Los derechos a la salud y educación

Por Eduardo Sarmiento Palacio  

La salud y la educación corresponden a los sectores de mayor insatisfacción e indignación. En ninguno de los dos casos los gobiernos han cumplido con el mandato de la Constitución.

La mayoría de los estudiantes egresados del bachillerato no pueden acceder a la universidad pública

por la falta de cupos, y a la privada por el valor de las matrículas. En el sector salud sucede algo similar. Las apropiaciones por persona tanto en el sistema contributivo como en el subsidiado son inferiores a los costos requeridos para suministrar la medicina especializada a toda la población.

Los gobiernos nunca tuvieron claridad sobre las necesidades de los sectores ni han tenido voluntad para enfrentarlos. En primer lugar, se limitaron las transferencias regionales por debajo del crecimiento del producto. Luego, se estableció la regla fiscal que antepone la sostenibilidad a los derechos. Por lo demás, en las determinaciones presupuestales los gobiernos les dan prioridad a otras actividades, como el gasto militar, las pensiones de los altos funcionarios y la infraestructura vial.

La verdad es que los pensadores neoliberales creyeron que una alta proporción de los faltantes provendrían de los inversionistas privados que traerían recursos para elevar la eficiencia y las instalaciones hospitalarias y administrativas. Todo sucedió al revés. Las EPS montaron pirámides ante las miradas pasivas de la Superintendencia para sacar los recursos del sistema, como lo ilustra la cifra de retiros por $1,2 billones de Saludcoop. El mismo experimento se trató de hacer con la educación, y en buena hora los estudiantes lo impidieron. De seguro, se habría repetido la experiencia de la salud.

Ante el fracaso de la privatización, los gobiernos han procedido a incumplir la Constitución. Los recursos de la salud se racionan por conducto de las EPS que están limitadas tta gastar por debajo de las cotizaciones y por sus excesivas ganancias. Las apropiaciones a las universidades públicas ascienden 0,6% del PIB y no corresponden ni a la mitad de las necesidades de los estudiantes que obtienen el grado de bachillerato. Lo grave es que el racionamiento, en razón de los costos crecientes, adquiere la forma de una discriminación en contra de los sectores menos favorecidos. Así, el acceso de los sectores altos a la educación superior es de 80% y el de los estratos bajos de 8%. La calidad y el monto de los servicios de salud disminuyen con el ingreso del paciente.

Infortunadamente, no se ha aprendido de la experiencia. Los hechos han demostrado que los subsidios de demanda son totalmente inadecuados en sectores con poderes monopólicos. El aporte de los afiliados se queda parcialmente en ganancias y la corrupción. No es algo que pueda resolverse con el cambio de nombre de las EPS, ni con los ajustes cosméticos contemplados en el proyecto de ley en curso en el Congreso. La solución de fondo sólo se puede lograr con un subsidio a la oferta en que los hospitales se encarguen de entregar los servicios a quienes los requieren, de acuerdo con criterios médicos.

La universalidad de la salud y la educación sólo se puede conseguir con la modalidad de subsidio a la oferta y la ampliación de los aportes presupuestales. En el caso de la salud es necesario sustituir la administración privada por pública, concederles una mayor discrecionalidad a los hospitales y médicos, y elevar los gastos por persona. En educación la solución es menos compleja, en parte porque ya opera dentro de la modalidad de oferta. Los esfuerzos tendrían que concentrarse en la elevación de los aportes presupuestales a 1,5% del PIB y en la reorientación administrativa y académica de las universidades para darles cabida y permanencia a los estudiantes de estratos bajos.

El Espectador, Bogotá, 24 de noviembre de 2013.