Nacionales
La de licores es una ley impulsada con una detestable puerta giratoria
La ley beneficia a las trasnacionales; aumentará el contrabando y no es cierto que los ingresos de los departamentos vayan a crecer; los congresistas y gobernadores que avalan la ley están actuando en contra de los intereses de sus electores
La ley beneficia a las trasnacionales; aumentará el contrabando y no es cierto que los ingresos de los departamentos vayan a crecer; los congresistas y gobernadores que avalan la ley están actuando en contra de los intereses de sus electores
Como un mamonazo contra la producción y el trabajo nacionales, calificó el senador Jorge Enrique Robledo la ley que acaba el monopolio constitucional de licores. La ley de autoría del ministro Mauricio Cárdenas, le dará a las trasnacionales de este negocio, como lo señala un estudio financiado por ellas, “mayor acceso a todo el mercado nacional” y aumentará sus ganancias. Por efecto de esta ley, las seis licoreras colombianas o se arruinarán o se las empujará a la privatización.
Pernod Ricard y Diageo, las beneficiarias de esta ley, en un tribunal de Nueva York fueron demandadas por los departamentos colombianos de ser grandes contrabandistas y de lavado de activos (http://bit.ly/1gz3b6A y http://bit.ly/1UxFvDP). Y ante el grave flagelo del contrabando, la ley del ministro Cárdenas no incluye una sola disposición que obligue a estas compañías a abandonar o a asumir responsabilidades por tan lesiva práctica contra la economía nacional.
Esta ley se tramita en medio de una horrible puerta giratoria entre el gobierno y cargos al servicio de los intereses de las trasnacionales. El estudio de Acodil fue realizado por la firma Econcept, propiedad del exministro Juan Carlos Echeverry. El autor es el también ex ministro del gobierno Santos, Mauricio Santamaría. Y en la Secretaría General de la Presidencia fue nombrado Luis Guillermo Vélez, quien hasta antes de ocupar ese cargo era representante legal de Acodil, la organización de Pernod Ricard y Diageo.
La ley no se tramita para aumentar los ingresos de los departamentos, falsedad que se usa para que los gobernadores y congresistas voceros de regiones donde existen licoreras den argumentos para justificar su injustificable respaldo a una ley que se da por imposición de la OCDE, entidad vocera de los intereses de las potencias mundiales. Los funcionarios del gobierno nacional están actuando como correveidiles de intereses extranjeros.