La venta de ISAGEN: crisis climática, energética y recrudecimiento de la irracionalidad gubernamental

Por Camila Andrea Galindo y John Freddy Gómez / CADTM  

El pasado miércoles 13 de enero se llevó a cabo la subasta –privatización- del 57,6% de las acciones de la empresa ISAGEN que pertenecían al gobierno colombiano, quien argumenta que esta venta es necesaria para aumentar la competitividad del país e incrementar la productividad por medio de la construcción de las vías de cuarta generación -4G-, las cuales a su vez traerá grandes beneficios para el conjunto de la sociedad, según los argumentos gubernamentales.

Estos argumentos son duramente cuestionados por parte de varios sectores políticos, movimientos sociales y académicos, quienes evidencian que la construcción de las vías 4G no incidirá de manera fructífera para la sociedad, sino que traerán mayores beneficios a los sectores privados en el país, (además de que la rentabilidad anual de la empresa ISAGEN acarreará un mayor hueco fiscal del ya existente, debido a que ya no se percibirá la renta anual de la empresa en mención.)

La venta de ISAGEN detonó una gran indignación en el pueblo colombiano debido a la negativa del gobierno de aplazar la subasta, esto anudado al débil aumento del salario mínimo en el país, la gran crisis climática por la que la mayor parte del territorio colombiano afronta, los ya frecuentes recortes de la prestación de los servicios de agua y energía, la paupérrima administración y servicio de los derechos sociales como salud, educación y protección social, entre otros, la devaluación del peso con respecto al dólar y la criminalización latente de la movilización e indignación social.

La enajenación de ISAGEN: nueva ola de privatizaciones y crisis climática

Nos encontramos ante una crisis económica internacional por la cual pasa gran parte del mundo, y en especial los países con mayor necesidad de flujos internacionales de inversión y aquellos que transformaron su sistema productivo debido a las ventajas comparativas del mercado internacional, es decir, la división internacional del trabajo en su etapa neoliberal.

Esto ha postrado a los países periféricos a la exportación de materias primas, y en especial en el sector minero-energético, generando una desindustrialización y una increíble asimetría en la balanza de pagos, ocasionando una dependencia de los precios altos de productos como el petróleo, los cuales al caer sus precios debido a la baja demanda y la alta producción acarrearan mayores déficits fiscales para países como Colombia, recreando y profundizando, con complicidad de los gobiernos, la fase neoliberal.

Ante esta situación, el gobierno colombiano parte de la profundización del sistema antes de la reevaluación del mismo, lo cual conlleva a que se generen entre otras causas los recortes en inversión social, la intensificación de la producción -como respuesta a los bajos precios del petróleo-, la inserción de nuevas formas de explotación de hidrocarburos como el fracking, el aumento de la tasa de interés como reflejo a la subida de la misma por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, la cada vez más alta inflación en el país, la devaluación del peso con respecto al dólar, la reducción del salario real de los trabajadores con el fin de atraer mayor inversión extranjera y, como último eslabón, la privatización de los entes públicos vistos como “sectores económicos estratégicos”. Esta dinámica se observa debido a los intereses de clase del gobierno colombiano, que perpetua los intereses privados a costa del sufrimiento de la sociedad colombiana y los grandes costos ambientales.

ISAGEN -empresa productora de energía que consta de 6 hidroeléctricas y 1 termoeléctrica- aporta aproximadamente el 20% de la energía eléctrica para el país, fue privatizada el pasado miércoles 13 de enero por medio de la venta del 57,6% de las acciones que se encontraban en manos del Estado por 6,48 billones de pesos Colombianos, lesionando profundamente la soberanía energética en el país y la estabilidad de los precios del servicio energético debido a la baja regulación Estatal.

La empresa fue vendida a la controvertida empresa Broockfield, empresa que tiene una investigación abierta en Brasil como se afirma en el siguiente extracto: “Según recuerda en un reporte el diario estadounidense, The Wall Street Journal, el fondo de inversión canadiense Brookfield Asset Management, la única empresa en la puja por Isagen, fue investigada en Brasil por pago de sobornos” (RCN Radio con EFE, 2016), la empresa canadiense está siendo investigada por sobornos a favor de concesiones y permisos de construcción en el año 2013 en Brasil.

