Una masacre contra la justicia: La Rochela, 25 años de impunidad

Por Daniel Salgar Antolínez / El Espectador  

Hace siete años la Corte Interamericana condenó al Estado por el asesinato de 12 funcionarios judiciales en una emboscada paramilitar apoyada por agentes del Ejército. La sentencia no se ha cumplido a cabalidad.

Hace exactamente 25 años, en la vereda de La Rochela, en el municipio de Simacota, Santander, fueron asesinados 12 de 15 funcionarios del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial que investigaban en la zona una serie de homicidios, al parecer cometidos por la alianza entre

grupos de autodefensas y miembros del Ejército. Tres de los investigadores sobrevivieron al horror simulando estar muertos. Luego se supo que la masacre había sido perpetrada por el grupo paramilitar los Masetos, con el apoyo de altos mandos militares y el fin de dejar en la impunidad los asesinatos originales.

Un informe del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación explica que desde mediados de los años 80 ya había preocupación por el crecimiento del fenómeno paramilitar en el Magdalena Medio. Eran cada vez más frecuentes las denuncias de habitantes de la zona sobre desapariciones, torturas y asesinatos cometidos por el Ejército, con colaboración de grupos paramilitares, en contra de campesinos señalados de colaborar con la guerrilla.

También se sabía de casos de personas que huían de sus tierras ante las amenazas de los Masetos, que eran conocidos ampliamente en la región y con frecuencia patrullaban y realizaban retenes junto a las fuerzas armadas oficiales. El episodio de La Rochela fue la triste confirmación de esas preocupaciones.

Los investigadores judiciales no estaban tranquilos ese 18 de enero de 1989, sabían que estaban en zona roja. En todo caso, al llegar a La Rochela sacaron dos escritorios de la inspección de Policía y comenzaron sus diligencias. Cuando ya habían escuchado los testimonios de al menos ocho campesinos, apareció un grupo de unos 40 hombres con prendas militares y armas pesadas. Decían ser guerrilleros del frente XXIII de las Farc, supuestamente bajo el mando del comandante Ernesto, quien había manifestado su intención de colaborar y brindar protección a la comisión judicial, y del comandante Vladimir.

Después de conversar sobre las labores de los agentes judiciales y comprobar que habían investigado la desaparición de 19 comerciantes en Puerto Boyacá (que fue perpetrada por los paramilitares con el apoyo de agentes del ejército y por la cual el Estado fue condenado en 2004 por la Corte IDH), los supuestos guerrilleros dijeron que el Ejército se encontraba cerca y, para evitar que el grupo corriera peligro, pidieron a los funcionarios que se dejaran amarrar las manos y subieran a dos camperos para simular un secuestro y evitar el riesgo de que murieran en el fuego cruzado.

Por supuesto, todo era un engaño minuciosamente pensado para desaparecer a la comisión judicial y hacer parecer a la guerrilla como culpable. Ernesto era en realidad el paramilitar Julián Jaimes y Vladimir era Jesús Baquero. Después de andar unos kilómetros, los autos se detuvieron y alrededor de 15 hombres dispararon de manera indiscriminada contra los funcionarios judiciales.

Cuando se supo que no eran guerrilleros sino paramilitares apoyados por las Fuerzas Armadas, en el país se despertó una gran indignación porque agentes estatales, en vez de brindar protección, hubieran participado en la ejecución de operadores de justicia. Surgió un profundo cuestionamiento sobre si el Estado y sus instituciones estaban del lado de las víctimas o de los victimarios.

Viviana Kristicevic es la directora ejecutiva del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización que junto al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo denunció el caso de La Rochela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego representó a las víctimas y sus familiares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En conversación con El Espectador, Kristicevic dice que “la masacre fue percibida como ‘un golpe al Estado de derecho’, como señaló uno de los testigos en la audiencia que se llevó a cabo en el caso ante la corte”.

La sentencia de la Corte IDH fue emitida en mayo de 2007. El tribunal consideró que los hechos se habían producido en un contexto de violencia contra funcionarios judiciales y estableció que entre 1979 y 1991 aproximadamente un promedio anual de 25 jueces y abogados fueron asesinados o sufrieron un atentado.

También determinó que la masacre fue perpetrada bajo un marco legal que permitió la creación de grupos de autodefensa que posteriormente se convirtieron en paramilitares. En efecto, en la década de los ochenta estaban vigentes normas como el Decreto 3398 de 1965, adoptado como legislación permanente mediante la Ley 48 de 1968, que permitían la colaboración entre militares y civiles denominados autodefensas. Bajo esa normativa, el Ejército había realizado manuales para formar, instruir y apoyar juntas de autodefensas.

La Corte IDH condenó a Colombia por las violaciones a la vida, la libertad personal y la integridad personal de las víctimas y sus familiares. También consideró que Colombia había violado el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, dado que, a pesar del largo tiempo transcurrido desde los hechos, no había avances en la investigación ni sanción a los responsables.

El tribunal ordenó al Estado activar y completar la investigación de la masacre con el fin de juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales y constató que no se había investigado la relación entre el grupo paramilitar Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio (Agdegam) y los altos mandos militares. Incluso mencionó la falta de investigación a altos mandos como el general Farouk Yanine Díaz, el general Carlos Julio Gil Colorado, el coronel Jaime Fajardo Cifuentes y otros. También aclaró que “el Estado tiene el deber ineludible de reparar de forma directa y principal aquellas violaciones de derechos humanos de las cuales es responsable”.

