Polo Democrático Alternativo

El Sr Santos, Juan Manuel, no se ha disculpado ante el país por la responsabilidad política de la mentira que le cabe al haber tratado de obstruir la justicia en el caso del “falso positivo” montado por mayor Javier Hermida y el capitán Gerardo Barrero, acusados hoy formalmente por la Fiscalía.

Como lo pidieron el Partido Liberal y el Polo, su renuncia debía estar ya firmada si -agrego yo- tuviera dignidad, término que usó su abuelo y que el Ministro desconoce.

La cuestión de los falsos positivos muestra en realidad una terrible tragedia: la impunidad con que actúan las Fuerzas Armadas en numerosos casos. A veces se pilla a un oficial o a una patrulla de soldados porque caen en contradicciones con las versiones de policía, como en Jamundí o Guaitarilla, o porque el hecho es tan brutal y sangriento, como el caso de Cajamarca. Pero en general están blindados por el espíritu de cuerpo -que podría ser entendido también como complicidad institucional- o porque salta en su auxilio la Judicatura, pasa el asunto a la Justicia Penal Militar y ahí cae en un agujero negro. La reciente conclusión de la Comisión de la Verdad, que investigó los sucesos del Palacio de Justicia, acusa al Ejército con sobrados fundamentos no sólo de haber fusilado magistrados, desaparecido ciudadanos y borrado pruebas sino, de manera tácita, de haberle mentido al país durante 25 años. El procedimiento regular es que, una vez pillados, el Presidente o el ministro o el comandante o el cabo, salen a decir que es un caso aislado de manzanas podridas, cuando la verdad es que el árbol tiene una enfermedad incurable: la impunidad. Impunidad tolerada por el poder civil a cambio de todo tipo de abusos y desafueros cometidos por los gobiernos contra la gente corriente.

Hoy estamos en la puerta de otra lavada de manos histórica. Como se vio la semana pasada, la Fiscalía inició un proceso que la Corte Suprema tiene en sus manos y que, todo parece indicar, seguirá sindicando a políticos y, sin duda, a funcionarios del gobierno de Uribe y de otros gobiernos, como es lógico. La madeja es grande. Sin mucha dificultad y por simpatía, como la pólvora, llegará el incendio a tocar a los terratenientes que han montado y financiado el paramilitarismo. De paso llegará el “efecto carambola”, pero con menos fuerza, sin duda, a la guerrilla. Se buscará un empate para que la oposición se calle. Y no debe callarse en ningún caso. Y quizás hasta ahí se tolerará el escándalo. La semana pasada, y sólo de pasada, Semana tocó el tema medular: las relaciones entre el paramilitarismo y las Fuerzas Armadas. Ahí está el verdadero problema y el origen de la tragedia. Si en este envión justiciero no se destapan todas las cartas y se lleva la investigación hasta sus últimas consecuencias -que quiere decir raíces-, nada se habrá adelantado, nada se habrá juzgado y el país seguirá hecho de silencios y mentiras.

¿Cómo podría sostenerse que 30.000 efectivos militares que los ‘paras’ reclaman como sus “propios” han sido organizados sin que la Fuerza Pública se haya dado cuenta? ¿Cómo pueden contrabandearse armas para tanta “unidad”? ¿Cómo puede actuar semejante ejército sin “inteligencia” militar? El caso del DAS no agota el papel de los servicios de seguridad en el nacimiento, crecimiento y consolidación del paramilitarismo, como ahora quieren que la cosa aparezca. Los cuentos de las manzanas podridas, del país inviable, de los engaños a los presidentes, son recursos repugnantes. Tarde o temprano la verdad saldrá a flote. Entre más pronto, menos daño hará. La oposición tiene una trascendental responsabilidad en velar por la poca democracia que hay y por la construcción de una nueva que le ponga, por fin, el cascabel al gato.