Broockfield también es conocida por su constante incumplimiento a las leyes con prácticas corruptas y un alto pasado especulativo. Es increíble como una empresa con tal historial tenga tantas facilidades para la compra de ISAGEN y que el gobierno colombiano pase por encima de la sociedad, y de gran parte del Senado, al ofertar en la subasta la empresa con un único oferente a sabiendas de que dicho mecanismo como mínimo debe tener dos pujantes o partir del no conocimiento del valor de la empresa lo cual fue totalmente vulnerado en la adquisición de la empresa ISAGEN, como lo afirma Mauricio Fajardo, exmagistrado del Consejo de Estado: «en las licitaciones públicas si se admiten la adjudicación cuando hay un único oferente pero en el caso de la subasta no es aplicable» (Caracol Radio, 2016). Este caso tiene un antecedente en el país y fue la subasta del tercer canal por parte del Estado, la cual fue suspendida por la transgresión a la normatividad que regula la subasta.

Con la adquisición de ISAGEN, la multinacional Broockfield se hace a un invaluable patrimonio ambiental como lo son los múltiples espejos de agua naturales, 24.000 hectáreas de bosques aproximadamente, y una innumerable fauna y flora la cual pasa a manos de dicha multinacional y a su completa racionalidad mercantil.

Esto es un despojo directo a la sociedad colombiana, y la perpetuación de los intereses de clase en el país y en el conjunto de la sociedad. El país pasa por la crisis climática más fuerte en los últimos 50 años, altas temperaturas y muy bajas precipitaciones que han ocasionado la fuerte reducción de los causes de los ríos, propiciando racionamientos del líquido vital y el aumento de las tarifas energéticas y los recortes cada vez más continuos. Lo anterior nos vislumbra que mientras el país sufre a causa del cambio climático ocasionado por la irracionalidad del capitalismo, y en particular la etapa neoliberal, el gobierno propende por la radicalización del mismo a expensas del sufrimiento de millones de personas.

Tras la movilización e indignación por la puesta en marcha de la privatización de ISAGEN, el gobierno a cargo de Juan Manuel Santos y el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, aceleró la enajenación y el pasado 13 de enero entregó parte de la soberanía energética del país a la multinacional canadiense, la empresa Broockfield. A las 8:30 a.m. con conocimiento del capital mínimo aceptado por el gobierno y como único pujante introduce el único sobre, que a las 9:15 a.m. será revisado por las autoridades y avalado. Es la entrega cínica de un gobierno lacayo en una situación burlesca debido a una subasta sin pujantes y un gobierno sin dignidad.

Irracionalidad gubernamental

El Ministro de Hacienda afirma que la venta de ISAGEN es beneficiosa ya que el capital que se percibe será invertido en la construcción de las vías de cuarta generación. Esta afirmación en sí contiene una mentira y una tergiversación para con los colombianos. Primero el dinero entrará a un fondo llamado FONDES -Fondo Nacional Para el Desarrollo de la Infraestructura-, fondo que está co-administrado por el Banco Mundial, el cual impondrá -como lo ha hecho hasta el momento- la percepción particular del desarrollo que tanto daño le ha hecho a los países intervenidos.

Estos dineros entrarán a financiar las llamadas APP -Alianzas Publico Privadas- generando un soporte estatal para las empresas privadas en la construcción de las vías de cuarta generación, que además conllevaran a que la rentabilidad por medio de la imposición de peajes sea totalmente absorbida por dichas empresas; es decir, que la rentabilidad de la construcción de las 4G no entrará a las arcas estatales sino a las arcas privadas como la del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien se ha manifestado por medio del Presidente del Grupo Aval quien “anunció durante el evento “Colombia inside-out” de la Bolsa de Valores de Colombia en el Palace Hotel en Nueva York, que el grupo bajo su administración está completamente comprometido con el programa de infraestructura de cuarta generación. Específicamente, Grupo Aval participará como financiador, concesionario e inversionista” (Revista Dinero, 2015), es decir que la venta de la soberanía energética entrará a financiar las mayores chequeras del país. Son los mismos con las mismas.

Esto generará que el hueco fiscal que ronda los 40 billones de pesos en el momento, debido a la baja de los precios del petróleo y la baja inversión extranjera directa más la desindustrialización del país, conlleve a una mayor tasa de endeudamiento, recrudecida por 500 mil millones de pesos anuales aproximadamente que se dejaran de percibir por la venta de ISAGEN.

El ciclo infernal de la deuda también está impreso en la venta de ISAGEN debido a que el dinero por la venta de la misma entra al FONDES, este dinero entrará como TES del gobierno, lo cual radicalizará el endeudamiento en momentos donde la deuda es un polvorín debido a los constantes aumentos de las tasas de interés como reflejo del aumento de estas, en los Estados Unidos, la inflación que sufre el país y la constante devaluación del peso colombiano.

