Conecta con nosotros

Senado

20 de julio de 2020: Se instala una nueva legislatura.

Avatar

Publicado

en

20 de Julio 2020

Colombianos y colombianas.

Señor  Presidente,

Se instala una nueva legislatura.

Lo primero es solidarizarnos con las personas contagiadas por Coronavirus y con los familiares que han perdido a sus seres queridos, estamos con ustedes.

Deseamos que esta pandemia pase lo más rápido posible para regresar a la “normalidad”, visitar las regiones, hablar con los ciudadanos y volver a nuestras actividades cotidianas. Al personal de salud que atiende en todo el país un gran reconocimiento, nuestro sincero respeto y consideración, al igual que a sus familias, que los acompañan y les dan la fuerza suficiente para continuar salvando vidas. Ustedes sí son héroes.

A mediados de marzo se oficializó la llegada del Covid-19 al país.  Muchas cosas cambiaron para la humanidad.  Las fábricas dejaron de producir, los aviones se quedaron en tierra, los niños, las niñas y los jóvenes no regresaron a las escuelas, colegios y universidades.  Los adultos mayores se volvieron más vulnerables. Los hospitales empezaron a tener más pacientes que necesitan oxígeno para seguir viviendo. La vida social se anuló y la virtualidad, que en parte aleja, empezó a ocupar un primer lugar.

Esta dura realidad ocasionó que el Gobierno decretara el Estado de Emergencia Económica y Social, que nos llevó al confinamiento.  Apareció el Decreto 491 del  28 de marzo  y en su artículo 12  ordenó la virtualidad del Congreso. Hace pocos días la Corte Constitucional lo declaró inexequible argumentado, además, que las decisiones no tenían ninguna afectación. En esos términos hay un debate jurídico nacional abierto.

Desde ese momento señor Presidente, usted aparece en su programa diario al estilo de un “reality show”. El país se inundó de decretos, resoluciones y normas, como nunca en ningún gobierno. Algunas nada tienen que ver con la pandemia. De 164 decretos solamente 5 se refieren a la salud. Varios tocaron temas sensibles para la sociedad como las pensiones, la eliminación de aranceles para las importaciones, la enajenación de bienes públicos, y otros. 

La oposición, y miembros de otros partidos reclamaron de inmediato el funcionamiento regular de Congreso, que solo se logró a mediados del mes de abril. El Congreso se limitó a ser casi una plataforma virtual, con lo que se le impidió dar debates profundos; no se cumplió siquiera con los procedimientos que determina la Constitución para someter a consideración las motivaciones de la  medida de Emergencia. Perdimos tiempo valioso para discutir, analizar y también ayudar. Es inexplicable que el pueblo salga a trabajar y nosotros sigamos en virtualidad.

Como es práctica habitual en la Corporación,  las sesiones inician en horas de la tarde y hasta altas horas de la noche, algunas veces,  se aprueben a las volandas y por fatiga leyes y hasta reformas de la Constitución.

Para los partidos que apoyan al Gobierno todo está bien. La mermelada se repartió gota a gota con nombramientos en  Viceministerios, Embajadas y Consulados; con la particularidad donde familiares de jefes paramilitares tienen cuota en el Ministerio del Interior, para el cargo de atender a las víctimas, desterrando a los sobrevivientes y familiares de víctimas del Estado que por dignidad no van contar su sufrimiento a los familiares de los victimaros.

La represión social es la característica de esta cuarentena. La respuesta policial a los reclamos por derechos se ha convertido en un proceder cotidiano del Gobierno Nacional. La emergencia ha sido dirigida a recortar la democracia, a militarizar regiones, a llevar soldados a zonas rurales donde el Esmad arremete contra los campesinos, los indígenas y afros en el Cauca, Nariño, Catatumbo, Guayabero, sur de Bolívar y otras regiones del país.

Las bombas lacrimógenas dejaron de ser exclusivas de la ciudad para llevarlas hasta las zonas rurales; ahora queda evidente porque aspiran a gastar 2 billones de pesos en comprar tanquetas, granadas, fusiles y balas como las que mataron a Dilan Cruz; en cambio de invertir en millones de mascarillas, desinfectantes para entregar a quienes los necesiten para prevenir el contagio, medida puesta en práctica por muchos países en el mundo y que se requiere en estos momentos en Colombia. Los excluidos son los que están llevando a cuestas la crisis, incluso poniendo en riesgo su propia vida.

