Se constituye Comité promotor contra Ley Urrutia-Lizarralde de acaparación de baldíos para beneficio del gran capital

Como consecuencia de la determinación del gobierno de Juan Manuel Santos de tramitar lo que el senador del Polo Democrático Alternativo Jorge Enrique Robledo ha denominado la “Ley Urritia-Lizarralde” por la paternidad de la misma, cuyo propósito es el de entregar los baldíos de la nación -patrimonio público– destinados a campesinos sin tierras, a las grandes empresas, nacionales y transnacionales, varios sectores sociales y populares determinaron constituir un Comité promotor contra esta lesiva iniciativa.

Se trata de desarrollar una serie de protestas contra el proyecto de Ley 133 que no solo busca permitir a empresas privadas seguir acaparando tierras baldías, sino también legalizar las miles de hectáreas de tierras mal habidas hasta ahora (entre ellas las detenidas por gente del gobierno, congresistas y sus aliados económicos), y quitarle la tierra al campesino para que pase a ser un simple trabajador “asociado” de las grandes empresas.

Para los organizadores de este Comité promotor, este “un proyecto de ley monstruoso para un país donde el problema de la concentración de la tierra y la desigualdad en su repartición, es uno de los peores del mundo”.

Una de las primeras acciones de esta organización ha sido la elaboración de una carta abierta queserá presentada en una audiencia pública (fecha por definir) en la Comision V de la Cámara, para exponer los puntos de vista de las las organizaciones sociales y campesinas.

Para suscribir la carta dirigirse al siguiente correo electrónico: comunicacionesdedise@gmail.com, desde el cual se está centralizaremos la recepción de adhesiones.

El texto de la misiva es el siguiente:

Señores:
Comisión Quinta
Cámara de Representantes

Como personas preocupadas por la distribución de la tierra, la soberanía alimentaria, la protección de la producción campesina y la consolidación de la paz en Colombia, vemos con preocupación la presentación del Proyecto de Ley Número 133 de 2014, “por la cual se crean y se desarrollan las Zonas De Interés De Desarrollo Rural y Económico, y se adiciona el artículo 52 y se interpreta el artículo 72 de la ley 160 de 1994”, por las siguientes consideraciones:

i. Legaliza la adquisición irregular de baldíos y en consecuencia, su concentración en poder de grandes empresarios nacionales y extranjeros. Los casos ya denunciados de acaparamiento de baldíos, podrían ser presentados como los proyectos asociativos incluidos en el proyecto, los acaparadores se pasarían por gestores y de esta forma, las cuestionadas compras podrían quedar legalizadas.

ii. Favorece la extranjerización de las tierras, puesto que viabiliza las compras de grandes multinacionales agrícolas que han mostrado su interés en adquirir tierras en países como Colombia, concretamente en la Altillanura.

iii. El proyecto obliga en la práctica a que los campesinos se vinculen a los proyectos asociativos, desdibujando su autonomía y entregando las tierras a grandes empresarios.

iv. Las alianzas que promueve el proyecto son claramente asimétricas, ubicando a los campesinos como proveedores de mano de obra y tierras para asociarse con un gestor. Existe suficiente evidencia de cómo los costos indirectos de los proyectos productivos son transferidos en este modelo de alianzas a los campesinos.

v. Contradice los acuerdos de La Habana logrados entre el gobierno y la insurgencia, que hablan de la creación de un fondo de tierras de distribución gratuita. Con las ZIDRES se pondría en peligro la disponibilidad de gran parte de los predios baldíos para alimentar dicho fondo.

vi. El proyecto se basa en la falsa presunción de que la economía campesina es improductiva. Desconoce que gran parte de los alimentos que se consumen en Colombia son proveídos por campesinos y además, la mayor productividad de la pequeña escala, probada desde hace décadas.

vii. Favorece la especulación financiera con las tierras.

viii. La iniciativa trata de cosa juzgada, puesto que los propósitos principales del proyecto ya fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional mediante Sentencia C – 644 de 2012.

Por las anteriores consideraciones, solicitamos a los Honorables Representantes de la Comisión Quinta el archivo del Proyecto de Ley Número 133 de 2014. Igualmente, reclamamos espacios suficientes de participación para que las diferentes organizaciones interesadas puedan expresar sus reparos frente a la iniciativa.
Cordialmente,

COMITÉ PROMOTOR CONTRA LA LEY URRUTIA LIZARRALDE

Firmas que respaldan el rechazo al Proyecto de Ley: