Ánimo de lucro y educación superior

Por Germán Paul Cáceres / Palabras al Margen  

El desfalco de la Fundación Universitaria San Martín (FUSM) expone el fracaso del modelo de autorregulación en la educación superior privada y revela que el ánimo de lucro es una realidad de facto en el sistema universitario colombiano a pesar de la Ley1. De algún modo, las recurrentes crisis financieras y de gobernanza de las universidades estatales disimularon, en el debate público, el problema de “universidades” privadas cuyos fines son tan dudosos como sus cuentas y su calidad académica; lo de la FUSM no es un caso aislado como lo ha reconocido la propia Ministra de Educación2.

La Ley 30 de 1992 plasmó, en parte, cambios en la relación del Estado y la educación superior. En principio, centrados en lo universitario-público3, los cambios ideológicos y normativos de la década de los noventa abarcaron también el reforzamiento e incremento acelerado de la oferta de educación superior privada.

Aunque la Ley prohibió expresamente el ánimo de lucro, al mismo tiempo debilitó la inspección y vigilancia del Estado, lo que posibilitó las condiciones para que en la práctica operara un modelo de autorregulación que terminó por abrirle la puerta a una mercantilización de la educación superior, con consecuencias graves: por un lado, baja calidad académica, un vínculo débil entre docencia e investigación o ausencia total de investigación; y de otro lado, alto endeudamiento de los estudiantes y de sus familias, defraudación de las expectativas de los egresados por la sobreestimación de las oportunidades laborales y de ingresos, y en el largo plazo, un pesado rezago para el avance de la educación y del desarrollo científico nacional.

El relajamiento de los requisitos para la fundación y operación de instituciones de educación superior privada y una concepción deformada de la autonomía institucional, se vieron favorecidos por el exclusivo énfasis de la política gubernamental en el incremento de la cobertura, basada más en consideraciones políticas que técnicas: “El importante pero limitado crecimiento de la tasa de escolaridad en la educación superior, no se debió a políticas públicas tendientes a fortalecer las instituciones estatales con programas de calidad, sino a la proliferación, con la aquiescencia gubernamental, de instituciones privadas regidas por criterios mercantiles y con muy poco rigor académico” (Múnera, 1999. Pág. 12)

Desde la década del noventa la solución gubernamental para los problemas de la educación superior fue la constitución de un mercado educativo autorregulado que revalorizó el papel de la oferta privada, pero no basado en la oferta tradicional de universidades privadas con trayectoria y reconocimiento, sino sobre todo basado en nuevos proveedores que, con un criterio mercantil, optaron por ofertar carreras de bajo costo de operación con posibilidad de generar economías de escala sin pertinencia nacional o local. Incluso, carreras en teoría de alto costo, pero sin los requisitos mínimos de funcionamiento; como el programa de medicina de la FUSM cuyo registro fue suspendido4 y marcó el inicio del agravamiento de su crisis.

El vínculo cobertura-calidad quedó sujeto exclusivamente a consideraciones de costo-beneficio y el resultado fue un incremento de la cobertura pero sin calidad académica. Paradójicamente, otra de las transformaciones de la época de los noventa fue el impulso de la acreditación, pero se permitió que fuera opcional, con lo que las instituciones de educación superior con lógica mercantil no tuvieron que preocuparse de mejorar su calidad académica.

La ampliación de la cobertura en esos términos y bajo esa política, ni siquiera contribuyó a la necesaria democratización de la educación superior, pues aunque es indudable que la matrícula creció, muchos jóvenes accedieron a un circuito educativo desvalorizado que abre otra brecha de iniquidad, lo que no es una democratización sino una estafa.

A pesar de los hechos, el gobierno insiste en su propuesta de legalizar el ánimo de lucro en la educación superior y parece no querer reconocer lo estructural de la problemática. El gobierno tendrá que hacerse cargo de un modelo que tiende a mejorar las tasas de cobertura, pero sacrifica la calidad y representa una negación al derecho a la educación de los jóvenes del país.

Ahora bien, la crítica y la necesaria revisión del modelo de autorregulación en la educación superior privada no pueden traducirse en un ataque a la autonomía universitaria que se traslade hasta la ya mermada autonomía de las universidades públicas. Las propuestas de creación de organismos de control y vigilancia como superintendencias5, que se han lanzado en esta coyuntura, no pueden convertirse en órganos burocráticos que centralicen competencias universitarias y desconozcan la lógica de los académicos, con el mismo dogmatismo de las reformas de los noventa, pues sería otra manera de promover incentivos perversos que, como el ánimo de lucro, vician los fines de la educación superior y son incompatibles con un ejercicio responsable de la autonomía universitaria.

El gobierno debería asumir este problema como una oportunidad para un nuevo pacto concertado sobre una política pública de educación superior que, entre otras cosas, impida los intereses de los mercaderes con influencia política y exija mayor responsabilidad y compromiso con la calidad de las universidades privadas con reconocimiento.

Asimismo, es necesario reposicionar al sistema estatal universitario que cuenta con mayores condiciones de ofrecer una educación superior de calidad y producir el grueso de la investigación científica, y en el cual el origen público de sus recursos desplaza el ánimo de lucro y blinda a la educación superior del oportunismo mercantil.

Referencias:

Banco Mundial. 1996. Prioridades y estrategias para la educación. Examen del Banco Mundial, Estados Unidos.

Múnera R, Leopoldo. 1999. La educación superior pública. En, Documento de trabajo. Comisión para el estudio de la reforma de la educación superior. Consejo Académico. Universidad Nacional de Colombia. Págs. 9-21

Sverdlick, Ingrid. Ferrari, Paola. Jaimovich, Analía. 2005. Desigualdad e inclusión en la educación superior. Un estudio comparado en cinco países de América Latina. Laboratorio de Políticas Públicas. Serie de ensayos e investigaciones No. 9. Buenos Aires.

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Notas:

1 Ley 30 de 1992. Articulo 98 y Artículo 31 inciso E.

2 De acuerdo con la Ministra Gina Parody, hay 34 instituciones de educación superior en investigación por irregularidades en su manejo. Véase, http://www.elespectador.com/noticias/educacion/mineducacion-confirma-son-investigadas-34-universidades-articulo-529466

3 El diagnóstico de la época neoliberal señaló a la universidad pública de ineficiente, demasiado costosa para las finanzas públicas, rezagada en cobertura y endogámica (Banco Mundial, 1996). En palabras de Pablo Gentili: “en el marco de las tendencias privatistas, la reforma neoliberal en educación afectó básicamente tres dimensiones: el financiamiento (reducción de la inversión pública), la estructura jurídica (reestructuración del sistema con nueva legislación y normativa) y el rol del Estado en la responsabilidad sobre la educación” (un Estado alejado de la función social de educar). (Gentili, 2002; Krotsch, 2000). (Citado en Sverdlick y Otras. 2005. Pág. 7).

4 Resolución 7848 del 17 de junio de 2013. Ministerio de Educación Nacional

5 MUNERA (1999), revisa este tema para el caso colombiano a propósito del proyecto de ley de reforma a la ley 30 de educación superior, que en su momento hiciera el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002).

Palabras al Margen.