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Ahí están pintados

Por Octavio Quintero  

El presidente Santos sigue montado en sus locomotoras neoliberales, que andan por los rieles de la guerra, mientras utiliza el tren de la paz como matriz publicitaria, que se desliza sobre los rieles del engaño: ELN

Los dirigentes de los partidos liberal y conservador (los tradicionales), de los que se han ido desprendiendo escisiones con llamativos rótulos: Unidad Nacional (U), Cambio Radical y Centro Democrático, para mencionar los más notorios, mantienen en público aparentes controversias que se resuelven en el gobierno de turno, siguiendo el mismo modelo de desarrollo que privilegia el factor económico y menoscaba el factor social.

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Por Octavio Quintero  

El presidente Santos sigue montado en sus locomotoras neoliberales, que andan por los rieles de la guerra, mientras utiliza el tren de la paz como matriz publicitaria, que se desliza sobre los rieles del engaño: ELN

Los dirigentes de los partidos liberal y conservador (los tradicionales), de los que se han ido desprendiendo escisiones con llamativos rótulos: Unidad Nacional (U), Cambio Radical y Centro Democrático, para mencionar los más notorios, mantienen en público aparentes controversias que se resuelven en el gobierno de turno, siguiendo el mismo modelo de desarrollo que privilegia el factor económico y menoscaba el factor social.

Así, desde el presidente Gaviria (1990-94) en adelante, el modelo neoliberal identifica a personas tan aparentemente contrarias como Samper – Pastrana (que ni se hablan); y Uribe – Santos (que tampoco).

Siguiendo el hilo conductor de la política minera que nos jodió en lo social y ahora nos tiene jodidos en lo económico, se encuentra uno con la ley 685 (Código de Minas), expedida en 2001 (gobierno de Pastrana), cuyo artículo 13 declaró “la industria minera de utilidad pública e interés social en todas sus ramas y fases”, privilegiando el interés minero por encima del derecho al agua.

En el gobierno de Uribe Vélez y su política de Seguridad Inversionista, se entregó la mayor parte del territorio nacional a la explotación minera y petrolera, de tal forma que según la Procuraduría, 108.000 hectáreas de páramos están en poder de los adjudicatarios de 391 títulos mineros.

Ahora en Santos se impusieron las llamadas “Licencias exprés”, para expedir permisos ambientales a las multinacionales mineras, en tres meses y medio, sin tener en cuenta a las comunidades de los municipios en donde se encuentran los recursos que van a ser explotados.

Más recientemente, en el jolgorio de la navidad de 2014, el gobierno expidió el decreto 2691 que permite a las multinacionales, a vuelo de pájaro, licenciar explotaciones mineras en los territorios declarados por lo municipios, como “libres de impactos negativos relacionados con la minería”.

Para rematar, en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se da continuidad a la piñata minera iniciada en Pastrana y potenciada en Uribe, pues, el artículo 159 establece que las actividades para la exploración y explotación de recursos naturales no renovables que cuenten con contrato y licencia ambiental con anterioridad al 9 de febrero de 2010 (para las actividades de minería), o con anterioridad al 16 de junio de 2011 (para la actividad de hidrocarburos), podrán seguir ejecutándose hasta su terminación”.

Ilustrados por el escándalo del magistrado Jorge Pretelt, es obligatoria la pregunta: ¿Cuánto pagaron las multinacionales por el artículo 159?

 

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