Mineros realizan plantón en Marmato, en Caldas

Los mineros tradicionales y de comunidades indígenas, rechazan la petición que una multinacional.

Los mineros tradicionales y de comunidades indígenas, rechazan la petición que una multinacional.

Centenares de mineros artesanales, afrodescendientes y de comunidades indígenas, a través del Consejo Regional Indígena y la parcialidad indígena Cartama, realizaron ayer en Marmato, Caldas, un plantón en el que rechazaron la petición que días atrás hizo la multinacional minera Gran Colombia Gold (GCG).

En la carta, en nombre de su presidente, Lombardo Paredes, la multinacional le solicitó al presidente Iván Duque que “mediante despliegue militar y policial, así como de cualquier otra fuerza (…) protegiera los derechos de los trabajadores, de la empresa y del propio Estado Colombiano”.

La multinacional se refirió puntualmente a lo que ocurre en los municipios de Segovia y Remedios en Antioquia y a Marmato, sobre el que puntualizó que “las propiedades de la compañía se encuentran invadidas en gran medida por los mineros ilegales que operan en más de cien minas ilegales, lo que impide que la empresa opere en gran parte del área de sus derechos mineros”.

Rubén Darío Rendón, presidente de la Asociación de Mineros Tradicionales de Marmato (Asomitrama), le indicó a EL TIEMPO, que reclaman los derechos constitucionales que tienen y que están dispuestos a dialogar.

“Solicitamos que la GCG no utilice esa metodología de presión para hacer valer los derechos que supuestamente tienen, pues nosotros esperamos que, de manera concertada, se resuelvan las diferencias. Además, la Constitución no nos cataloga como mineros ilegales, sino artesanales”.

Rendón manifestó, además, que están pidiendo que “se respete la orden de la Corte Constitucional de consultarle primero a la comunidad antes de realizar cualquier proyecto extractivo en la parte superior del cerro ‘el burro'” en donde, pretende operar esta multinacional.

La orden a la que se refiere Rendón es a la sentencia SU – 133 de 2017, en la que se reconoce que las diferentes esferas de la población se “han estructurado en torno a la distribución territorial del derecho a extraer el oro”, por lo que se ordena que haya una consulta popular antes de la asignación de títulos en la parte alta de la montaña. Acción que, acuerdo con el asesor, legal de los mineros, no se ha acatado.

“Ya estamos adelantando acciones para declarar la nulidad de esos títulos, pues el Ministerio del Interior no ha convocado nunca a dicha consulta. También se trabajan en la caducidad de los títulos pues la compañía decidió cerrar las minas durante más de año y medio, activando esta causal”, indicó su abogado, Alexander Álvarez.
Hasta el momento no hay presencia de fuerza pública en el municipio y los cerca de 4.000 mineros que operan en la zona están a la espera de que el gobierno central se pronuncie.

Entre tanto, el secretario de Gobierno de Caldas, Carlos Alberto Piedrahita, expresó que mientras no haya “orden nacional y presupuesto no habrá intervención”.
“Para hacer un operativo como lo indica escuetamente la GCG se necesitan millonarios recursos. Cada día allí costaría por lo menos 5 millones y cerrar cada bocamina entre 20 y 30.”

Piedrahita aseguró, además, que son el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional Minera las que determinan si la medida es o no pertinente e informó que mañana se iniciará una mesa de diálogo en la que participarán mineros de Marmato y Samaná.

“El tema de la ilegalidad se tratará en la mesa de formalización minera para ver si los títulos que pide la GCG pertenecen a quienes están en proceso de formalización. Así que, por ahora, no existe prohibición”, añadió el funcionario.

La más reciente manifestación de los mineros artesanales el Caldas fue en septiembre de 2018 cuando alrededor de 1.000 mineros de Anserma, Arauca, Neira, Marmato, Riosucio, Irra y Quinchía, en Risaralda, llegaron hasta Manizales y marcharon en reclamo a una millonaria incautación de herramientas que hizo la Policía en el sector de La María, en Anserma. También pidieron al gobierno departamental que se agilizara el proceso de formalización.

Laura Usma
Para EL TIEMPO
Manizales

Tomado de https://www.eltiempo.com