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ZIDRES: nuevo modelo de usurpación al campesinado colombiano

Por Dianna Camila Dávila / Democracia en la Red  

Los tres primeros meses del 2016, sin duda, han sido de los más vertiginosos en cuanto al acontecer político, social y económico se refiere: la firma del proceso de paz, los escándalos de corrupción en Reficar y Ecopetrol y la insólita subasta con un solo oferente de la rentable empresa estatal Isagen entre muchos otros sucesos se destacan en tan poco tiempo.

En medio de ese panorama, al que podemos denominar la “paz neoliberal” de Santos se encuentran las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES), que mediante la Ley 1776 fue sancionada por el presidente el pasado 29 de enero.

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Por Dianna Camila Dávila / Democracia en la Red  

Los tres primeros meses del 2016, sin duda, han sido de los más vertiginosos en cuanto al acontecer político, social y económico se refiere: la firma del proceso de paz, los escándalos de corrupción en Reficar y Ecopetrol y la insólita subasta con un solo oferente de la rentable empresa estatal Isagen entre muchos otros sucesos se destacan en tan poco tiempo.

En medio de ese panorama, al que podemos denominar la “paz neoliberal” de Santos se encuentran las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES), que mediante la Ley 1776 fue sancionada por el presidente el pasado 29 de enero.

El proyecto da vía libre a la usurpación de 7 millones de hectáreas las cuales serán destinadas a la agricultura latifundista derogando las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) establecidas en la Ley 160 de 1994. Este mecanismo previo, las UAF, imposibilitaba la acumulación indebida de tierras y evitaba que un solo propietario pudiese comprar o poseer decenas o miles de predios.

Las ZIDRES asegurarán todo lo contrario: permitirán que se presente una enajenación irregular de baldíos por parte de grandes empresas nacionales y extranjeras facilitando la concentración y la expropiación de tierras declaradas improductivas.

La argumentación principal del gobierno es que existen millones de hectáreas en donde no se realiza ningún tipo de actividad provechosa, baldíos concentrados principalmente en la altillanura colombiana, ubicada en los departamentos de Vichada, Guainía y Vaupés. Lo que encierra en sí el proyecto es permitir que dichas tierras pasen a manos de grandes conglomerados económicos al establecer una serie de restricciones normativas, financieras y legales a los hogares campesinos que quisieran hacerse a ellas.

La otra realidad que esconde el proyecto es el verdadero uso que se le darán a gran cantidad de estos predios: plantaciones de palma, actividades ganaderas y explotación de minerales como el oro y el coltán sustituirán a los cultivos de alimentos que las urbes tanto echan de menos. Entre el variopinto de beneficiados por la nueva Ley ZIDRES se encuentran multinacionales, empresas mineras y gremios favorecidos tradicionalmente por los gobiernos de turno: FEDEGAN, Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) e Indupalma.

Sin equívocos, esta iniciativa gubernamental agudiza el mal principal que el campo ha experimentado en su historia relacionado con la distribución desigual de la tierra y la falta de acceso a ella por parte de millones de campesinos. Anclada en el epicentro de la discusión subyace la siguiente disyuntiva: Si la ley ZIDRES imposibilita el acceso y aumenta la concentración de la tenencia de la tierra en su esencia, entonces ¿cuál será el destino de miles de campesinos en el territorio nacional? La respuesta parece salir a flote a simple vista: este conglomerado social se convertirá en la mano de obra que sacará adelante los venideros proyectos de agricultura extensiva en condiciones laborales, que han de suponerse, deplorables.

Adicionalmente cabe acotar que este nuevo proyecto gubernamental permitirá que empresas que actualmente tienen en el limbo jurídico miles de hectáreas, como sucede con Manuelita S.A, Riopaila-Castilla S.A o la multinacional Cargill, puedan legalizarlas al derogarse las UAF. Uno de los “micos” principales de esta iniciativa es el que le otorga a las ZIDRES funciones plenipotenciarias que acaban con la potestad de los municipios y departamentos para decidir sobre temas relacionados con su propio ordenamiento territorial.

Decenas de organizaciones sociales, agrarias, campesinas y centros de investigación nacionales y extranjeros ya han manifestado su inconformidad con esta ley que actúa en contravía de una de las recomendaciones agrícolas establecidas por la FAO que señala que el minifundio es el tipo de cultivo más rentable y productivo. En el aire quedarán las aspiraciones de millones de campesinos de acceder a un pedazo de tierra, posibilidad que nuevamente será arrebatada históricamente por la mezquindad de unos pocos.

Democracia en la Red, Bogotá.

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