Necesidad de unidad política y orgánica para frenar la locomotora minero-energética, desde los intereses de las poblaciones

Por Héctor Alfonso Torres Rojas  

Entre el 11 y el 13 de septiembre, con la participación de 120 personas, en representación de 37 organizaciones y/o experiencias, se llevó a cabo el Segundo Encuentro “Territorios y Resistencias al Extractivismo Minero-Energético”, en el hotel campestre “Choachimilco”, en el municipio de Choachí (Cundinamarca), a una hora de Bogotá, también golpeado por la “Locomotora” del Gobierno Santos. El Primer Encuentro tuvo lugar en Villa de Leiva (Boyacá), el año pasado.

El evento fue promovido por diversas organizaciones sociales, fruto de un proceso de acercamiento, trabajo plural y unitario, como punto de partida y como punto de enlace, de una propuesta que puede llegar a representar un hito histórico para las luchas contra los proyectos minero-energéticos, tan salvajes como el neoliberalismo que los impulsa, y para otras luchas de la población del país.

La convocatoria justificaba la necesidad del encuentro con las siguientes razones:

•         “La resistencia a la gran minería nacional y transnacional se ha ampliado en la medida en que las comunidades enfrentan numerosos proyectos de exploración y explotación en toda la geografía nacional”.
•         “Algunos de los más recientes conflictos generados por el avance de dichos proyectos son: la iniciativa del Cerrejón de desviar el arroyo Bruno, afectando gravemente el ecosistema del Río Ranchería en la Guajira; la exploración de arena y otros materiales de construcción en las  inmediaciones del Páramo de Cruz Verde, en las goteras de Bogotá; la exploración similar a la anterior en  el municipio de Suesca”. 
•         En materia de exploración y explotación de hidrocarburos el Gobierno y las empresas aceleran la extracción ante la caída de los precios del petróleo y el nuevo presidente de ECOPETROL anuncia que no se renunciará al fracking, a pesar de que los precios a la baja lo hacen inviable económicamente y a despecho de los daños ambientales.
•         Ante el revés sufrido en el Consejo de Estado, que suspendió provisionalmente el Decreto 943 de 2014 reconociendo el papel de los municipios en la definición de los usos del subsuelo, el Gobierno de Santos ha respondido con una andanada normativa a través del Decreto “navideño” (2695) y de la inclusión en el PND de artículos que legalizan los títulos mineros otorgados en zonas de  páramo y otra serie de facilidades al modelo extractivo minero – energético. Se violan desembozadamente normas constitucionales, el derecho internacional y los más elementales principios de precaución y protección del ambiente sano.
•         Los intentos de diversos sectores sociales y ambientales de dialogar con el Gobierno y contener los atentados más protuberantes contra el medio ambiente, los territorios y las comunidades no encuentran respuesta más allá de la dilación y la displicencia. La estrategia de “licencia social” intentada por el entonces Ministro de Minas, Amylkar Acosta, como alternativa al mecanismo constitucional de la consulta popular, fue abandonada con su salida del cargo para darle paso al garrote físico y normativo. 
•         La delimitación del Páramo de Santurbán es la prueba máxima de que el Gobierno no se acoge ni siquiera a su propia normatividad a la hora de favorecer los intereses del gran capital involucrado en la minería. Al tiempo la negativa del Concejo Municipal de Cajamarca a la consulta popular sobre la explotación minera en la Colosa, revela la capacidad de soborno e influencia de las transnacionales para torcer la voluntad de los “representantes” del pueblo”.

El conocimiento o re-conocimiento de 35 experiencias concretas de resistencia y lucha, narradas por sus protagonistas. La acertada metodología logró que los participantes tuviesen la oportunidad de conocer la mayor parte de las experiencias, en mini-presentación de las líneas fundamentales, por medio de mini-exposiciones acompañadas de carteles, folletos, fotos, libros  y otras ayudas pedagógicas. 

La presencia de las 37 experiencias refleja la vitalidad de la creciente corriente que se opone al inhumano y antipopular extractivismo minero-energético, en defensa  del agua, de la naturaleza, del buen vivir, de otro tipo de civilización, que pasa por la defensa global del Medio Ambiente.

