La gavilla judicial va ganando la partida

Por Cecilia Orozco Tascón  

La desfachatez con que actúa la señora Ruth Marina Díaz, investida en esta hora nefasta de la justicia como presidenta de la Corte Suprema, es sólo una pequeña muestra del comportamiento antisocial de la mayoría de los actuales magistrados, personajes que pisotean la tradición jurídica del país y del propio palacio en que laboran, en donde antes se conocían exclusivamente la academia y el honor.

Esa parodia de serenata con que una ONG le dio la “bienida” a Díaz en el aeropuerto Eldorado cuando ella, desafiando la indignación ciudadana, viajó de nuevo al exterior en medio de las protestas por el crucero con que debimos compensarle su presunto estrés, sería una chanza si no fuera porque trivializa la crisis más grave que haya tenido la rama.

No hay duda de que el germen del mal que puso a las cortes al nivel de lo peor del Congreso es el clientelismo institucionalizado en la Constitución del 91, cuando se les asignó la función de elegir a sus reemplazos y a otros representantes del Estado. Pero esta es apenas una arista del problema. Otra tiene que ver con la calidad, cada vez más baja, de quienes han obtenido una silla en los tribunales. Ellos son los que dominan los estrados de la cúpula. Allí están, en la Suprema, las ruthmarinas y las cabellosblancos que las secundan; los bustos, los mirandas, los malos, los castros de la misma corte, que quieren acaparar los puestos que también intentan copar las primeras (a esto se debe el pleito a gritos, y casi a puños, entre José Luis Barceló y Leonidas Bustos, de la Penal, por el manejo que este último les estaría dando a las elecciones pendientes); los ricaurtes y los munares, hoy en la Judicatura, campeones de la moñona que logran hacerse elegir, elegir al que les provoque y brincar a otro tribunal para continuar eligiendo; ahí también, los sanabrias, los villarragas, lizcanos, claros, garzones y otros que están listos a negociar hasta la camisa. Y los pretelts y rojasríos, la tapa de la olla, en la Constitucional. ¡Así vamos, con la ética pública destrozada entre los escombros de una supuesta legalidad!

La gavilla les está ganando la partida a los togados decentes, arrinconados porque se saben minoría. Y porque no hay nadie dispuesto a jugársela por ellos: no existe Ejecutivo que lidere una reforma judicial justa, valga la aparente redundancia. Hay que valorar la renuncia de Arturo Solarte de la Suprema. Su frase “no deseo ser un obstáculo para el rumbo que mayoritariamente se le quiere dar a la corporación en variados aspectos tales como… el ejercicio de sus competencias electorales…” es una constancia histórica. Restan unos heroicos miembros de las cortes. No los mencionaré para no hacerles daño, porque los depredadores les harán la vida imposible hasta sacarlos. Pero acá, en el asfalto, los identificamos, sabemos quiénes son. Algún día habrá recompensa democrática para ellos.

Entre paréntesis. Y a propósito del estiércol que inunda a los tribunales, sólo nos faltaba la corrupción en los fallos. La denuncia que reveló Noticias Uno el domingo pasado, y que llegó al despacho del fiscal general a instancias de la magistrada de la Sala Penal María del Rosario González, con la firma de ella y de sus colegas Bustos y Zapata, para que se investigue la afirmación de un hermano del convicto exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo, en el sentido de que este les habría pagado a ellos tres $800 millones para que la sentencia definitiva sobre la condena del político saliera a su favor, debe ser resuelta sin dilación. González, de probada rectitud, tiene derecho a que se averigüe quién la quiere enlodar. En río revuelto, ganancia de bandidos. No nos dejemos confundir.

El Espectador, Bogotá.