La economía colombiana en 2015 y la construcción de la paz

Por Jorge Iván González / Razón Pública  

2015 arranca con el peso en caída y las exportaciones por el piso. La minería sigue siendo de enclave. Y el gobierno habla de mejorar la equidad y la educación para alcanzar la paz. ¿Será posible?

Los tres retos

La economía colombiana enfrenta tres retos fundamentales en este momento:

La solución al desequilibrio en la cuenta corriente de la balanza de pagos.

La incorporación de la minería a la generación de valor agregado.

Mejorar la cobertura y calidad de la educación y alcanzar una distribución más igualitaria de la riqueza para lograr una paz duradera, tal como propone el Plan de Desarrollo 2014-2018 (Todos por un Nuevo País. Paz, Equidad, Educación).

Desequilibrio en la balanza de pagos

Entre 2001 y 2014 el déficit en la cuenta corriente pasó de 1,3 a 4,1 por ciento del PIB. Esta agudización del desequilibrio externo es el reflejo de una falla estructural, y significa que Colombia importa más de lo que exporta.

Este es un problema grave por dos razones. Primero, porque es el reflejo de una pérdida progresiva de competitividad. Y, segundo, porque los productos exportados (especialmente, minería y petróleo) son muy volátiles.

Colombia está perdiendo competitividad. La industria continúa rezagada y las importaciones le han dado un duro golpe a la producción nacional. Los sectores que más han crecido son la construcción, especialmente obras civiles, comercio y servicios (no financieros y financieros). Los avances en construcción provienen de la inversión pública, así que el Estado ha jugado un papel muy importante en este campo. El auge del comercio y los servicios es consistente con el desequilibrio de la cuenta corriente de la balanza de pagos, pues para los comerciantes puede ser mejor negocio vender bienes importados que productos nacionales.

Al sector financiero le ha ido bien porque la tasa de interés en Colombia sigue siendo relativamente alta y, además porque los intermediarios financieros son importantes tenedores de los bonos de gobierno (TES). Dicho de otra manera, los bancos hacen un excelente negocio al prestarle al gobierno, ya que la tasa de interés es alta y el riesgo es mínimo.

Mientras que la tasa de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos es menos de 1 por ciento anual, la de los TES colombianos es de 7 por ciento. Pero la atracción por los TES acentúa la inestabilidad cambiaria y crea condiciones propicias para la especulación financiera.

En el comportamiento futuro de la balanza de pagos va a incidir la devaluación del peso, que se inició hace cinco meses cuando Estados Unidos comenzó a reducir el programa de flexibilización monetaria, y a reducir drásticamente la emisión de dólares.

Durante el tercer trimestre del 2104 la economía norteamericana tuvo un crecimiento relativamente alto: 5 por ciento. Frente a este resultado tan positivo, el Comité de Política Monetaria del Banco de la Reserva Federal consideró que la economía ya había entrado en una senda de crecimiento sostenible y que, por tanto, dejaban de ser necesarios los estímulos monetarios.

Esta decisión de Estados Unidos tiene dos implicaciones. La primera es el encarecimiento del dólar, y la segunda, un aumento de las tasa de interés de los bonos del Tesoro de ese país. En estas condiciones, para los especuladores internacionales deja de ser buen negocio traer dólares a Colombia, porque prefieren invertir en el mercado de capitales norteamericano.

La combinación de estos dos efectos ya se está reflejando en una devaluación del peso. En estos momentos a Colombia le conviene que el dólar suba de precio porque ello reduce las importaciones, estimula las exportaciones y contribuye a reducir el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos.

Sin embargo, el efecto favorable de la devaluación del peso sobre la cuenta corriente está siendo contrarrestado por la caída de los precios del petróleo, lo que se traduce en la reducción de las exportaciones.

El resultado final de la balanza de pagos depende de la forma como se compensen estas dos tendencias, y se debe tener en cuenta que ambos factores son de origen externo, y no los puede controlar el gobierno. No es conveniente que el balance final de la cuenta corriente dependa de factores externos.  Por eso, durante 2015 la política económica tiene que crear mecanismos que permitan mejorar la competitividad y consolidar el mercado interno.

En este contexto, se hace más necesaria que nunca la búsqueda de alternativas que estimulen la industria y la agricultura. Este objetivo implica cambios importantes, empezando por la consolidación de la inversión pública como motor del crecimiento.

