Polémica por aval de la ANLA para desvío del arroyo San Antonio en el Cesar con el claro propósito de beneficiar a transnacional Drummond

Por Felipe Morales Mogollón / El Espectador  

Con este son 16 afluentes a los que se les ha autorizado este tipo de intervención para favorecer la explotación de carbón en Cesar.

En momentos en que el país se debate entre la explotación mineroenergética y la conservación del medio ambiente, nuevamente la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) se encuentra en el medio de la polémica, esta vez porque autorizó el desvío del arroyo San Antonio en Cesar, un departamento donde el recurso natural que más escasea es el agua.

Según conoció El Espectador, hace pocos días la ANLA dio vía libre al plan de manejo ambiental del proyecto minero de La Loma a la empresa Drummond, a través de la Resolución 384 de 2016. En síntesis, se permite ampliar la mina, ubicada al lado de La Jagua de Ibirico y para este fin fue autorizado el desvío (realineamiento) del arroyo San Antonio.

Tal como ha ocurrido con la entrega de otras licencias, la ANLA desconoció la negativa de los pobladores al desvío del río y el rechazo que se dio en las audiencias públicas en las que se socializó el proyecto de ampliación del proyecto minero La Loma. Señalan ambientalistas que este proyecto no tuvo un adecuado análisis componentes ambientales afectados por la operación minera de La Loma como: aire, agua, suelos, ruido, vibraciones y paisaje.

Precisamente, en el marco de Audiencia Pública Ambiental, llevada a cabo el 29 de enero de 2016 en La Jagua de Ibirico (Cesar), las Secretarías de Minas y de Ambiente de la Gobernación del departamento manifestaron que hay una escasez de agua que ha derivado en un desabastecimiento para los municipios y que están cerca de la declaratoria de calamidad.

Esta desviación resulta más preocupante aun si se tiene en cuenta el Ideam ha reconocido la disminución del caudal del arroyo San Antonio, lo que implica que ha perdido su capacidad de mantener su caudal permanente y esta intervención podría significar la desaparición de este afluente.

Con esta licencia se dio vía libre a la creación de un nuevo Pit Minero, que en términos prácticos es el hueco de la mina que puede tener de ancho una dimensión que podría superar los 20 kilómetros. Este proyecto contempla la relocalización de dos tramos de la vía Las Marías — La Palmita, sin la determinación clara de los impactos que esto podría causar a las poblaciones vecinas.

En la ANLA acaba de ser nombrado como director Rodrigo Suárez, quien hasta esta semana se desempeñaba como director de Cambio Climático en el Ministerio de Medio Ambiente. Este diario se comunicó con la entidad y señalaron que la desviación de Arroyo San Antonio se autorizó desde el año 2007 con la Resolución No. 017 del 05 de enero de este año. Dicha área no se encuentra dentro de las zonas de exclusión de minería. Agregaron que “está enmarcado en el Plan de Manejo Ambiental para del proyecto minero y desde la fecha se le han hecho cuatro relocalizaciones”.

Este no es el primer escándalo que se genera por la entrega de licencias ambientales por parte de la ANLA. El Espectador denunció la autorización de explotaciones petroleras en La Macarena que fue suspendida de forma definitiva y le costó el cargo al exdirector de la entidad Fernando Iregui. Además, también se ha abierto el debate por el desvío del arroyo Bruno, afluente del río Ranchería (Albania, La Guajira), para proveer agua a la mina El Cerrejón. Decisión que está congelada por una suspensión provisional hace pocos días por decisión del Tribunal de La Guajira.

El Espectador, Bogotá.