Los problemas de miseria, pobreza y desigualdad son estructurales en nuestra sociedad, salieron a flote en toda su dimensión en tiempos de pandemia. Según el Dane el 48% de hombres y 46% de mujeres hacen parte de la economía informal, para nosotros economía popular; trabajaban en la calle buscando su diario vivir y no pudieron volver a salir, tampoco tuvieron a donde ir, muchos fueron lanzados de los inquilinatos, de sus viviendas arrendadas y el país  se llenó de trapos rojos para pedir comida.

Los mercados repartidos fueron insuficientes y nunca remplazarán la RENTA BÁSICA que exigimos los parlamentarios de nueve partidos, entre ellos toda la oposición. No es posible que un Gobierno no entienda que esa es una forma de reactivar la economía, entregándole ingresos a 9 millones de hogares, beneficiando a 32 millones de personas pobres y vulnerables, desempleados y a quienes perdieron sus empresas, sus inversiones y la capacidad de compra al quedarse sin ingresos y sin empleo.

Es hora de gravar los altos patrimonios y sus ganancias, porque al contrario de lo que sucede en otras latitudes en Colombia ha sido imposible que los poseedores de grandes capitales paguen espontáneamente y contribuyan con su riqueza a financiar programas para enfrentar la pandemia. No aceptaremos una reforma tributaria como ya se advierte regresiva para el pueblo trabajador, pobres y capas medias.

Con la RENTA BÁSICA todas las economías se activan, las tiendas, los negocios de barrio, los restaurantes, la compra de los productos del campo en las veredas o en las ciudades, ayudando efectivamente a nuestros campesinos que también sufren las limitaciones presupuestales del confinamiento. Presentaremos hoy mismo un proyecto de ley para que el Congreso pueda redireccionar el gasto público que en este momento se encuentra en los bancos privados, los grandes favorecidos en esta pandemia.

El  único dinero  que constituye gasto para hacerle frente a la pandemia es el enviado al Fondo de Mitigación de Emergencias, FOME. Según el estudio de la Universidad Javeriana publicado recientemente, representa en total el 2% del PIB, dato que contrasta con el promedio de los países de la OCDE que es 9.8%, situándonos en uno de los más bajos del mundo.

La transparencia en los gastos deja muchos interrogantes Señor Presidente, porque hay algunas cifras que no corresponde. Billones se invierten en préstamos a través de la banca. El mismo estudio de la Javeriana concluye que para la atención de la pandemia los recurso son del 6.11 billones y hay   una diferencia de 19.4 con  los  recursos que fueron  enviados al FOME.

Para la atención de la emergencia, se han colocado 117 billones.  Se invirtieron 7.2 en salud, 4.5 en atención humanitaria, 2.6 billones para entidades territoriales y 60  billones, ¡60! como respaldo a créditos, es decir: la banca es la gran beneficiada, la misma banca indolente que le cerró las puertas a millones de pequeños empresarios. No encontramos el gasto desglosado. Por qué los colombinos no tenemos el derecho a conocer en qué se gastan nuestros impuestos.  Hay problemas de trasparencia innegables, y exigimos del Gobierno claridad al respecto.

La ley de punto final en salud, de la que tanto se ufanaron ni siquiera tiene las cuentas claras todavía. Hay un estimado de deuda de 4.7 billones. Como siempre las EPS siguen cuestionando los pagos por servicios de las IPS y las ESE, y difícilmente se ponen de acuerdo, esto en detrimento a los servicios de salud. Hasta el momento es un saludo a la bandera.

A demás de los recursos anunciados para atender la pandemia el Gobierno solo han girado 489 mil millones de pesos, y aún siguen adeudando a los trabajadores de la salud sus salarios atrasados que, llegan incluso a ser de 10 meses, como en el caso de Tadó, Chocó.

Nuestros profesionales de la salud tienen los salarios más bajos de América latina. Eso sin contar que la mayoría de las veces deben comprar sus elementos de bioseguridad de su propio bolsillo porque los administradores privados de la salud no se los entregan. Se incrementa la deuda histórica con el sector salud y se mantienen su informalidad laboral porque priman los contratos de prestación de servicios a uno, dos o tres meses. 

Es un régimen moderno de esclavitud donde los trabajadores les hacen firmar contratos condicionándolos  a no afiliación a un sindicato, y ante el mínimo reclamo son despedidos o sus contratos no son renovados.

Persisten los graves problemas provocados por las EPS, que aun en tiempos de pandemia el Gobierno no se atreve a tocar ni a tomar bajo su control la salud y su financiamiento. La intermediación dificulta, corrompe y entorpece el servicio de salud. Le ratificamos señor Presidente, que la ley 100 no ha servido en 27 años y por consiguiente hay que cambiarla. Como el Gobierno fue inferior a las necesidades del país llamamos al Congreso a cambiar un sistema corrupto e ineficiente que convirtió el derecho a la salud en un negocio.

