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Isagén y Cafesalud, dos negocios poco claros: José Roberto Acosta

Para el experto de Justicia Tributaria, Isagén y Cafesalud “son dos negocios que el Gobierno ha justificado bajo el concepto de interés general, ha hablado de bienestar y de interés común, pero lo que ha habido detrás de estos ha sido interés particular y en beneficio de unos pocos”.

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Para el experto de Justicia Tributaria, Isagén y Cafesalud “son dos negocios que el Gobierno ha justificado bajo el concepto de interés general, ha hablado de bienestar y de interés común, pero lo que ha habido detrás de estos ha sido interés particular y en beneficio de unos pocos”.

A principio de este mes fue noticia que se detuvo la venta de la EPS Cafesalud, sin embargo, el jueves 22 un fallo de la magistrada Claudia Elizabeth Lozzi Moreno, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, suspendió “la medida cautelar en la venta de Cafesalud a Prestasalud”, lo que significa que continúa el proceso. En otro ámbito, se pudo conocer la confesión del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, de que el dinero producto de la venta de Isagén, concretada hace un año y cinco meses, sigue sin ser empleado, aunque el Gobierno argumentó su apresurada venta en la necesidad urgente de estos recursos.

El MUNDO conversó con José Roberto Acosta Ramos, vocero de la Red por la Justicia Tributaria y docente de Economía y proyectos de inversión del Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa), conocedor de ambos temas, ya que en compañía de la senadora Sofía Gaviria Correa y del senador Jorge Robledo Castillo, interpuso sendas acciones jurídicas que detuvieron la venta de Isagén por casi dos años y la venta de Cafesalud por trece días.

Isagén: recursos sin usar

La acción popular en el caso de Isagén fue hecha el año pasado con el propósito de que se revisara la adjudicación y venta a un sólo postor, de la amyoría accionaria de una de las empresas de energía más importantes del país, que al final quedó en manos de Brookfield Asset Management, una multinacional canadiense.

¿En qué consistió la demanda que usted junto a otros interesados introdujeron contra la venta de Isagén?

El propósito era echar para atrás la adjudicación por considerarse una falsa motivación por parte del Gobierno al argumentar erróneamente y sin sustento que esos dineros irían a la realización de obras de infraestructura de Cuarta Generación (4G).

Hasta la fecha, ya pasado un año y medio de la venta y no se ha visto reflejada esa promesa y ese requisito de Ley. De tal suerte que sí hay una falsa motivación y el Gobierno mintió y los recursos no han llegado según lo que este le contestó al Consejo de Estado, pues estamos frente a una burla de la Ley, una nulidad del acto administrativo que autorizó la venta de esa generadora eléctrica.

¿Qué era lo que les preocupaba del proceso de venta?

El proceso de venta quedó en manos de un sólo postor y no fue una puja, pero independientemente de eso, la preocupación siempre fue que dichos recursos no se delapidaran en gasto público, no se tergiversaran hacia otras compras y desafortunadamente la realidad nos ha dado la razón a esas preocupaciones.

Hoy en día, de los $6,45 billones que se recibieron por Isagén el Gobierno tiene $3,3 billones en una cuenta del Banco de la República rentando el 4%, por debajo de la inflación. Indicando un detrimento patrimonial para todos los colombianos. $2,5 billones están en la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el resto fue para el Fondo de Pensiones de Entidades Territoriales (Fonpet), que es un requisito de la Ley.

¿Esto en qué se traduce?

En el momento en que el Gobierno incumplió, hubo una falta de motivación en la venta de esta generadora, por tanto la legalidad del acto administrativo estaría viciada de nulidad probablemente por una falsa motivación. Y una vez ya probado al haber transcurrido un año y medio sobre lo que el Gobierno dijo y que aún no se hayan invertido los recursos, estamos frente a una ilegalidad sobre la que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el presidente de la República, Juan Manuel Santos, como directos responsables tendrán que dar respuesta.

Que los recursos estén rentando por debajo de la inflación ¿se traduce en detrimento patrimonial?

Sin duda alguna. Cuando se hizo el debate el propio Ministro de Hacienda decía que el dividendo de la empresa era inferior a un 6% y que él prometía poner a rentar ese dinero al doble de ese 6%, es decir a un 12% o hasta muchísimo más.

Es mentira, porque la plata cuando daba dividendos era un 6%, y los dividendos son una ganancia, una renta y la inflación no afecta la renta porque ahí teníamos el lote, las hidroeléctricas, y todo este tipo de activos que se van ajustando por inflación.

