“Accionar paramilitar en Colombia es real, según denuncias de las propias comunidades, no solo es crimen organizado”: Alirio Uribe

En el marco de la audiencia sobre persistencia del paramilitarismo, convocada por los congresistas del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda y Alirio Uribe, éste último  manifestó que  existe una gran coincidencia entre las agresiones (asesinatos, amenazas, ataques) a defensores de derechos humanos, entre los que caben líderes campesinos, afros, juveniles, reclamantes de tierras, con las zonas donde existe según informaciones de las propias comunidades presencia paramilitar.
 
En efecto, tal y como lo demuestran los gráficos presentados, la coincidencia entre los asesinatos presentados por el Programa Somos Defensores en el primer trimestre del año, con el informe de la Fundación Paz y Reconciliación es del 70%, teniendo en cuenta además que la responsabilidad de estos hechos corresponden a un 66% a grupos paramilitares y un 32% a actores desconocidos, según Somos Defensores.

El congresista del Polo además dio a conocer que “algo similar ocurre si cruzamos la jurisdicción municipal en la que se ubican los 20 batallones Especiales Energéticos y Viales, con los municipios donde hacen presencia con mayor fuerza grupos paramilitares. Según los cruces realizados, en cerca de la mitad de los territorios que tienen amplia presencia estos grupos, como por ejemplo, Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta), Tibú (Norte de Santander), Segovia y Zaragoza (Antioquia), Valledupar (Cesar), Tumaco y Jurisdicción de Tumaco (Nariño) y Puerto Rico (Caquetá), existe una presencia militar fuerte”. [1]
 
Frente a la restitución de tierras y la incidencia del paramilitarismo, Uribe Muñoz ha denunciado que al cruzar los mapas de las áreas microfocalizadas para restitución remitida por la Unidad de Restitución con corte al 26 de agosto de 2015, con la caracterización municipal del informe de la Fundación Paz y reconciliación, se evidencia que en no menos de 160 municipios corresponden a zonas con presencia de una o más de estas bandas criminales. “En total, el traslape de las áreas microfocalizadas con los municipios con presencia paramilitar, asciende a no menos de 5.170.852 hectáreas, es decir, cerca del 45% del total del área microfocalizada a nivel nacional para la restitución de tierras” manifestó el congresista.
 
Para Uribe Muñoz, es claro que el accionar paramilitar actual es concordante, no sólo con el fracaso del supuesto proceso de desmovilización y la ineficiente aplicación de la ley 975, sino con la  incapacidad del Estado para controlar la reincidencia de los pocos desmovilizados reales que volvieron a las armas, los disidentes, es decir, aquellos que no se desmovilizaron incluidos jefes de distinto nivel que ocuparon pronto áreas de presencia paramilitar y sobre todo nuevos reclutados en grupos emergentes.
 
[1] Investigaciones hechas por la Fundación Paz & Reconciliación han permitido observar que, por ejemplo, en áreas de extracción minera, como el departamento del Chocó, pequeños mineros se refieren a la policía nacional como las “Águilas verdes”, pues cobran para permitir el ingreso de maquinaria pesada a las áreas de explotación aurífera.