La exposición y debate de seis propuestas que existen actualmente para lograr una muy necesaria unidad de la corriente ambientalista desde los intereses de los sectores mayoritarios de la población-víctima y una mayor incidencia política a nivel nacional, en el debate minero-energético, a saber:

•         Una moratoria minera, expuesta por Rafael Colmenares, a nombre de “Unión Libre Ambiental”.
•         Constituyente minero-energética, presentada por Jairo Rojas, liderada por la Unión Patriótica y un conjunto de organizaciones.
•         Coordinadora minero-energética, explicada por Mónica Leyton.
•         De la Unión Sindical Obrera (USO), María Alejandra Garzón.
•         De “Ríos Vivos”, alrededor del agua, por Juan Pablo Soler.
•         De la Plataforma Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, por  Alejandro Pulido.

Debate muy rico, sobre la posible articulación “unitaria” alrededor de alguna de las  6 propuestas –que no son excluyentes–, para elevar el nivel político de la resistencia a la locomotora minero-energética. Tema que de por sí daría para un artículo.

En este debate se reconoció la importancia de la “Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular”, que ha venido jugando un enorme servicio a las luchas y a la unidad de los sectores populares.

Las experiencias populares

Es preciso y positivo mencionar y/o conocer sintéticamente, algunas de las 37 experiencias que participaron y compartieron su caminar

1.         La Veeduría Ciudadana de Choachí, que lucha contra la prospección minera de la empresa Consagro, y, además, tiene la amenaza de “La vía perimetral de oriente”, una de las llamadas 4G.
2.         Roche, Barrancas, Güajira, comunidad afrodescendiente atropellada por la empresa CERREJÓN. Explotación de carbón a cielo abierto.
3.         El Hatillo, en el municipio de El Paso, César, desde el año 2008, contra la explotación de carbón a cielo abierto y sus fatales consecuencias, adelantada por las transnacionales DRUMMOND, PRODECO Y CNRR-Murphy.
4.         ATCC: Carare, Santander. Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, desde los años noventa, golpeados por la guerrilla, los paramilitares y la Fuerza Pública. En su territorio, 26 licencias mineras, entre otras, para el carbón.
5.         RETACO: Red de Acueductos Comunitarios, en Bogotá y Cundinamarca. Contra la contaminación del agua por mineras, areneras, relleno sanitario, agroindustria y cultivos intensivos (flores, palma de aceite, caña de azúcar, por ejemplo)…
6.         Asociación El Escarpe, que agrupa diez municipios de Cundinamarca  (Zipacón, Bojacá, Albán, Cachipay, Tena,… que trabajan para que el corredor montañoso sea  declarado Parque Natural Regional
7.         Red Tejiendo Páramos, en proceso, a favor de de los páramos de Chingaza, Sumpaz, Cruz Verde…
8.         Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamacó, Bajo  Cauca antioqueña y sur de Bolívar. Empresas: San Lucas Gold Corp., Mineros de Colombia, S.A. y Anglogold Ashanti (AGA). En otro contexto, alguien anotó que AGA tiene el 40% de los títulos mineros en oro, del país.
9.         ACIN: Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca, que cubre 8 municipios: Toribío, Jambaló, Miranda, Caloto, Santander de Quilichao, Buenos Aires y Suárez. Empresas: AGA y del azúcar. 256 títulos mineros en la región. Asociación Protectores del Territorio, en los municipios de Tasco, Sogamoso, Paipa…, Boyacá. Empresas: Cementos Holcing, Argos, Paz del Río…
10.      Comité Ambiental de Tolima, cuyo frente está particularmente centrado en La Colosa, oro, municipio de Cajamarca. Empresa: AGA.
11.      Proceso ciudad Bolívar, Bogotá, D.C.
12.      Red Ambiental Bakatá, Bogotá, D.C. Defensa de los humedales en  Suba, Ciudad Bolívar, Usme…  Y contra la super-explotación de materiales de construcción…
13.      Santurbán, Santanderes, defensa del agua contra mineras del oro
14.      Colectivo Soberanía y Naturaleza, Ciudad Bolívar-Bogotá, D.C.
15.      ONIC: Organización Nacional Indígena de Colombia. En tierras de los 85 pueblos indígenas, acontecen todo tipo de atropellos, incluyendo los de las mineras, ilegales, legales y empresas favorecidas por el Gobierno. Guerrilla, paramilitares y Fuerza Pública irrespetan y golpean a los aborígenes…
16.      Mineros Artesanales de Buenos Aires, Cauca.
17.      Proceso Campesino y Popular del municipio de La Vega, Cauca, “Corazón del Macizo Colombiano”. 25 años de lucha.
18.      Unión Libre Ambiental. Tres acciones: campañas a favor del Medio Ambiente; estudios e investigación; información y formación.
19.      Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar y Sur del Cesar. 9 municipios y 35 asociaciones agromineras.
20.      Cinturón Occidental Ambiental, COA: minería, monocultivos, forestales, hidroeléctricas, agua, contaminación..
21.      Salvemos el Sumapaz, con sede en Melgar, Tolima.
22.      Comité Dinamizador Indígena-Campesino de Tolima
23.      Colectivo Hijos del Sur, de Cabrera, Tolima
24.      No le Saque la Piedra a la Montaña
25.      CRPC. Coordinadora Regional del Pacífico Colombiano
26.      Articulación Iglesia y Organizaciones Étnicas. Sede en CALI. Articulación para la Región del Pacífico.
27.      OIA: Organización Indígena de Antioquia
28.      Pacto Consciente, campaña nacional.
29.      Ríos Vivos
Más las organizaciones convocantes y organizadoras:
30.      Censat-Agua Viva-Amigos de la Tierra
31.      ILSA
32.      Corporación Nuevo Arco Iris
33.      Corporación Pensamiento y Acción Social
34.      Coordinadora Minero-Energética
35.      Constituyente Energética y Ambiental
36.      Fundación Verde Vivo
37.      Plataforma de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo

