Un debate desinformado

Por Aurelio Suárez Montoya  

El 12 de octubre CM& realizó un debate con candidatos a la alcaldía y como interlocutores llevó a dirigentes gremiales y empresariales.

El presidente de Fenalco, la vocera de la Cámara de Comercio, el de los operadores del SITP, un abogado inmobiliario y un exdirector de la Policía. Más que las respuestas, que trataron de acomodar los candidatos, me llamaron la atención las preguntas, por su vaguedad y, en especial, porque no eran sobre asuntos atinentes al presente y al porvenir inmediato de Bogotá.

Hago especial mención de la política hacia vendedores ambulantes, contratos de Transmilenio (TM) y el SITP y el carácter de las empresas de servicios públicos.

Insólito (tanto como indagar sobre el POT y planes parciales sin contar con el extravagante decreto 562) que el jefe de los comerciantes desconozca que frente al espacio público hay un marco regulatorio expedido por Petro (Decreto 456 de 2013), que, de hecho lo privatiza al volverlo mercancía de arriendo y confina por cinco años a los venteros a las llamadas zonas de aprovechamiento (ZAERT) para luego expulsarlos. Como era lógico, propusieron cosas que no cumplirán sin derogar el decreto de marras. La pregunta ayudó a que Peñalosa ligara a los informales de nuevo con el delito. Las demás propuestas quedarán en el aire en tanto rija el 456.

Y con los contratos del SITP y TM. Ambos tienen el mismo esquema de remuneración del servicio, con más del 90% para operadores privados, recaudadores y fiducias, y menos del 5% para el Distrito. No hay que olvidar que el ‘Frankestein’ contractual nació en el año 2000 con Peñalosa, se reforzó en 2010 con el SITP y se prorrogó para las fases 1 y 2 en 2013 con Petro. Esto creció con severos impactos fiscales: $2 billones, casi el recaudo completo del predial del 2015, es el equivalente de las transferencias que, por la diferencia entre la tarifa técnica y comercial, se ha trasladado desde 2011 a los zares del transporte.

La renegociación de estos contratos es imperativa por razones fiscales, por consideraciones con el usuario, tal como ya lo ordenó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque los operadores mantienen derechos sobre una APP (Bogotá Elektrika) no rechazada del todo y por el desequilibrio financiero del contrato, el mayor en Colombia. La “chambonada” -como dijo Pardo- va más allá de las losas y la pregunta adecuada hubiera sido si, para tapar el agujero, la administración subirá el pasaje del sistema. ¡Esa sí era la pregunta del millón!

Vale decir algo respecto al interrogatorio sobre la eventual privatización de las empresas de servicios públicos domiciliarios y su autonomía. Increíble, que a estas alturas se olvide que todas ellas, desde la segunda mitad de la década de los noventas, excepto la EAAB (Acueducto), ya están privatizadas, con presencia determinante de los socios particulares. Codensa y Emgesa se rigen por un tipo de gobierno corporativo autónomo y en el caso de ETB y EEB (Energía), con más del 13% de accionistas particulares, el hecho de que coticen en la Bolsa de Valores las coloca muy lejos de un régimen dependiente de la administración pública. El cuestionamiento era al revés: ¿Las desprivatizaría? Sirvió para que el muchacho Raisbeck, que vive en otro mundo, hiciera profesión de fe del mercado bursátil, sin reparar que no sólo es altamente imperfecto sino que aquí tiene los más altos niveles de concentración de América Latina, luego de la bolsa de Lima.

Lo deseable es que los próximos debates sí pregunten en el marco de la vida, de las instituciones y de las realidades de Bogotá no sobre temas superados o escenarios hipotéticos que ornan las campañas pero que estarán muy lejos de lo que vivirá quien administre a Bogotá a partir del primero de enero de 2016.

@AurelioSuarez

El Espectador, Bogotá.