Ministros y las juntas directivas de Refinería de Cartagena y Ecopetrol, a responder

La República  

En el proceso de los sobrecostos que se vinculan con la ampliación de la Refinería de Cartagena (Reficar), la Contraloría General de la República es la llamada a analizar quiénes habrían sido los responsables por haber influido en la toma de decisiones.

De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, todo parece apuntar a que los ministros de Hacienda y Minas, así como quienes participaron en las juntas directivas de Ecopetrol y Reficar serán los primeros llamados a responder por los hallazgos; así como Glencore, la compañía que en principio compartía el proyecto con la empresa estatal y que por motivos de la crisis de 2008, le entregó la ejecución del proyecto.

En esto, serían el actual presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, en su momento ministro de Hacienda, así como  Mauricio Cárdenas, en aquella época ministro de Minas, hoy de Hacienda, así como Federico Renjifo, también ministro de Minas, quienes debían haber conocido la información de primera mano, advertir y prevenir lo sucedido.

De igual manera, se esperan explicaciones de Javier Genaro Gutiérrez, expresidente de Ecopetrol, en ese momento, así como  Orlando Cabrales, de Reficar, y de sus juntas directivas llamadas a hacer el control sobre el manejo de los recursos y el seguimiento a los diseños de la ampliación.

Según el informe emitido por la entidad, la mega obra terminó costando US$8.016, 100% más de lo que se estipuló en un principio (US$3.993). Por este y otros hallazgos, la Contraloría inició una auditoría en Cartagena, la cual terminará, seguramente, la segunda semana de noviembre.

Tras ella, se esperan tener hallazgos fiscales que señalen a presuntos responsables (funcionarios o directivos de las empresas involucradas) por irregularidades en la contratación.

Según la entidad, si es necesario, se dará traslado para que se inicien procesos de responsabilidad disciplinaria y penal; lo que le correspondería a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General.

Si bien “hay que resaltar que Reficar busca beneficios  (…) es necesario conocer la razón de los sobrecostos”, aseguró el presidente de la ACP, Francisco Javier Lloreda.

El mega proyecto que nació “como una estrategia para garantizar el abastecimiento de  combustibles líquidos en el país, además de permitir ampliar la exportación de productos de valor agregado”, se convirtió en un gran escándalo nacional.

Según una publicación de la revista Semana de septiembre de 2012, “cuando se pensaba que el proyecto que inicialmente haría la multinacional Glencore, y que en 2009 pasó a manos de Ecopetrol, andaba sobre ruedas, se convirtió en un gran escándalo por las revelaciones de millonarios costos no previstos y por las demoras en su ejecución”.

Para Semana “el caso habría pasado inadvertido de no ser porque trascendieron los detalles de una acalorada discusión del saliente ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry con el presidente de Reficar, Orlando Cabrales Martínez, por los retrasos en el cronograma y por los mayores costos que aparecieron en el camino. Según el exministro Echeverry (hoy presidente de la estatal pretolera), la obra se subió en US$1.500 millones.  Es decir, el proyecto ya llegó a US$4.854 millones y puede subir más…”

La auditoría iniciada se basa en dos momentos. El primero cuando Ecopetrol vinculó como socio a Glencore, firma que tenía 51% de la propiedad y en este lapso, se busca establecer las responsabilidades, compromisos y riesgos que Glencore asumió y le dejó a Ecopetrol. “Se está revisando las actuaciones de junta directiva entre 2007 y 2009”, dijo una fuente de la Contraloría.

El segundo, después de 2009 cuando Ecopetrol asume la responsabilidad del proyecto y toma Reficar.  “Las representaciones legales de Reficar y sus delegaciones. Se busca establecer quién suscribía la contratación”.

De igual forma, según la Contraloría “se investigará la responsabilidad de cada una de las decisiones en función; del aumento de los contratos; contenido; de las adiciones de los contratos; y de la funcionalidad; es decir, si los contratos cumplieron”. También investigará a terceros, es decir contratistas, a los cuales se les transfirió responsabilidades de construcción y administración de los recursos.

Antecedentes

El proyecto se pensó para ser una de las plantas más sofisticadas de América Latina. La cual cumpliría con los más altos estándares ambientales y permitirá, entre otras cosas, duplicar la capacidad de refinación. Según la Contraloría General de la República, el proyecto tuvo 27 meses de retraso, a tal punto que hoy día, “el proyecto todavía no ha cerrado está en fase de lo que se denomina acondicionamiento es decir la puesta en marcha del proyecto y hasta que el proyecto no esté terminando no podemos evaluar los contratos”.

La República, Bogotá.