Presidente, le hago un llamado urgente. Hay otra pandemia: la violencia intrafamiliar contra mujeres y niños, que se agravó con el confinamiento teniendo en cuenta que muchas familias deben convivir con un maltratador las 24 horas del día. Según el Observatorio Feminicidios Colombia, durante el periodo del 25 de marzo al 28 de mayo, las denuncias de violencia intrafamiliar han aumentado en un 228%, con respecto al año anterior.

Los feminicidios están afectando gravemente a la sociedad, cuando matan a una mujer, además de la impunidad, sus hijos quedan en completo abandono. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar creen que solo hay una solución para devolverle los derechos a un niño maltratado y huérfano, que es sacarlo de su núcleo familiar (abuelos, tíos, etc) y llevarlos a un hogar de paso con altos costos. Debe establecerse un programa para que los familiares que reciban a los niños maltratados y huérfanos, puedan tener un estipendio para sus necesidades.

La población LGBTI también es víctima de la violencia. Solo en el primer semestre de 2020 se han registrado más de 30 homicidios motivados por el prejuicio contra personas LGBTI. Las mujeres transgéneros han sido las más afectadas, víctimas, además de la discriminación institucional y la violencia policial. Mientras el Gobierno Nacional, no solo desatiende sus obligaciones de garantizar una política de seguridad y acceso a la justicia para esta población como lo exigen la ONU, la CIDH y el comité de la Convención  sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, CEDAW, sino que coloca en manos de funcionarios hostiles y sin preparación la atención de esta población y la ejecución de la política pública a la que está obligado el Gobierno.

Señor Presidente, le solicitamos se invite oficialmente a la Relatora Especial sobre Violencia contra las Mujeres de la ONU para que nos visite y nos ayude analizar lo que pasa en Colombia. Su experiencia es fundamental para detener este fenómeno que está azotando fuertemente al campo y la ciudad. 

Y como si lo anterior fuera poco nuestras niñas y mujeres han sido violentadas por Fuerzas Militares extranjeras y nacionales. La violación colectiva a la que fue sometida la niña indígena de 12 años de la comunidad Embera Katío, conmocionó al mundo. Los actos de abuso sexual cometidos contra las mujeres de la comunidad Nukak Makú, y todos los casos merecen especial atención y ejemplar castigo, porque nadie puede utilizar sus cargos de mando y de autoridad ni sus armas para intimidar y violentar a menores de edad.

No se trata de manzanas podridas porque si en cada departamento hay unas cuantas, usted sabe que, en este símil, todos se pueden contaminar.

Es necesario analizar el tipo de formación que reciben los militares en nuestro país, de todas las fuerzas. Proponemos se conforme un grupo paritario de militares y civiles que revisen los currículos de formación que se imparte en nuestros cuarteles, dando un informe a todo el país sobre sus conclusiones.

La oposición ha presentado un proyecto cuyo objetivo es la reforma a las Fuerzas Militares, con énfasis en la construcción de paz, a partir de un cambio en el manejo de la inteligencia, contrainteligencia, el desmonte del Esmad y la política de ascensos.

Así mismo es necesario que el Gobierno Nacional cumpla la Constitución y el fallo de tutela del Tribunal de Cundinamarca, que ratifica que el Senado de la República debe pronunciarse sobre la presencia de tropas extranjeras en el territorio colombiano.

El desempleo que registra hoy el país no es exclusivo de la pandemia, ya venían los indicadores señalando, desde el último trimestre del pasado año, que una crisis acosaba la economía. El Coronavirus simplemente aceleró la tendencia y más de cinco millones de ciudadanos perdieron su trabajo. Según el Dane, en mayo la tasa de desempleo para las mujeres ha llegado al 32,6%, y para los hombres de 22,3%. Las empresas medianas y pequeñas, soporte de la economía y la generación de empleo pidieron ayuda al Gobierno, pero nunca llegó el salvavidas, las dejaron quebrar.

Prefirieron entregarles las multimillonarias ayudas a empresas de acomodados conglomerados económicos, a cambio ofrecieron créditos para micro y medianos empresarios a los que pocos han accedido, sea por las altas tasas de interés, por los engorrosos trámites para hacerlas efectivas, o porque simplemente no van a poder pagar en el futuro. La usura de la banca colombiana debe terminar con una decidida intervención estatal. 

