La pelea por el agua en el Valle del Cauca

Por Fernando Estrada / Razón Pública  

Ya se hacen evidentes en Colombia las protestas por la distribución de los recursos como el agua. El problema no es solo que el líquido escasee, sino que su distribución esté amarrada a intereses políticos y a grupos de presión muy poderosos.

Escenario local de un problema global

Las protestas por el agua realizadas por habitantes de Florida y Villagorgona, en el Valle del Cauca, son apenas un síntoma de un problema que también podemos encontrar entre pueblos de África,

Oriente Medio y Asia.

En la actualidad, las tradicionales guerras civiles han dado paso a conflictos por los recursos naturales entre los pobladores y quienes ejercen el poder mediante la depredación de los ecosistemas. Y quienes van ganando estas guerras permanecen detrás de los escenarios.

Tenencia de la tierra: el caso de Palmira

El exalcalde de Palmira, Carlos Alberto Franco, ha ayudado a analizar  estos problemas.  Afirma Franco que al caracterizar los factores productivos como fertilidad de la tierra, titulaciones de propiedad y usos del suelo pueden observarse mejor las condiciones de competitividad de las regiones y los municipios.

En el caso de Palmira la distribución de predios y propietarios nos revela en manos de quiénes ha estado el manejo de los recursos naturales y el medio ambiente:

Microfundio: entre 1 y 3 hectáreas; 10.282 propietarios poseen 7.672 predios con una superficie de 3.048 hectáreas.

Minifundio: entre 3 y 10 hectáreas; 1.012 propietarios poseen 736 predios con área de 4.127 hectáreas.

Pequeña propiedad: entre 10 y 20 hectáreas; 428 propietarios poseen 291 predios con área de 2.167 hectáreas.

Mediana propiedad: entre 20 a 200 hectáreas; 928 propietarios poseen 686 predios con un área de 44.437 hectáreas.

Gran propiedad: más de 200 hectáreas; 161 propietarios poseen 88 predios con una área de 34.461 hectáreas.

Como puede observarse en el balance, 161 agricultores/ganaderos, es decir, el 1,2 por ciento de la población, posee el 38,2 por ciento de la propiedad, mientras el 70 por ciento de microfundistas (con menos de 3 hectáreas) únicamente posee el 3,4 por ciento.

Si comparamos la mediana y gran propiedad con el microfundio y minifundio, constatamos una brecha muy amplia: el 7,8 por ciento de los dueños posee el 87,4 por ciento de la tierra, mientras los micro y minifundistas, que son el 76,9 por ciento, solo poseen el 7,9 por ciento de la superficie.

Agua mal repartida

Una muestra reducida como esta nos enseña que los problemas derivados del medio ambiente y los recursos naturales son algo más que reclamos de pobladores amargados por la falta de agua potable.

Aquí la concentración de la tierra tiene efectos perversos sobre la totalidad del medio ambiente, porque quienes poseen las mejores tierras deciden el uso de los recursos naturales.

Palmira cuenta con 90.360 hectáreas de tierras fértiles en su territorio, de las cuales 39.306 son planas (43,5 por ciento), 15.633 son pie de monte (17,3 por ciento) y 35.421 son hectáreas con alta montaña (39,2 por ciento).

La zona plana tiene sembrados de caña de azúcar en un 90 por ciento, de modo que  los ingenios azucareros, grandes hacendados y ganaderos poseen 35.375 hectáreas de la superficie agrícola y de suelos óptimos por sus rendimientos. Un hecho escandaloso, pero cierto.

¿Cómo es posible que el 7,8 por ciento de propietarios medianos y grandes (1.150), tengan 78.898 hectáreas sobre un total de 90.271 hectáreas? Los dos grandes grupos empresariales del país pagan impuestos sobre avalúos catastrales que suman $ 593.384 millones, sobre un total anual que durante el año 2008, facturó por $ 1 billón 404 mil millones de pesos.

En el caso del Valle, el agua ha sido negocio para los ingenios azucareros. Considérese que para producir un kilo de caña se necesitan 1,5 metros cúbicos de agua, más 10 megajulios de energía, y los datos indican que la conversión de la agricultura tropical al monocultivo de caña de azúcar tiende a aumentar la cantidad de agua requerida.

Esto quiere decir que, sumada la producción de caña durante la existencia de los ingenios azucareros, sus consumos de agua podrían abastecer a las generaciones que sobrevivan hasta el año 3020. Y otro tanto podría decir de la ganadería.

Además de la caña, los ingenios y las familias de sus trabajadores demandan un suministro importante de energía. En algunos países desarrollados, el agua necesaria para producir energía suma un 40 por ciento del  total extraído.