El estímulo a la pequeña y a la mediana empresa (crédito, infraestructura, comunicaciones, tecnología, etc.) debería ser una pieza central de la estrategia. La modernización del campo se puede lograr si el gobierno acepta las recomendaciones de la Misión Rural y del Informe de Desarrollo Humano, Colombia Rural, Razones para la Esperanza.

Una minería de enclave

La locomotora de la minería y de los hidrocarburos no va bien y en el Plan de Desarrollo de Santos II (Todos por un Nuevo País) se presenta un juicio demasiado optimista al respecto. El gobierno supone que la locomotora minera ha sido exitosa, y este error de diagnóstico no le permite entender los retos de Colombia en este frente. Los retos son fundamentalmente dos: sostenibilidad y ordenamiento territorial.

La explotación de la minería y de los hidrocarburos, tal y como se está llevando a cabo, no es sostenible ambiental ni económicamente. El propio gobierno reconoce que es necesario fortalecer la equidad intergeneracional, y aceptó que los pasivos ambientales no se han cerrado. Y desde el punto de vista económico no hay sostenibilidad por dos razones:

Porque las economías de enclave se mantienen, las regiones productoras avanzan muy lentamente en los indicadores sociales y de calidad de vida, y la distribución de las regalías no se realiza de tal forma que se creen procesos de desarrollo endógenos.

Porque la explotación minero-energética genera muy poco valor agregado y no consolida encadenamientos productivos hacia adelante.

Por otro parte, la explotación minero-energética no es compatible con el ordenamiento territorial. Entre las administraciones municipales y el gobierno central se siguen presentando conflictos en la determinación de las áreas de exploración y explotación. Además, hay tensiones entre las empresas, los municipios y el gobierno central, con sus diferentes autoridades ambientales.

El primer paso sería reconocer que existen problemas estructurales que no se han resuelto. Por ejemplo, en la discusión del Plan de Desarrollo el Congreso debería obligar al gobierno a cambiar el diagnóstico sobre el sector minero-energético.

Educación y equidad

El tercer reto ha sido propuesto por el gobierno en su Plan de Desarrollo, donde con razón se asocia la paz con la equidad y con la educación. Sin embargo a juzgar por las decisiones de Santos II, podría decirse que no hay ningún indicio de que la educación y la equidad se vayan a tomar en serio.

En el campo educativo se han dado pasos tímidos en la dirección adecuada (la jornada única es uno de los más importantes), pero en otras áreas, como ciencia y tecnología, no se han tomado decisiones importantes.

En la educación básica se deberían distribuir los recursos de acuerdo con una capitación basada en el costo que efectivamente tendría un alumno que se forme con calidad. Para que el compromiso con la educación sea efectivo, el costo debería pasar de $ 1.500.000 año niño a, por lo menos, $ 3.000.000 (como en Chile).

Es correcto que se trate de meter en cintura a negocios privados como la Universidad San Martin, pero también es urgente hacer un pacto serio con las universidades públicas, que son muy mediocres. El gobierno debería llegar a ciertos acuerdos básicos, como aumentar las transferencias a la universidad pública a cambio de mejorar la calidad, expresada en indicadores sencillos como la relación administrativo/docente.

Es inaceptable, por ejemplo, que en la Universidad Nacional esta relación sea de 1, es decir, un administrativo por un docente, mientras que en las instituciones de calidad en el mundo el indicador sea 0,25 (un administrativo por cuatro docentes). En otras universidades públicas la situación es peor que en la Nacional, ya que tienen más administrativos que docentes. Y no se entiende tampoco por qué las universidades públicas colombianas son incapaces de echar a los docentes malos. En otras palabras, la llamada autonomía universitaria no se ha expresado en avances notables en la calidad.

La administración Santos II tampoco ha sido seria, ni lo será, en el tema de la equidad, y ya lo demostró con la última reforma tributaria, con la que pretende conseguir una paz que no moleste a ninguno de los ricos.

Como en la reciente reforma tributaria no se hizo el cambio, todavía queda la posibilidad de intervenir sobre los prediales. Es urgente que se le den recursos al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para que, por lo menos, se actualicen todos los avalúos catastrales, que en algunos municipios tienen un atraso de más de 20 años. Porque en semejantes condiciones de inequidad no es posible que la paz sea duradera.

Razón Pública.