Extractivismo o reprimarización de la economía

Danilo Urrea, de Censat-Agua Viva, insistió en el papel económico del extractivismo, en la actual división internacional del trabajo, que lleva a una reprimerización de la economía, centrada en las materias primas.

El extractivismo está centrado en cuatro formas: 1. La minería. 2. El petróleo. 3. Las represas para la construcción de hidroeléctricas.  En Brasil se proyectan más de mil. 4. La agro-industria, dando importancia a los agro-combustibles para exportación.

El expositor entregó una serie de cifras sobre el alza y la baja en los precios de los minerales, para mostrar que a pesar de la baja, siguen siendo altamente rentables para las transnacionales. Y, además, para compensar “la pérdida” por la baja de los precios, aumentaron los volúmenes de explotación, esto es, mayor saqueo de las  cuencas y territorios mineros, es decir, de nuestros recursos, para la exportación. Asistimos a una super-explotación de los recursos, lo que significa mayores daños, como la contaminación y mayores conflictos ambientales, que se “solucionan” con la criminalización y la judicialización de las luchas sociales y populares, que no es otra cosa que el uso de la Ley y de la Fuerza Púbica, al servicio de las transnacionales, sintetizada en la palabra represión.

¿Quiénes ganan? Las transnacionales  y multinacionales. A título de ejemplo: en América Latina “trabajan” mil empresas de Canadá. El 66% de los activos mineros de las empresas internacionales, están en América Latina, que acumulan millonarias ganancias, en detrimento de las poblaciones empobrecidas de los países. En últimas, ¿quiénes son los responsables? Nuestros gobiernos, que no sólo le dan todas las facilidades a las empresas, sino que cambian a legislación para su beneficio  y colocan la Fuerza Pública a su servicio.

