante los días 18, 19 y 20 de noviembre en la II Asamblea Nacional por la Paz bajo el lema “Territorios con energía, construyendo paz para la nación”.

A lo largo de 9 meses compartimos esfuerzos y dificultades para hacer realidad este proceso nacional; hoy contamos con muchos sectores y organizaciones sociales dispuestos a continuar en la lucha por la paz con justicia social.

En medio de un espíritu unitario y plural, nos hemos encontrado para afirmar nuestro compromiso por la paz y la democratización de la sociedad, y acordar tareas y mecanismos para la construcción de la paz.

Colombia se ha llenado de esperanza con este proceso, que sin duda beneficiará a todo el pueblo colombiano. El proceso de La Habana entre el gobierno y las FARC cumple ya tres años y a pesar de las dificultades ha permitido importantes acuerdos. Esperamos que la etapa de exploración entre el ELN y el gobierno culmine para dar paso a la fase pública de negociación; esperamos que el gobierno vincule también al EPL a las conversaciones; la paz debe tener un carácter integral.

Un pacto de paz sin transformaciones políticas que democraticen la sociedad y sin cambios en el modelo socio-económico del país hará inviable el tránsito hacia el bienestar y la convivencia que Colombia requiere. Hay que seguir madurando las posibilidades de un proceso constituyente para los cambios que necesita Colombia. Medidas como el alza en las tarifas de energía y la anunciada reforma tributaria, lo único que harán es agravar aún más la ya menguada economía familiar.

Llamamos al gobierno a respetar el carácter bilateral de los acuerdos en la Mesa de La Habana. Medidas unilaterales como el marco para la paz, el plebiscito y otras, lo único que hacen es introducir escollos que dificultan y prolongan la negociación.

La II Asamblea llama al gobierno a respetar los acuerdos de las Mesas de diálogo con las insurgencias, a suspender las operaciones militares contra los campamentos insurgentes en tregua unilateral, a dar el paso de una tregua bilateral inmediata y emprender el desmantelamiento del paramilitarismo.

Se requiere una nueva política petrolera y minero-energética (NPPE) en un escenario de una Colombia del siglo XXI, que incluya una politica ambiental, un programa de defensa de los recursos y respectivas empresas estatales y una política sobre las regalías y la misma renta; por eso la II Asamblea por la paz acoge la propuesta de la USO de un proyecto de Ley orgánica de hidrocarburos, que además tenga en cuenta el propósito de las comunidades relacionado con la calidad de vida que estos proyectos deben garantizar en las zonas de impacto de la industria, la preservación de los ecosistemas y que los recursos sirvan para establecer las bases de la construcción de la paz en Colombia.

La Asamblea llama al gobierno a parar los planes de privatización de Isagen y Ecopetrol; parar la fragmentación de Ecopetrol, y hacer que todas las reversiones pasen a manos de la empresa, igualmente importante es parar la expedición de licencias ambientales en zonas de recursos hídricos. Llamamos a Ecopetrol a parar los despidos de trabajadores y reintegrar a quienes hasta hoy han sido despedidos.

La Asamblea orienta la creación de una MESA SOCIAL MINERO-ENERGÉTICA POR LA PAZ que desarrolle los puntos reivindicativos a conseguir de manera inmediata, pero con propuestas de cambios de legislación política minero-energética de largo plazo. Trascender de un escenario de diálogo y reflexión a un escenario de incidencia significativa en la agenda pública del sector minero energético, requiere de la articulación entre plataformas de la sociedad civil que compartan la apuesta por un sector minero energético incluyente, comprometido con el desarrollo humano integral, la equidad, la preservación socio-ambiental y la paz de Colombia.

El atentado al líder indígena Feliciano Valencia, el asesinato del líder campesino y ambientalista Daniel Abril y la aleve agresión de la fuerza pública el día de ayer contra el campesinado de Argelia Cauca, que ha dejado una persona muerta y cinco heridas, nos obliga a llamar al gobierno para la desmilitarización de las regiones y reconocer el derecho de los pobladores a decidir sobre su territorio y el desarrollo de proyectos comunitarios en el marco de la normalización en la nueva etapa una vez se firmen unos acuerdos de paz. El país está reclamando la libertad de 9.500 presos políticos. Los colombianos no pagamos impuestos para que se destinen a financiar una fuerza pública que dispare contra su propio pueblo.

La construcción de paz requiere la adopción de garantías de no repetición desde el Estado colombiano que implica el reconocimiento de la protesta social como derecho a la participación ciudadana, la identificación de las demandas que les motivan; y la habilitación de canales que den respuesta de fondo a las reclamaciones sociales y populares; el disenso y el conflicto deben dejar de ser valorados como sinónimos de guerra, y entenderse como consustanciales a los procesos democráticos y de formación de ciudadanía.

Es preciso adoptar mecanismos de control y sanción de acciones de violencia y represión de la protesta y el uso abusivo de la fuerza policial, que implica la prohibición estricta de armas de fuego en manifestaciones sociales y la garantía de justicia para las víctimas de agresiones por parte de la Fuerza Pública, lo cual incluye la investigación y juzgamiento por parte de la jurisdicción ordinaria de manera pronta, efectiva y eficaz.

Llamamos el Gobierno y al Congreso de la República a revertir la legislación que limita o criminaliza el ejercicio de la protesta, entre otras, la Ley de seguridad ciudadana.

La asamblea hace un llamado a los medios de comunicación, a los periodistas y editores a que la información y las diferencias no se tramiten con instrumentos mediáticos de violencia. Les invitamos a titular en el sentido de la paz que necesita Colombia.

La paz es un reto nacional y exige de una mayor articulación de las diversas iniciativas que vienen aportando su contingente para el propósito de la solución politica del conflicto armado, por tal motivo proponemos darle un carácter permanente a los equipos de trabajo que organizaron las Asambleas regionales preparatorias, para garantizar la realización de las conclusiones que hoy estamos acogiendo y aportar a la convocatoria para el primer trimestre de 2016 de una Cumbre de iniciativas de paz en la idea de unificar agendas y simplificar espacios para hacer más efectiva nuestra acción por la paz. El sindicalismo no puede ser indiferente frente al destino del país. Llamamos a los trabajadores y a la clase obrera en su conjunto a asumir iniciativas en favor de la paz y a una mayor unidad y coordinación con la Cumbre Agraria.

Llamamos a realizar una gran movilización nacional para defender el proceso de paz y por el cumplimiento de los acuerdos, bajo el lema: “Colombia quiere la paz, con democracia y justicia social” para el 9 de abril de 2016, que convoque a todas las expresiones organizadas o no de la sociedad comprometidas con la paz.

Salimos de esta segunda Asamblea Nacional por la Paz con el compromiso de convertirnos en activistas de 24 horas en la construcción de la paz, para que el pueblo colombiano se erija como un gran protagonista de las transformaciones democráticas para un nuevo país.

Bogotá, noviembre 20 de 2015.