Ahora es una ganancia eminentemente financiera, unos intereses que dan solamente el 4% en el Banco de la República frente a una inflación que ha estado en el último año y medio por encima del promedio del 6% o 7%. Tenemos entonces un detrimento en términos reales del patrimonio público, la inflación, desde que se vendió Isagén hasta hoy, ha sido cerca del 9%.

Entonces, si los precios y la inflación han subido un 9% y eso ha rentado un 4% al año, pues en términos reales ese dinero vale menos que hace un año y medio. El ministro de Hacienda es el autor material de un detrimento del patrimonio público en términos reales, sólo por no haber cumplido la promesa de poner a rentar eso mejor.

¿Y qué ha pasado con los recursos que fueron a la FDN?

La promesa fue mandarlos al Fondo de Desarrollo para la Infraestructura (Fondes) y el Fondes la invertiría en la Financiera de Desarrollo Nacional, que es un banco para proyectos de infraestructura. Es más, de los $2,5 billones que sí llegaron a la FDN no se ha desembolsado ni la tercera parte. Incumpliéndose también la promesa que iba a ser un banco con mucho efecto sobre la infraestructura, tema que además está bloqueado por la corrupción y errores en apreciación crediticia como lo ocurrido con el Banco Agrario por el préstamo a Navelena.

¿Considera que el tiempo les ha dado la razón?

No es una consideración, es una prueba fáctica. Para la fecha de hoy tenemos que no se ha cumplido nada, la Financiera de Desarrollo Nacional no ha desembolsado y el hecho de que más de la mitad de los recursos estén parqueados ante el Banco de la República en una cuenta al 4% es absolutamente triste y evidencia de que sí teníamos la razón y que tal vez el destino de esos recursos eran apropiarlos para gastos de funcionamiento, pero al ponerlos a la mira de toda la ciudadanía sobre esa venta, les tocó ser un poco más cuidadosos y separarlos del Presupuesto General de la Nación.

¿Qué opina usted de las recientes declaraciones del Ministro de Hacienda de que el dinero de la venta sigue sin utilizarse?

Terrible, es realmente catastrófico lo que él está evidenciando, siempre se adujo una necesidad perentoria de esa venta y año y medio después de la venta que evidencia su mala gestión, llega y dice que qué pena, no era urgente.

Cafesalud: un caso sombrío

¿Por qué se instauró la acción grupal contra la venta de Cafesalud?

Primero porque con ese negocio se incurre en violación a la libre competencia ya que se estructuró de manera subjetiva y discrecional. Iban descartando proponentes para la venta quedando de manera curiosa y sospechosa un solo postor que fueron los señores de Prestasalud. Además de configurarse en un atentado contra la libre competencia y de mercado para la concurrencia de este tipo de negocios, se incurre también en conflicto de interés en diferentes frentes.

¿A qué se refiere con conflictos de interés?

Uno de los primeros conflictos de interés es que algunas personas pertenecientes a este consorcio tienen vínculos con SaludCoop, el señor Jaime Barrero fue gran socio de negocios de Carlos Palacino, el que originó toda la crisis de esa EPS y además, están otros como los señores de Mediláser, cuya exgerente hoy tiene casa por cárcel por estafar el sistema de salud del Huila. Entonces, ante el riesgo reputacional o reprochable de sus socios, el consorcio Prestasalud no es el idóneo para quedarse con un negocio multimillonario de la salud.

También está la falta de competencia de los señores de Prestasalud. Nunca acreditaron la suficiente experiencia en materia de aseguramiento, ellos sólo pueden mostrar experiencia en prestación de servicios de salud, pero no en el tema de aseguramiento, de tal suerte que allí también incurrirían en una falta de requisitos exigidos para participar en esta subasta.

Un conflicto de interés gigantesco es que los señores de Prestasalud replicarían la estructura de integración vertical que llevó al traste a SaludCoop, que fue criticado con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia prohibiendo la integración vertical, es decir que en manos de una sola empresa estuviera el tema asegurador, EPS, y el tema de prestación de servicios, IPS. Aquí Prestasalud quedaría con las dos categorías, repito en un conflicto de interés que genera una abierta violación contra la Constitución y contra sentencias de la Corte Constitucional.

¿Qué otro tipo de incongruencias ha evidenciado?

Otra de las violaciones de este proceso es que, además de ser muy escondido, los señores de Prestasalud han planteado pagar Cafesalud con compensación de deudas por cerca de $400.000 millones.

