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Los problemas que rodean el desplazamiento masivo en el sur de Córdoba

Mientras la comunidad le reclama al Gobierno un plan para mitigar la problemática que vaya más allá de la intervención de la Fuerza Pública, el Ministerio del Interior se refiere al “miedo” como el factor principal para que la ciudadanía no crea en la protección del Estado.

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Mientras la comunidad le reclama al Gobierno un plan para mitigar la problemática que vaya más allá de la intervención de la Fuerza Pública, el Ministerio del Interior se refiere al “miedo” como el factor principal para que la ciudadanía no crea en la protección del Estado.

 

Mientras la comunidad le reclama al Gobierno un plan para mitigar la problemática que vaya más allá de la intervención de la Fuerza Pública, el Ministerio del Interior se refiere al “miedo” como el factor principal para que la ciudadanía no crea en la protección del Estado.

Gabriel Arturo Dómico es gobernador mayor de la comunidad Dochama, del resguardo indígena Embera Katío, ubicado en San José de Uré, al sur de Córdoba. Sin embargo, desde el 23 de mayo de este año ha ejercido su cargo desde otro municipio del departamento, por miedo a que lo maten. “Desde ese día yo no he podido volver”, dice. Por un hecho violento salió de su territorio.

“Yo estaba en la zona donde hubo una incursión de actores armados. Me quitaron el celular y la moto, y lo primero que me preguntaron fue que si era líder indígena. Pero, me negué. Dije que no, que era un comunero más y me echaron en la fila donde habían reunido al campesinado. Nos amenazaron y luego sacaron adelante a dos muchachos. Los mataron como se mata a una gallina, en frente de nosotros”, recuerda Dómico. Según el gobernador indígena, una de las víctimas era líder del programa de sustitución de cultivos PNIS y el otro un mototaxista conocido en el corregimiento.

Particularmente para la única comunidad Embera en el sur de Córdoba, mientras en la década de 1970 tenían 170 familias (con 518 personas), ahora son apenas 64 familias (con 300 personas). El año pasado 25 familias de su comunidad fueron desplazadas, y en este año han registrado 18 que salieron del territorio por las amenazas, asesinatos e intimidaciones. Pero como ese, son muchos los casos de desplazamiento originados en esa zona del país, los cuales se han intensificado en los últimos meses por cuenta de la violencia.

Según la Defensoría del Pueblo, las agresiones que viven en municipios como San José de Uré, Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador, se enmarcan en la pelea territorial de los Caparrapos y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, por el control poblacional y las rentas derivadas del narcotráfico. También, por las extorsiones, las dinámicas de la minería ilegal, los megaproyectos extractivos que hay en la región.

Además de esas razones, está una problemática central: la apropiación de tierras despojadas con anterioridad. “Estas deberían encontrarse en el Fondo de Reparación de las Víctimas del conflicto armado, pero que a hoy no lo están”, dijo Giovanny Alejandro Rojas, delegado de la Defensoría, durante la audiencia pública que convocaron en el Congreso seis senadores de la bancada alternativa para tratar el tema.

Rojas hizo un recuento de varios hechos: “El 22 de marzo hubo un inminente desplazamiento masivo en el municipio de Puerto Libertador y en Ituango, Antioquia, que limita con Córdoba. Advertimos, pero a hoy ya se consumó, entonces hay 2.300 personas desplazadas. El 5 de abril ocurrió otro, por amenazas de muerte contra población civil y actos de tortura, hechos en contra de la comunidad Embera de Tierralta y hay aproximadamente 500 personas desplazadas. El 27 de julio desaparecieron y asesinaron a un campesino beneficiario del programa de sustitución de cultivos PNIS en Montelíbano”. En ese sentido, tan solo hasta el reporte de abril de esa entidad, Córdoba contaba con 918 familias desplazadas, es decir, 2.845 personas que salieron de sus casas, pese a las advertencias y alertas tempranas de la Defensoría.

Ante ello, Edgar Garcés, secretario de Gobierno de Córdoba, aseguró que “no somos ajenos a los desplazamientos masivos que se han generado. Reiteramos nuestra disposición para garantizar la protección de nuestra población”. No obstante, se reafirmó en que las administraciones locales no pueden enfrentar solos los fenómenos que azotan la región, que no son pocos. “Necesitamos el apoyo del Gobierno Nacional, más aún después del recorte del 82% en el presupuesto de defensa para nuestro territorio. Dios, ¿qué nos espera?”, dijo.

Por su lado, Jenny González, delegada de la dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, reiteró que si bien hay todo un plan para garantizar la integridad de los cordobeses, el cual se está llevando a cabo en el territorio, el miedo es un factor medular que impide que las personas denuncien y, por ende, que las instituciones desplieguen su trabajo a cabalidad.

“La Fuerza Pública está en permanente contacto, nosotros del Ministerio del Interior estamos también comunicándonos y accionando en los territorios para tratar de prevenir. Pero, a veces, por miedo y la falta de confianza en la institucionalidad, hace que se desplacen”, expresa González, mientras afirma que es esencial recobrar la confianza para que las personas denuncien.

“Córdoba nunca ha estado por fuera del ojo de las instituciones. Pero aunque les demos todas las garantías a las familias, si sienten que que siguen inseguros, el desplazamiento ocurrirá.Entre las garantías está el acompañamiento de la Policía, apoyar el censo en el registro de víctimas, si hay lugar a subsidios también se les apoya para incorporarse en esas líneas”, reitera.

Sin embargo, el tema central a solucionar es el miedo que generan las acciones violentas. En ese sentido, González dijo que aunque la atención psicológica se presta en el marco del trabajo de la Unidad de Víctimas, parece ser que dicha ayuda se presta en tiempos distintos a los que necesita la ciudadanía.

¿Es oportuno el trabajo psicológico? “Llegamos como institucionalidad completa, pero la atención anímica a veces llega, pero a veces no. Es un trabajo lento para que no genere daño, porque no se conoce el trasegar anterior a los hechos violentos”, expresa la delegada.

Tomado de https://www.elespectador.com

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