¿Qué sigue tras la venta de Isagén?

Por Diego Otero Prada / Razón Pública  

Nunca se había visto tanta oposición, ni con tantos argumentos. Pero el pésimo negocio quedó hecho, y ya no habrá quien siga construyendo las hidroeléctricas ni desarrollando las fuentes de energía alternativa que a Colombia le harán tanta falta.

Contra viento y marea

Las razones contra la venta de Isagén fueron numerosas, bien fundadas y precisas en cuanto a los inconvenientes de esta operación en cada una de sus facetas: la técnica, la económica, la financiera, la de seguridad energética, la jurídica y la política. Uno solo – cualquiera- de estos argumentos habría hecho que la venta no se llevara a cabo.

Pero  el gobierno no quiso oír ninguna de esas muchas razones.

Además, en la venta de Isagén se hizo evidente que los jueces estaban del lado del gobierno y de las multinacionales, pues fueron más de veinte las demandas y tutelas interpuestas, con argumentos muy serios, contra la venta. Pero no hubo poder humano que convenciera a los consejeros de Estado sobre la inconveniencia de la decisión.

Desde que comenzaron las privatizaciones en la década de 1990, nunca se había visto un consenso tan amplio en contra de la venta de un bien público como se vio en este caso: desde Uribe hasta las FARC, la mayoría de los partidos políticos, congresistas, expertos, sindicatos, redes sociales, organizaciones populares, ciudadanos en general y hasta la Procuraduría y la Contraloría se opusieron a la venta.

Pero tampoco desde que comenzaron las privatizaciones se había visto un gobierno tan ciego y tan terco. La experiencia en Colombia y en el mundo muestra que solo las grandes movilizaciones populares son capaces de evitar decisiones como esta; pero tampoco la hubo en este caso. 

Pésimo negocio

En vez de oír los argumentos técnicos, económicos, financieros, estratégicos, jurídicos y políticos que demostraban las ventajas de conservar Isagén, el gobierno se dedicó a chantajear la opinión con la tesis de que sin la venta de Isagén no habría vías 4G.

Sin embargo, en la Red de Justicia Tributaria demostramos que había más de 20 alternativas para financiar este y otros tipos de vías.

Nadie niega la necesidad de las vías que se quieren construir, y sería necio e irracional oponerse a ellas. Pero, ¿de qué servirá tener buenas vías si no hay producción industrial y agropecuaria? Al final.

Además, no hay claridad sobre la valoración de Isagén ni sobre la rentabilidad de las 4G o de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN). No se conocen los estudios sobre la valorización de Isagén ni sobre la rentabilidad de las 4G, y se ha confundido a la opinión con el rendimiento de los recursos de la FDN. La campaña del gobierno se montó sobre la desinformación.

Con la venta se recibirán cerca de 2.000 millones de dólares, pero hace un año la empresa valía casi 2.700 millones, o sea que se perdieron 700 millones de dólares, y esto ya es irreversible.

Además, como no hubo subasta sino un solo comprador puede decirse que hubo detrimento patrimonial, porque si se hubieran presentado al menos dos firmas el precio habría sido superior a los 6,48 billones de pesos fijados como mínimo por el gobierno. Era evidente que un único comprador se limitaría a ofrecer el mínimo preanunciado para esta falsa “subasta”. Con dos participantes hubiera habido una puja y se habrían recibido más recursos.

¿Cuánto se perdió? Es muy  difícil saberlo, pero en todo caso hablamos de varios miles de millones de pesos. Sin duda, este fue un pésimo negocio desde el punto de vista de la racionalidad económica

El negocio para otros

Tras la venta de Isagén se va a parar el desarrollo de las grandes hidroeléctricas en Colombia (excepto en Antioquia porque las Empresas Públicas de Medellín sí las van a construir en su departamento).

Las empresas extranjeras vienen a especular: a comprar y a vender. Entre todas las empresas privatizadas y compradas por extranjeros en Colombia, no hay ninguna que mantenga su dueño original en la actualidad. En todas ellas se han renegociado las participaciones, una vez o varias veces.

En este punto debo recordar que ya antes de la apertura de Hidrosogamoso, la rentabilidad de Isagén era del 10 por ciento sobre el patrimonio. Cuando la empresa era pública se tenía previsto duplicar en 20 años su capacidad instalada de generación, lo cual habría aumentado las utilidades distribuidas con cifras más que suficientes para respaldar un crédito por 7 billones de pesos para pagarlo en 10 años.

Por su parte, los rendimientos de los recursos en la FDN son los correspondientes a las condiciones financieras de los créditos a los privados, es decir, menos del 10 por ciento de la rentabilidad que ofrecía Isagén antes de Hidrosogamoso. Y no existe ningún estudio conocido sobre la rentabilidad de las 4G, así que lo que se ha venido diciendo para justificar el negocio no tiene ninguna base, son simplemente especulaciones.

Estos créditos son típicos de los préstamos para los dueños de las grandes empresas constructoras, quienes van a obtener créditos muy blandos y que, por supuesto, estaban presionando la venta. Así lo hicieron, por ejemplo, a través del diario El Tiempo y de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), entidades en las cuales tiene bien conocidos intereses el constructor Luis Carlos Sarmiento Angulo.

Por último, el proceso de venta fue muy cuestionable. Se aprovechó la época de vacaciones del Congreso,  la Rama Judicial y la ciudadanía. El ministro de Hacienda manipuló la información sobre los proponentes y todo indica que ya sabía que la empresa chilena Colbun no iba a participar; pero el gobierno mantuvo lo contrario hasta dos días antes de la pseudo-subasta para evitar las acciones legales y las protestas populares.

Fiebre privatizadora

Con una empresa estatal de generación Colombia hubiera podido acelerar su entrada a la Tercera Revolución Industrial, que está centrada en la generación de energías renovables, como la hidroeléctrica, la solar, la eólica, la geotérmica y la mareomotriz.
Seguramente, en el futuro tendrá que constituirse una nueva empresa de generación estatal para acometer la construcción de las grandes hidroeléctricas que ya están previstas a lo largo y lo ancho de toda la geografía nacional.

En casi todo el mundo, las grandes hidroeléctricas han sido construidas por empresas públicas, pues al sector privado no le gustan estos proyectos cuya maduración suele tardar más de seis años, porque ellos quieren utilidades en el corto plazo.

En el fondo lo que está en juego en este episodio es la elección entre dos modelos; el privatizador y el público; el Estado mínimo o el Estado interventor. Por eso es importante la defensa de lo público, que está sufriendo la arremetida de los neoliberales. En esta fiebre privatizadora, y todo lo que pueda convertirse en mercancía.

Razón Pública, Bogotá.