Recordemos que el negocio es de $1,4 billones, pero como Cafesalud les debe plata, ellos dicen “tú me debes y yo te debo, pues dejemos eso en cero”. Resulta que eso es violatorio del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, artículo 301, que evita usar las compensaciones de dinero para violar el orden de los acreedores en un proceso liquidatorio como este. Es decir, ellos están en la fila, pero con esa alteración se cuelan y se pasan adelante burlándose de todos los demás que están en la fila para recuperar sus $400.000 millones.  

El billón de pesos que esperan pagar y eso es lo más grave, lo piensan pedir a Findeter, que es un banco público como el Banco Agrario, como la Financiera de Desarrollo Nacional, es plata de todos los colombianos, de tal suerte que compran un negocio con plata de otros, porque ellos no tienen ni un centavo y no quieren poner ni un centavo en este negocio.

Adicionalmente, esto no es un negocio para arreglar el sistema de salud, esto es un negocio financiero y cabe recordar que el Ministerio de Salud prestó hace dos años a los señores de Cafesalud con plata del Fosyga $200.000 millones, cogió recursos de ahí y con una resolución lo deformó y permitió que con dineros de la salud se hicieran operaciones financieras de crédito altamente riesgosas, en momentos en que la EPS estaba en causal de liquidación, quebrada. Para mí el tema de la venta de Cafesalud se puede resumir en que es un carrusel financiero donde no interesa el sistema de salud, lo que importa son movimientos de crédito, de recursos con el mayor deprecio a los usuarios del sistema de salud.

¿Qué beneficios tendría para los usuarios de Cafesalud que el proceso de venta siguiese adelante?

Ninguno, ni que se frenara ni que siguiera. Es fundamental decirlo, con el freno o sin el freno de la venta, el pésimo servicio a los 5’800.000 usuarios continuará igual de pésimo, tortuoso y limitado. Eso no va a cambiar ni para bien ni para mal. Depronto para mal porque seguramente son tan hábiles que dirán que pueden empeorar el servicio por cuenta del freno de la venta.

¿Cuáles serían las soluciones para prestar un mejor servicio?

Nosotros le hemos dicho varias veces al Ministerio de Salud que no tenía por qué concentrar en Cafesalud a los clientes de SaludCoop, aquí lo que se está vendiendo no es una entidad, son un grupo de clientes que son 5,8 millones de usuarios que tienen una medida por capitación de $700.000 al año, es decir $4 billones al año, eso se podía haber regado, distribuido en las actuales EPS por alguna subasta, a prorrata o por alguna fórmula matemática de eficiencia, pero no, ellos decidieron mantener la concentración en manos de una sola entidad con el riesgo, además, de violar la libre competencia.

¿Qué otras EPS corren el mismo riesgo que Cafesalud?

Ojo con Coomeva, lo digo con nombre propio, Coomeva es una EPS que tiene hoy patrimonio negativo superior a $1 billón, es decir está en causal de disolución y de quiebra, ¿qué ha hecho la Superintendencia de Salud ante eso? Nada.

Coomeva al igual que SaludCoop tienen una cantidad de cosas, pero la EPS sigue quebrada, entonces eso es lo que se quiere replicar, enriquecerse con un flujo de caja con negocios financieros como bancos, clubs, los señores de Coomeva tienen exactamente ese mismo modus operandi. Hoy SaludCoop está en liquidación, ese proceso liquidatorio se concretó en Cafesalud, en una entidad más pequeña, se metió allí el muerto para que lo cargara Cafesalud y hoy se quiere vender solo lo pulpito, solo el negocio y los pasivos que queden en manos de los colombianos y del presupuesto general de la Nación.

¿El sistema de salud colombiano necesita ser revisado, a propósito de estos problemas con las EPS?

Totalmente. Ese sistema de aseguramiento de las EPS es un procedimiento que enriquece al sector privado que se usufructúa de la prestación del servicio. Es bicéfalo, es decir hay IPS y EPS, pero debería ser concentrado a favor de las IPS, pero aquí las del billete, las que tiene el sartén por el mango son las EPS y los grandes damnificados, los grandes sacrificados son las IPS.

Esto tiene que voltearse de cabeza, sacar a las EPS del protagonismo y dárselo a las IPS que son las clínicas y hospitales. Entonces aquí tenemos un sistema asegurador, EPS, que se queda con la plata, que no presta el servicio, que no le importa el paciente, que no le pone la cara al paciente, que le vacila la entrega de recursos a los hospitales, mientras que a los hospitales y clínicas les toca por urgencias atender así sea con tutelas al enfermo que les llegue pero sin plata.

¿Qué perspectivas tienen con la acción popular interpuesta?

Lo que se espera es que el Ministerio de Salud replantee su posición, que sea auto-crítico, que en esta materia se recapitule el tema de la estructura del sistema de salud.

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