Justicia

Por Ramiro Bejarano Guzmán  

La descomposición de la justicia no se reduce a las indelicadezas del magistrado Henry Villarraga, quien haría bien en quedarse callado, en vez de seguir ofreciendo explicaciones torpes de su conducta delictuosa e indigna.

Que los uribistas no se hagan los bobos, empezando por el senador Juan Carlos Vélez, quien con cinismo promueve una constituyente que reforme la justicia, pero para que de paso derogue la prohibición de reelegir al mesías. No todos hemos olvidado que por cuenta de la fraudulenta reelección de Uribe, su gobierno desechó la idea inicial de suprimir el Consejo de la Judicatura, y luego lo prostituyó llenándolo de oscuras figuras que lo convirtieron en un “feudo podrido”. Los ministros del Interior, Carlos Holguín y Fabio Valencia, hicieron de la judicatura una cloaca. A Villarraga lo postuló Uribe, y lo hizo magistrado el Congreso de la seguridad democrática, que también tiene una imborrable deuda con la sociedad.

Eso es apenas la muestra de un cáncer que hizo metástasis en la justicia. Por eso sorprende que los comunicados de las altas cortes emitidos por estos días hayan coincidido en pedir el peso de la ley para Villarraga, pero a ninguno se le ocurrió convocar a los magistrados a un autoexamen profundo de lo que está pasando en cada corporación, donde todo el mundo sabe que hay unos avivatos disponiendo a su antojo de la Rama Judicial. Siento pena por el millar de magistrados, jueces y funcionarios honestos y abnegados que por temor o conveniencia lamentablemente guardan silencio o permanecen indiferentes ante esa tragedia que los envuelve injustamente. Por fortuna la presidenta del Colegio de Jueces, María del Pilar Arango, con coraje que indica que no todo está perdido, hizo valer la dignidad de los hombres y mujeres de la justicia, reclamando la inmediata renuncia de Villarraga. A propósito, ¿dónde están las facultades de derecho, los estudiantes, los colegios de abogados, los institutos o agremiaciones académicas? ¿Por qué nadie protesta?

El presidente revivió su fracasada reforma a la justicia, pero arrancó mal, porque la concertará con las altas cortes. Los dueños del poder judicial (el siniestro procurador Ordóñez, la disparatada contratadora Morelli, y los magistrados Francisco Ricaurte, Pedro Munar, Ruth Marina Díaz y Jorge Pretelt) estarán al acecho para impedir que se respire aire fresco en el Palacio de Justicia. La camarilla estará con las fauces abiertas esperando que ratifiquen las prerrogativas de incrementar sus períodos y la edad de retiro forzoso y las facultades electorales, mientras el ciudadano del común sigue sin justicia. La transformación judicial tiene que hacerse no de la mano de las altas cortes, sino en su contra, si fuere necesario.

Que no se le ocurra a Santos la fórmula que adoptó Uribe de llamar como consejeros a la misma plantilla de vetustos abogados supuestamente ilustres premiados con canonjías estatales, para que proyecten de nuevo una reforma que deje todo igual para que nada cambie y nadie se moleste. Lo que se viene para la justicia no puede ser una constituyente, pero tampoco los conciliábulos de juristas arrodillados al régimen de turno. Haría bien Santos en oír la voz experimentada de su ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, quien como doliente de la justicia conoce de sus bajezas, pero también de lo que hay que enmendar con urgencia.

Pero que no se crea que lo de Villarraga fue solamente un accidente pasajero de la Rama Judicial, porque el bochornoso episodio que los involucra a él y a su hijo con un coronel del Ejército y un general retirado ha dejado al descubierto la podredumbre de la justicia penal militar. Allí también hay que buscar responsables de la corrupción y aplicar correctivos severos, porque si algo dejó claro la conversación del magistrado con su insólita clientela, es que tenían la certeza de que el encarcelado sería absuelto por los suyos, cualquiera fuese su falta. Y eso que se cayó el fuero militar.

Adenda. Las instalaciones de la Universidad Nacional se están deteriorando y el Gobierno no se da por aludido.

El Espectador, Bogotá, 4 de noviembre de 2013.