Polémica por entrega de jugoso contrato de salud

Adres va a entregar una auditoría por $ 140.000 millones a poderoso grupo que estaría inhabilitado.

Adres va a entregar una auditoría por $ 140.000 millones a poderoso grupo que estaría inhabilitado.

Un documento del exmagistrado del Consejo de Estado Mauricio Fajardo logró congelar durante 6 meses una de las contrataciones más importantes del sector salud: la auditoría integral a las solicitudes de recobros fuera del Plan de Beneficios en Salud.

Por solicitud del Gobierno, Fajardo revisó el proceso de adjudicación del contrato y el historial de las firmas que integran el consorcio ganador –Unión Temporal Auditores de Salud–, y concluyó que estaban inhabilitados para ejecutarlo.

A pesar de esa alerta, EL TIEMPO estableció que este miércoles, Carlos Mario Ramírez, director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), el llamado gran banco de la salud, decidió dejar en firme la adjudicación del contrato, que supera los 140.000 millones de pesos.

La decisión de Ramírez tiene inquietos a miembros del propio Gobierno que conocieron la advertencia que emitió Fajardo.

En esta, el exmagistrado asegura que al menos una de las empresas que integran el grupo ganador está incurriendo en un claro conflicto de intereses.

En efecto, para el exmagistrado, la compañía Haggen Audit Ltda. no puede participar en la auditoría encomendada por la Adres porque está ejecutando, desde 2016, un contrato similar con la Superintendencia Nacional de Salud (SNS).

“Está inmerso en una clara inhabilidad prevista en la ley. Va a recibir dinero por ejecutar una auditoría de una entidad del Estado del sector salud, cuando ya viene haciendo una función similar en otra entidad del mismo sector”, dijo un funcionario del alto gobierno que tuvo acceso al concepto de Fajardo.

La recusación

De hecho, recordó que este fue suficiente para que el Gobierno accediera a congelar la adjudicación y a abrir una actuación administrativa para determinar si debía o no reversarla.

Incluso, Adres le pidió oficialmente al exmagistrado Fajardo que los volviera a asesorar dentro de la revisión. Y este accedió para sustentar y ratificar sus posturas jurídicas, por las que ya había recibió honorarios oficiales.

Sin embargo, hace un par de meses, los representantes de la unión temporal ganadora presentaron una especie de recusación en la que señalaban que Fajardo también tenía impedimentos. Argumentaron que este ya se había pronunciado de fondo sobre el tema y ahora estaba participando en una nueva instancia.

La administración de Ramírez aceptó eliminarlo del proceso y luego procedió a emitir la resolución 2207, del 13 de junio de 2018, en la que ratifica la adjudicación de la auditoría.

Voceros de Adres le aseguraron a EL TIEMPO que para ellos el concepto de Fajardo no es vinculante. Además, que durante el proceso de verificación se hicieron tres audiencias públicas, y nadie logró demostrar la inhabilidad.

Y fueron enfáticos en que estaban en la obligación de resolver si revocaban la adjudicación, “pues el aplazamiento de la decisión estaba poniendo en riesgo el derecho fundamental a la salud de los colombianos”. Al respecto explicaron que sin que intermedie un proceso de auditoría, la Adres no puede reconocer el pago de servicios médicos.

En todo caso, y ante las preguntas que empezaron a hacer los entes de control, advirtieron que la resolución se puede objetar en 10 días. Y que allí se advierte que la adjudicación también se puede demandar contractualmente.

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Tomado de http://www.eltiempo.com