La tasa de desempleo juvenil se ubicó en 26,6%, registrando un aumento de 8,5 puntos frente al trimestre marzo – mayo de 2019. Es imperativo la matrícula cero en la universidad pública, cumpliendo el mandato constitucional: “La educación será gratuita en las instituciones del Estado”, para lo cual el Gobierno solo asignó el 12% para garantizar la no deserción estudiantil universitaria. La educación para la juventud no es un gasto es una inversión social.

Las decisiones económicas del Gobierno Nacional frente al manejo económico de la pandemia la calificamos como desastrosas, se han tomado medidas en función del mercado y en contra de la vida, como el día sin IVA que en su primera jornada contribuyó a la expansión del contagio.

En pandemia se consolida otro genocidio dirigido desde estructuras del poder económico, político y social. Reaparecieron las masacres, las mas recientes en el Huila y Norte de Santader. El derecho a disentir, a reclamar, a proponer, a organizar están siendo desconocidos y socavados. El derecho de la sociedad a actuar en democracia esta resquebrajado. Han limitado toda expresión diferente a la institucionalidad. ¿Son tiempos de censura, de totalitarismo?

La biodiversidad se ve enfrentada a las políticas gubernamentales que aliadas con los intereses privados pretenden  imponer un  modelo de desarrollo depredador,  extractivista,  que  lesiona no solo a la naturaleza, al territorio  sino también a las tradiciones de nuestros pueblo indígenas, afros, raizales y campesinos.  Exigimos el respeto por los recursos naturales, por el agua, los páramos, ríos, humedales, ciénagas y el mar. No al fraking.

Ahora judicializan, detienen, persiguen, estigmatizan y se ha vuelto costumbre que las Fuerzas Militares legales, y otras ilegales, sean utilizadas  para   garantizar el  saqueo, continuar el empobrecimiento de los  ciudadanos de la Colombia profunda. Las Zonas Futuras parecieran estar diseñadas con una serie de proyectos, que llaman “estratégicos” y que lejos de asegurar un provenir para los habitantes, les restringen sus derechos a la Consulta Previa, a la defensa de sus tierras  y al disfrute de sus riquezas naturales. Estos proyectos solo traen contaminación, pobreza, violencias y muchas veces la perdida de la vida. 

Los defensores y defensoras de derechos humanos, los sindicatos, los jóvenes, las mujeres, las personas en condición de discapacidad, la gente adulta, los campesinos, indígenas, son objeto de la intolerancia, de señalamiento, de perfilamientos que algunas veces llegan a colocar en peligro sus vidas. La teoría del enemigo interno sigue como política represiva implementada y reforzada por este Gobierno.

Esta sociedad quiere la paz, la reconciliación, el respeto de la soberanía, del ambiente, desea la repartición equitativa de los ingresos y la riqueza, la distribución de la tierra. No queremos más violencias para conservar desmedidos privilegios. Hay un consenso que el acceso a la tierra, la adecuación y asistencia técnica, la protección a la economía campesina y la democratización del financiamiento agropecuario son esenciales para el desarrollo de la nación.

En tierras, el último año los indicadores de gestión del Gobierno demuestran que han sido pocos los avances, constituyéndose en uno de los rezagos más grandes de la historia reciente del país, afianzándose una tendencia altamente regresiva para una justicia agraria.

El avance de los programas de acceso a tierra, uno de los compromisos cruciales del punto Uno del Acuerdo de Paz, es absolutamente precario. En el año 2019 y lo que va corrido del presente 2020 se reportan tan solo 2.656 procesos de formalización sobre un total de 3.606 hectáreas, ello representa la insignificante cifra de 1.6 hectáreas por familia promedio. De los 4 mil títulos anunciados por el Gobierno para entregar a campesinos, tan solo 590 corresponden a municipios PDET, en su gran mayoría predios por debajo de la media hectárea, lo que supone la formalización de la miseria y la pobreza en el campo.

En el mismo periodo solo se adjudicaron 219 predios baldíos en zonas focalizadas, esas mismas zonas que han sido las más afectadas por el conflicto y en donde tan baja gestión pone en evidencia, la falta de avances en los acuerdos, en la reforma rural integral y la negativa o quizás renuncia a dar cumplimiento con la reforma agraria. La debilidad institucional y la excesiva centralización de las entidades no permite atender las solicitudes y necesidades que millones de campesinos tienen a lo largo y ancho del territorio nacional.