En el año 2010, las extracciones del agua con destino a la producción de energía fueron de 583 millones de metros cúbicos. Si, como sabemos, el agua usada no regresa a su fuente original, tenemos un panorama muy desalentador. Entre el consumo de energía y la comercialización del agua estamos destruyendo las condiciones de vida para las especies biológicas y las generaciones que vienen.

Estudios del Banco Mundial han mostrado, por ejemplo, que el consumo de energía en la actualidad es seis veces superior al registrado en 1950 y se prevé, según cálculos de Naciones Unidas, que aumentará un 55 por ciento en 2030, debido al crecimiento de la población y las mejoras en calidad de vida de la gente.

Y mientras tanto una mayoría de habitantes de Palmira, Florida, Pradera o Candelaria viven en pobreza extrema. Sin empleo ni ingresos, los pobladores pelean diariamente por los mínimos derechos. Y el agua es un bien público venido a menos en estos municipios y corregimientos del centro del Valle.

Una solución global

La pelea por el agua se ha convertido en una lucha por la sobrevivencia. ¿Qué hacer ante la demanda del recurso cuando la oferta está siendo cooptada por los intereses privados? ¿Cuál política se ha aplicado para distribuir el agua entre lugares asediados por el conflicto armado? ¿Cómo detener la rabia de las poblaciones afectadas por la escasez de agua potable?

La respuesta ha sido reiterada dentro de un proyecto del Banco Mundial orientado a erradicar la pobreza extrema. Este Banco propone regionalizar la política que regula el uso del agua y la energía para lograr mayor eficiencia y, por lo tanto, un menor consumo en las zonas donde hay escasez de recursos  hídricos.

En el caso del Valle del Cauca esta propuesta implicaría cambios en la mentalidad de los gobiernos locales: descentralizar la política de regulación exige limitar los intereses privados, especialmente las ventajas y el manejo de canales de riego que tienen en el Valle los grandes ingenios azucareros.

Este panorama muestra que en Colombia existen notables incoherencias entre las políticas sectoriales y las demandas de proteger el patrimonio natural de la Nación. Los departamentos y municipios quedan aislados de políticas directas para corregir tales incongruencias.

En el caso del Valle del Cauca, la siembra y la quema de la caña determinaron la muerte de especies anfibias, fauna y flora tropical, sin que alcaldes o concejales hayan detenido estos fenómenos.

Con Franco nos preguntamos si desde el Valle del Cauca no sería posible una ampliación de la frontera agrícola hacia la Orinoquia y los Llanos Orientales, hasta liberar el 15 por ciento de los territorios sembrados de caña de azúcar (30.000 hectáreas) con destino a granos, frutas y hortalizas, garantizando de este modo la seguridad alimentaria para Colombia, con excedentes de exportación.

¿O seguiremos sembrando caña para producir más de un millón de litros diarios de alcohol carburante o etanol en tierras nuestras, donde su valor comercial oscila entre  60 y 80 millones de pesos hectáreas–caña? ¿Cuándo será que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el Municipio destinen siquiera al 70 por ciento del valor fiscal tasado a las tierras cañeras (18 millones de pesos/hectárea: base para cobro de impuesto predial), cuando sabemos que una hectárea de caña comercialmente vale hasta  50 millones?

Los municipios debes ajustar su catastro: si el impuesto predial actualmente –en el caso de Palmira- aporta casi 40 mil millones de pesos anuales, debería duplicarse. Quién más riqueza posee debería pagar más impuestos sobre la tierra, tanto a la Nación (renta)  como al municiio, por efectos del predial e industria y comercio.

La regla fiscal que tiene que operar en estos casos, debe imponer restricciones al monopolio terrateniente mediante reglas tributarias progresivas. De nuevo los municipios tienen la responsabilidad de ampliar deliberaciones públicas sobre estos temas fundamentales.

Pero mientras se mantenga la política pública en manos de gobiernos subordinados, los recursos naturales seguirán haciendo parte de activos electorales. El monopolio del agua en el Valle del Cauca tiene nombres propios. Los ingenios pagan una tributación de limosneros mientras fomentan el saqueo del agua en las cuencas hidrográficas.

Ciudades como Palmira, Florida, Candelaria y Pradera han heredado daños ambientales y pagan costos perversos por enfermedades respiratorias. Mientras los alcaldes cierran los hospitales, las poblaciones se preparan para luchar por el agua residual de los canales de riego de los grandes ingenios.

La guerra por el agua no es una guerra de pobres contra pobres, sino la guerra de empresas con capitales contra la misma naturaleza.

Razón Pública.