Héctor Moncayo, por su parte, expuso las tendencias del extractivismo minero-energético en Colombia. Partió de una pregunta pertinente: ¿Si el modelo extractivista se vino abajo por la reducción de los precios, vale la pena seguir enfrentándolo? Para luego insistir en que a pesar de ello y desde antes, se implantó el modelo financiero-extractivista, y por ende, el peso primordial del capital financiero en la economía.

El analista hizo gala de cuadros y estadísticas, para recorrer un tramo de la historia económica del país. Un dato: en el año de 1925, la agricultura representaba el 60% del PIB. Y la industria, el 15%.  Finanzas, minas y otros, cero % en el PIB.

Hoy, la agricultura representa el 10% del PIB, y las finanzas entre el 20-25% del PIB.

También  ilustró sobre las alzas y bajas de los precios internacionales de los metales. Un ejemplo: el  oro alcanzó a subir hasta 1.923 dólares, la onza, en septiembre de 2011. En este mes de septiembre de 2015, ha rondado por 1.122 dólares, la onza. Pero las mismas empresas sostienen que su negocio es rentable si el precio del oro bajase a 900 dólares, la onza.

Explicó que actualmente es el capital financiero el que organiza la economía, en todos sus aspectos: monocultivos (palma, soya, azúcar, transgénicos), minería (oro, carbón y otros metales…), hidrocarburos (petróleo), energía eléctrica, y la infraestructura necesaria para todas sus actividades e inversiones.

Los gobiernos, en consecuencia, re-ordenan el territorio, cambian leyes. En ese orden, por ejemplo, los recursos naturales ya no son del Nación sino del Estado. Hoy existen 11 PINES o Proyectos de Interés Nacional y Estratégico. Léase, de interés para las transnacionales y grandes empresarios colombianos. Y en lenguaje más claro: para beneficio del capital financiero y no de la población.

Actualmente existen 9.738 títulos mineros vigentes, que cubre un área de 5.408.123 has…

La guerra ha sido un vehículo de reordenamiento territorial. El mayor crimen no ha sido el del asesinato  sino el desplazamiento forzado para re-ordenar el territorio.

Corriente nacional a favor de la Madre Tierra

Las 37 experiencias dan razón del vigor de una creciente corriente nacional a favor de la Madre Tierra, de la Naturaleza, del Medio Ambiente, del Agua, de la Biodiversidad… En síntesis, de la VIDA. Se amplía el panorama de los sujetos sociales como protagonistas.

Se han desarrollado diversas formas de articulación y solidaridades locales, regionales y nacionales.

Casi todas las experiencias han sido marcadas con la represión, militarización, criminalización y judicialización de su accionar y formas de lucha. El Estado usa la Fuerza Pública al servicio de las empresas nacionales o transnacionales. No en vano existen 13 batallones de la Fuerza Pública, al lado de las explotaciones minero-energéticas de las transnacionales.

La mayor parte de las experiencias dan fe de la destrucción del hábitat, de los territorios, del Medio Ambiente, de la contaminación del agua, de infecciones y enfermedades, para la vegetación y para animales, incluyendo el animal humano. Ríos, quebradas, manantiales, lagunas y  pozos se han ido secando o se han secado.

Es grande el atropello a la población por las transnacionales-multinacionales y empresas  nacionales: pérdida de los tejidos y redes sociales, vulneración de los derechos individuales y colectivos, desconocimiento y atropello de la autonomía y la participación ciudadana, destrucción de culturas locales o regionales, no reconocimiento a los derechos étnicos y ancestrales, ruptura y desaparición de la actividad económica tradicional, destrucción de las cadenas productivas y comerciales, desplazamientos masivos  y desalojo del propio territorio, cambio de uso de tierras ricamente productivas, daños a la soberanía alimentaria, reducción de la frontera agrícola, , daños humanos por el ruido y las ondas de las explosiones para perforar rocas (contaminación auditiva), debilitamiento y cuasi destrucción de humildes y sencillas viviendas por las ondas que produce la dinamita, lluvias de polvo muy fino, en el caso del carbón, que todo lo invade, cubre  y daña (cuerpos, agua, viviendas, comidas..), contaminación de aguas, destrucción de montañas, sequías y/o inundaciones, fruto de la destrucción del hábitat, que a su vez produce el calentamiento global.