También los indígenas han sido afectados. En el último año solo se resolvieron 12 de 1.046 solicitudes de procesos que esperan decisión de la Agencia Nacional de Tierra, para la asignación o ampliación de resguardos, con un claro rezago para los pueblos indígenas. En el Cauca sigue el exterminio de la dirigencia indígena con la mirada impávida del Gobierno que ni siquiera recibió a los marchantes por la vida. En lo corrido del año han asesinado a más de 40 indígenas y durante el tiempo de la pandemia 14. 

Rechazamos la venta de Cenit y de acciones de Ecopetrol. Las privatizaciones son de las peores decisiones de anteriores gobiernos, los servicios no han mejorado, la corrupción las invadió, la ineficiencia es notoria en la mayoría, y muchas de ellas demandan al Estado cuando las protestas ciudadanas exigen la interrupción de sus contratos ante el incumplimiento, como ejemplo tenemos Electricaribe.

Los Congresistas y Partidos de la oposición reconocemos y valoramos la movilización social porque expresa con nitidez el descontento, las exigencias y las propuestas de cambio en  múltiples y muy diversos sectores sociales. Los Proyectos de Ley que estaremos radicando en esta Legislatura buscan   interpretar y representar a esa sociedad que está dispuesta a utilizar el  tapabocas pero que no  va aquedarse  callada.

Queremos llamar la atención sobre el pliego de emergencia presentado al Presidente  de la República por el Comité Nacional de Paro, donde señalan  la urgencia de adoptar medidas efectivas en materia de salud,  renta básica, empleo, educación, protección de la población carcelaria  y  de la  producción  nacional. Esperamos que el Presidente se disponga a dialogar sobre éste pliego  y  en el Congreso se generen espacios para que la  voz de  la ciudadanía sea escuchada.

Los campesinos y ciudadanos aspiramos a disfrutar de la paz y la reconciliación. El diálogo con el ELN es urgente. Así como abrir un proceso de sometimiento judicial con otros grupos, para una paz completa. El Papa Francisco y las Naciones Unidas llaman al mundo a un alto al fuego, el ELN ya lo propuso, es hora de escuchar la respuesta del Gobierno. Monseñor Darío de Jesus Monsalve recogemos sus reflexiones son muy importantes y contribuyen a detener el baño de sangre que sufre Colombia.

Nos solidarizamos con todos los firmantes de la paz y exigimos el cumplimiento de los acuerdos. No es concebible que   sigan siendo asesinados, en lo que va corrido del año más de 115 líderes han sido masacrados, entre ellos dos mujeres y más de  20  reincorporados en  plena  cuarentena.  Hay zonas del país donde se ha vuelto tarea matarlos, el Bajo Cauca Antioqueño, Algeciras Huila, Cauca, por solo nombrar algunos territorios. Hay un plan sistemático preconcebido, imposible de hacerse efectivo sin la colaboración de agentes del Estado. El día 16 de julio se registró la masacre de cuatro campesinos y dos heridos entre ellos un niño de ocho años, el 17 ocurrió otra masacre en Tibú, con un total de ocho personas asesinadas.

La corrupción se desató en la pandemia, ni siquiera el Coronavirus pudo contra ella. Numerosos escándalos saltaron de todos los departamentos por sobre costos en los contratos, formas de adjudicarlos y conveniencia. Funcionarios públicos que utilizan aviones y viáticos oficiales para visitar nuestras hermosas playas mientras el pueblo este confinado. Algunos elegidos están llamados por la justicia a responder generalmente por delitos electorales, compra de votos, sobornos o dineros ilegales en las campañas provenientes del narcotráfico. La justicia no puede tener privilegios con nadie, todos deben ser investigados y sancionados ejemplarmente.

Es necesario escuchar la naturaleza, escuchar los reclamos de la gente en las calles, responder a sus angustias de empleo, salud, vivienda y educación. Es hora de centrar la acción del Estado en la agricultura campesina, familiar y comunitaria, es hora de garantizar la salud pública, sin corruptos ni codiciosos intermediarios, es hora de impulsar la industria nacional y manufacturera, es hora de renegociar los tratados de libre comercio que acabaron con el aparato productivo, es hora de generar trabajo y dar educación a nuestra juventud. Reiteramos la necesidad de una pensión universal estatal para todos los mayores de 60 años.

El hambre golpea a Colombia en todos sus departamentos, necesitamos prepararnos para derrotarla, países más pobres lo han conseguido, el nuestro que tienen tanta riqueza lo conseguirá si el Gobierno escucha y atiende el llamado a un gran pacto nacional en el que todos participen para salir de la crisis.   

Gracias.

Aída Avella.

Continúe leyendo
Click para comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Facebook

⚠️LO MÁS RECIENTE ⚠️️

NUESTRO TWITTER