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22.000 estudiantes no han iniciado año escolar en Antioquia, denuncia representante Víctor Correa

Como consecuencia del Decreto 1851 del pasado 16 de septiembre expedido por el Ministerio de Educación que exige la certificación de las instituciones en el sentido de que deben superar un puntaje de 20, en una escala de cero a 100, en las pruebas Saber, en el departamento de Antioquia no han podido iniciar el año escolar alrededor de 22 mil educandos, señaló el representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, Víctor Correa Vélez.

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Como consecuencia del Decreto 1851 del pasado 16 de septiembre expedido por el Ministerio de Educación que exige la certificación de las instituciones en el sentido de que deben superar un puntaje de 20, en una escala de cero a 100, en las pruebas Saber, en el departamento de Antioquia no han podido iniciar el año escolar alrededor de 22 mil educandos, señaló el representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, Víctor Correa Vélez.

El congresista explicó que este requerimiento no lo cumplen las instituciones que prestan el servicio de cobertura contratada en varios municipios de Antioquia como tampoco lo cumplen la gran mayoría de las instituciones oficiales.

Para los municipios no certificados del Departamento de Antioquia, la Secretaría de Educación convocó a Banco de Oferentes en noviembre de 2015, al cual se presentaron siete instituciones que por más de 20 años han contratado con la Gobernación para cubrir la educación básica secundaria y media en las comunidades campesinas del departamento. Éstas no cumplieron con dicho percentil, por lo que ninguna quedó habilitada para el Banco. Ante esta situación, explicó Correa Vélez, cerca de 22.000 estudiantes de población rural dispersa y vulnerable se encuentran sin iniciar el año lectivo de 2016.

Ante esta problemática, el congresista del Polo Democrático Alternativo, que pertenece a la Comisión VI de Cámara de Representantes que se encarga de temas de educación, anotó que “nosotros advertimos los inconvenientes que el decreto podría causar en especial para el departamento de Antioquia, atentando contra el derecho a la educación de población vulnerable ya que los requisitos que formula el Decreto 1851 desconocen el contexto actual de la educación en el país y además, excluye a la población rural”.

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