Uribe y Santos, al servicio de las transnacionales

Durante el encuentro se afirmó la convicción clara y nítida según la cual los  gobiernos  Uribe y Santos, han sido aliados totales, al servicio de las transnacionales minero-energéticas. El Estado colombiano perdió su autonomía frente a las multinacionales. Las transnacionales proponen e imponen los cambios en la legislación y la normatividad. Existe una connivencia con las empresas. A los funcionarios del Gobierno se les tapan los oídos cuando escuchan las denuncias. No le dan crédito a las poblaciones. Las autoridades, salvo excepciones, no visitan las zonas y lugares denunciados. Aceptan como verdad casi todo lo que afirman los voceros de las multinacionales, que además compran funcionarios, en todos los niveles. Los términos de referencia los colocan las transnacionales, no el Estado. De esa manera  entregan licencias y permisos. Además, el Estado les instala batallones en sus alrededores. Hay 13. La persecusión y la represión, las golpizas y los encarcelamientos, van  por cuenta del ESMAD, de la Policía Nacional.  El Gobierno responde con asistencialismo estatal y no con soluciones integrales a las luchas de la población.  Eso sucede de vez en cuando, porque casi siempre se impone el incumplimiento de los acuerdos pactados.

Hernán Darío Correa, en su análisis de las experiencias, anotaba los siguientes temas-cuestiones: hay dinámicas que no aceptan el modelo de desarrollo; hay semillas sembradas de horizontes de cambio de civilización; se apunta a un Buen Vivir y a nuevos pactos de consumo; hay diversidad de sujetos sociales, incluyendo el relevo generacional y patriarcal; los horizontes de lucha han rebasado las lógicas de la resistencia.

En cuanto a las luchas y sus formas, hay cierto desgaste y cansancio, inclusive desgarramientos interiores cuando se asume lo público y se descuida lo personal-familiar; hay algunas formas de luchas y sus lenguajes desgastados; se hace necesario salir de las repeticiones y lugares comunes, como aquel de “Pueblo unido jamás será vencido”. Y siempre hemos sido vencidos. Hay limitaciones en lo local, cuando no hay apertura a lo regional, e incluso a lo nacional;  existe la conciencia de la correlación de fuerzas tan desigual y compleja, que no favorece a los sectores sociales y populares.

Los retos del movimiento ambiental en Colombia

Se necesitan articulaciones más fuertes; sumar sin repetir; construir lenguajes políticos que salgan de la repetición; interpelar a los candidatos en las coyunturas electorales; recomponer subjetividades populares golpeadas y flageladas…

El encuentro terminó con el debate sobre la posibilidad de priorizar algunas de las seis propuestas, ya mencionadas, con el fin de lograr una mejor incidencia política nacional, una mayor unidad en la corriente contra el modelo extractivista minero-energético y una sólida y real interlocución con el Gobierno.

Cuestión nada fácil porque cada propuesta tiene sus propios puntos de vista, no sólo medio-ambientales sino también de perspectiva y orientación política, difíciles de conciliar. O por lo menos…, en estos meses. Este debate quedó abierto. 

Sin embargo la asamblea acordó algunas pistas y/o líneas de trabajo, tales como:

•         Seguir impulsando el debate nacional sobre el extractivismo minero-energético, por los inmensos daños que implica para la tierra, los territorios, la biodiversidad y los sectores populares… Todas las ganancias se las llevan las transnacionales.
•         Defender el agua. Entre los daños, está en primer lugar la escasez del agua y su contaminación. Sin agua no hay VIDA.
•         Rechazar, por tanto, el extractivismo minero-energético en sus diferentes formas.
•         Organizar eventos regionales para conocer mejor las situaciones concretas y compartir el debate y planteamientos del II Encuentro.
•         Dar prioridad a la profundización y necesidad de la moratoria minera.
•         Pensar en la posible publicación de un “Libro Blanco”,  del  extractivismo minero-energético para que quede la “Memoria” de todos los daños que ha venido causando al país.