Fue la primera decisión dictada por la Corte IDH tras la emisión de la Ley 975, de Justicia y Paz, que era muy relevante dado que varios de los paramilitares implicados en la masacre eran beneficiarios del proceso de desmovilización. Kristicevic explica que, si bien la corte no entró a analizar en detalle la Ley de Justicia y Paz, estableció que el derecho a la verdad se debía garantizar “en la forma más idónea, participativa y completa posible”, otorgando a las víctimas la posibilidad de participar “en todas las etapas de los respectivos procesos”.

Además, el tribunal se pronunció sobre temas que son claves ahora, sobre todo respecto al modelo de justicia transicional y la proporcionalidad de las penas en los procesos de Justicia y Paz. Señaló que las penas para los desmovilizados debían ser proporcionales, “en función de la diversa naturaleza y gravedad de los hechos”. Asimismo llamó la atención sobre la falta total de protección a operadores de justicia y a la posterior desprotección de los funcionarios judiciales, familiares y testigos que trataron de impulsar las investigaciones.

¿Qué ha hecho el Estado?

Viviana Kristicevic recuerda que meses después de la masacre, el Estado reconoció implícitamente su responsabilidad por el surgimiento del fenómeno paramilitar, al emitir una serie de decretos dirigidos a acabar con él. Luego, en la audiencia pública ante la Corte Interamericana, reconoció parcialmente su responsabilidad por acción y omisión en la masacre. Dado que ese reconocimiento fue sólo parcial, se mantuvo la controversia sobre el nexo entre paramilitarismo y funcionarios estatales.

Después de la sentencia, en donde fue “plenamente probado” el nexo entre paramilitarismo y agentes estatales, el Estado ha cumplido con realizar un acto para honrar la memoria de las víctimas y también con publicar y difundir el fallo de la Corte IDH. Sin embargo, dice Kristicevic, algunos de los actos simbólicos se realizaron sin consultar a los familiares de las víctimas, por lo que no tuvieron el efecto reparador esperado. El Estado también ha adelantado acciones para dar prestaciones en educación y salud a los familiares de las víctimas y realizó el pago de las indemnizaciones ordenadas por la corte.

Sin embargo, sólo aceptó parcialmente su responsabilidad respecto a la violación del derecho de las víctimas a la protección judicial y las garantías judiciales, punto central en el litigio, porque las víctimas cuestionaban los procesos de Justicia y Paz y el trato dado a los desmovilizados. Durante la audiencia ante la corte, una testigo dijo que “la Ley de Justicia y Paz es un insulto a las víctimas”.

Una de las medidas de reparación más importantes que siguen sin cumplirse es la investigación y sanción de todos los responsables. “Hasta la fecha, la investigación penal en la justicia ordinaria se adelanta desde 2009 respecto a tres generales del Ejército y un excongresista por su participación en la masacre. Sin embargo, la investigación lleva más de un año sin actividad procesal y las personas investigadas se encuentran actualmente en libertad luego de que el Fiscal del caso considerara que no participaron en los hechos y en consecuencia no era necesaria la detención preventiva. Además, hay otros agentes estatales a los que se les sindicó de participar en la masacre, a quienes no se ha investigado hasta la fecha”.

En relación a los paramilitares implicados, especialmente Iván Roberto Duque y Ramón Isaza, se acogieron a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz y comparecieron en varias oportunidades en las diligencias de versión libre, donde sin embargo se negaron a dar información útil para esclarecer su participación y la de otras personas. Por tanto, dice la directora de Cejil, 25 años después de la masacre, con posterioridad a la emisión de la sentencia no existe ninguna condena penal por los hechos.

Colombia tampoco cumplió con crear un programa de protección para testigos y operadores judiciales, como ordena la sentencia. Aunque el Estado cuenta con varios programas de protección, son anteriores al fallo y no se ha aprovechado la oportunidad para fortalecerlos. Hoy, dice Kristicevic, uno de los sectores mayormente amenazados en el país es el de los operadores judiciales y cualquier persona que impulse investigaciones por graves violaciones con la participación de agentes del Estado.

Tras la emisión de la sentencia ocurrieron hechos que pusieron en peligro la vida e integridad de las víctimas. En 2009, tres de las viudas de los operadores judiciales fallecidos recibieron múltiples amenazas de parte de paramilitares, en las que se les pedía que dejaran las investigaciones y se las declaraba objetivo militar si no lo hacían. Estos grupos no sólo amenazaron a las víctimas directamente, sino también la vida de sus hijos y nietos.

A raíz de esto, la Corte Interamericana concedió en noviembre de 2009 medidas provisionales de protección para las tres familiares amenazadas, las cuales están aún vigentes. A pesar de ello, Kristicevic asegura que las víctimas siguen recibiendo amenazas y hostigamientos por perseverar en su lucha contra la impunidad: “Esta situación de peligro sigue en la actualidad. Las amenazas tienen una vinculación directa con la falta de investigación y sanción de los culpables de la masacre de La Rochela, que sigue impune hasta hoy. Además, a pesar de que las amenazas han sido denunciadas a nivel interno, hasta ahora el Estado no ha investigado ni sancionado a los responsables de estos hechos”.

El Espectador, Bogotá.