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Referendo por el agro: los consumidores en primer lugar

Por Aurelio Suárez Montoya

Esta iniciativa pretende garantizar la autonomía alimentaria del país fomentando y protegiendo la producción nacional de las diversas ramas agropecuarias.

A comienzos de junio, varias organizaciones agrarias de distintas escalas de la producción agrícola y pecuaria, así como las centrales obreras y organizaciones ambientales, ecológicas y sociales, se dieron a la tarea de recoger los millones de firmas que permitan convocar a un referendo −que han denominado ‘Por el agro’−, buscando cambiar los artículos de la Constitución atinentes al sector (64, 65 y 66) y además el 100.

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Por Aurelio Suárez Montoya

Esta iniciativa pretende garantizar la autonomía alimentaria del país fomentando y protegiendo la producción nacional de las diversas ramas agropecuarias.

A comienzos de junio, varias organizaciones agrarias de distintas escalas de la producción agrícola y pecuaria, así como las centrales obreras y organizaciones ambientales, ecológicas y sociales, se dieron a la tarea de recoger los millones de firmas que permitan convocar a un referendo −que han denominado ‘Por el agro’−, buscando cambiar los artículos de la Constitución atinentes al sector (64, 65 y 66) y además el 100.

Dicha iniciativa pretende garantizar la autonomía alimentaria del país fomentando y protegiendo la producción nacional de las diversas ramas agropecuarias; renegociar los asimétricos TLC, una coyunda sobre el agro cuyos resultados reforzaron las calamidades padecidas en 20 años de apertura; apoyar una ley especial para la agricultura familiar, hoy en vía de extinción sin riego, ni crédito, ni asistencia técnica, tal como lo corrobora el censo del 2014; y, respecto al 100, restringir el tratado nacional, con limitaciones precisas a la extranjerización de las tierras.

Escasamente se había encaminado el trabajo cuando empezó a dispararse en su contra: se calificó como “visión antagónica” del desarrollo agrícola por la vía de las exportaciones o como “peligro” para las industrias y consumidores. Estos argumentos, trillados en los debates con ocasión del tratado con Estados Unidos, se tropiezan contra la evidencia. Mientras que en 1999 había 78 países importadores netos de alimentos y productos agrícolas, para el 2009 eran 94, y, a contramano, los exportadores netos cayeron de 59 a 43 (ICTSD, 2012). Es el resultado del libre comercio global agrícola que se va concentrando en Estados Unidos, las naciones europeas, Rusia, China, Brasil y Argentina en algunas ramas. En cereales y granos, los excedentes para el comercio llegan ya al 15 % de la producción anual (FAO, 2014).

Colombia es de los importadores más supeditados. Desde 1992 hasta el 2010, la dependencia en cereales externos pasó del 25 % de la demanda al 59 %, y sigue creciendo, como en el arroz con el TLC. La dotación en kilos −producidos aquí− por habitante al año, de 1990 al 2015, entre otros géneros como el trigo, cayó de 2,91 a 1,2; la de fríjol bajó de 3,67 a 2,72; la de arroz descendió de 58,8 a 46,7, y la de cebada, de 2,79 a 0 (Suárez, 2007-2015). Entre 1990 y 2011, las compras externas de maíz se multiplicaron por 85, al pasar de 32.804 toneladas a 2’820.000, y el precio unitario pasó de 185 dólares a 328; las de aceite de soya aumentaron 6,5 veces y el precio se triplicó (FAO).

La avalancha de compras externas de productos agropecuarios hacia el país se cubrió con la exportación de hidrocarburos y minerales, y fue herramienta expedita para controlar el índice de precios, pero cuando explotaron las cuentas externas, por la caída de las cotizaciones de los productos básicos y por el déficit acumulado, la devaluación se transmitió a la inflación, la que en el renglón de alimentos, de julio del 2015 a julio del 2016, alcanzó un escandaloso 15,71 %. Y como el faltante de divisas se financia con créditos, vendrán impuestos más altos en “reformas tributarias estructurales” para honrarlos.

También en la nutrición se expresa la carencia nacional de los componentes de la dieta básica. En el trienio 1994-1996, la población desnutrida llegaba a 3’940.000 personas, y en el 2016 son 4’290.000 menos en términos relativos a la población total, pero más en números absolutos, teniendo en cuenta sí que el porcentaje actual, de 8,8 %, supera el promedio de Suramérica, inferior a 5%, y donde los gramos de proteína por habitante al día son 83, en tanto que en Colombia insuficientemente llegan a 69 (FAO).

Falta mencionar la dimensión política que supone la pérdida de soberanía alimentaria. Earl Butz, secretario de Agricultura de Estados Unidos, dijo al respecto en 1974: “Si se busca una forma de que la gente dependa y colabore con uno, me parece que la dependencia alimentaria es fantástica”. He ahí una cita adecuada para llamar a la reflexión a los detractores del referendo.

Menos alimentos nacionales por habitante, más caros, más colombianos desnutridos, más impuestos para cubrir déficits y más sujeción del extranjero. Para empezar a echar atrás este trágico cuadro, firmemos ya, y masivamente, el referendo ‘Por el agro’. No es solo asunto de productores, de la oferta; lo es ante todo de la demanda, de los consumidores.

 

 

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