Como si esto no fuera poco, la empresa Broockfield puede cambiar la nacionalidad de la empresa hasta en los próximos 7 años, es decir, que los impuestos que se percibían ya no se podrán percibir en el año 2024 lesionando cada vez más el Presupuesto General de la Nación que acompasa los servicios sociales. Esto nos llevará a un acrecentamiento en la reducción de los servicios sociales debido a que el servicio de la deuda pública tiene grandes protecciones constitucionales y poderes políticos enquistados en la sociedad colombiana a favor del pago perpetuo del mismo.

La historia parece repetirse, desgraciadamente, para la sociedad colombiana, ya que al finalizar la década de los 90 se llevaron a cabo las primeras privatizaciones de empresas de energía como BETANIA, CHIVAR, EPSA, y CODENSA, entre otras, las cuales fueron vendidas con la excusa de aportar al financiamiento del servicio masivo de transporte Transmilenio como se puede evidenciar en el siguiente extracto: “También se vendió parcialmente la Empresa de Energía de Bogotá (EEB). Dado que su viabilidad financiera estaba en juego (tras los esfuerzos del proyecto Guavio), se requirió su reestructuración. Ella se convirtió en una entidad de economía mixta y después se escindió (Codensa en distribución, y Emgesa en generación). En 1997, fue adquirida por Endesa de España y el grupo Enersis de Chile (después adquirido también por Endesa) por US$5.700 millones, lo cual ayudaría a financiar Transmilenio.” (ANIF & CORREVAL, 2011)

Como es ya de conocimiento popular el negocio de Transmilenio deja como único ganador a los inversores privados, pues por cada 100 pesos percibidos, 90 pesos son para dueños de buses -“entidades privadas oligopólicas”-, 5 pesos son para recaudadores y tan solo 5 pesos entran al recaudo Estatal; además, el Estado tiene que asegurar el pleno funcionamiento de las vías por las cuales circulan los buses articulados y garantizar el combustible. Es un contrato completamente leonino para con la sociedad.

Un oligopolio familiar  es el que mantiene el control del transporte en Bogotá y que se nutre del control estatal. Muchos de estos oligopolios familiares mantienen la puerta giratoria entre cargos públicos y administración privada, que por ende beneficia sus intereses individuales en contraprestación al servicio público.

Mientras cientos de tecnócratas neoliberales en el país imponen como argumento solapado que la administración privada de las empresas es mucho más eficiente debido a la claridad de las cuentas y por ende la baja corrupción; les recordamos que el país busca aproximadamente 23,5 billones de pesos pagados por el conjunto de los colombianos como un impuesto cargado al servicio energético, “Tenemos que buscar qué se hicieron los 23.5 billones que hemos pagado por cargo de confiabilidad”, se preguntó Aguilar, quien aseguró que las hidráulicas se están enriqueciendo a cuenta de la crisis” (La W Radio, 2015)

Este impuesto se llamó “cargo por confiabilidad” y tenía como fin prever una crisis climática que reduciría la producción energética debido al bajo cause de los ríos y por ende se tendría que poner en marcha un plan b con las termoeléctricas, plan que no se llevó a cabo debido a que estos dineros no fueron invertidos en la adecuación para la crisis energética sino que irían a parar a paraísos fiscales.

El gobierno pretende por medio de las privatizaciones y la reducción del costo hacer más apetecible el país para la inversión extranjera a consecuencia del deterioro humano y ecológico de nuestro. La inversión extranjera directa (IED) se basa en parte en especulación financiera y la otra parte llega por las tasas de ganancias extraordinarias que pasan por la mayor explotación de la fuerza laboral en su conjunto como lo evidenciara Ruy Mauro Marini, acarreando una mayor explotación, opresión y despojo a la sociedad colombiana.

Está en manos de la sociedad colombiana levantar las consignas contra las privatizaciones, los beneficios exorbitantes para las multinacionales, el aumento de la deuda, la financiación por APP, y los recortes presupuestales de los servicios públicos. Este año que apenas comienza se verá marcado por indefinidas reformas que profundizaran la crisis social, económica y ambiental, que exigirá reacción y movilización social. Es necesario empezar a realizar campañas como la Auditoria de la Deuda, herramientas que permitan el control ciudadano del actuar gubernamental.

CADTM.