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Colombia: hambre y crisis ambiental
Por Libardo Sarmiento Anzola / Le Monde Diplomatique
En pleno siglo XXI, uno de cada diez colombianos padece hambre, su ingreso lo coloca en situación de pobreza extrema –en la zona urbana, según el Dane, su índice es 6,5% y en la rural 21,8%– al no alcanzarle para adquirir la canasta básica de bienes alimentarios o lo necesario para sobrevivir, realidad propiciada por un modelo de desarrollo que excluye a las mayorías del acceso a la tierra, en gran parte ociosa o dedicada a la ganadería extensiva o los monocultivos.
Por Libardo Sarmiento Anzola / Le Monde Diplomatique
En pleno siglo XXI, uno de cada diez colombianos padece hambre, su ingreso lo coloca en situación de pobreza extrema –en la zona urbana, según el Dane, su índice es 6,5% y en la rural 21,8%– al no alcanzarle para adquirir la canasta básica de bienes alimentarios o lo necesario para sobrevivir, realidad propiciada por un modelo de desarrollo que excluye a las mayorías del acceso a la tierra, en gran parte ociosa o dedicada a la ganadería extensiva o los monocultivos.
La pobreza en el campo es del 42%, pero de las manos de los pequeños propietarios rurales proviene cerca del 60% de la oferta alimentaria del país, la cual está en riesgo por efectos del cambio climático, la precariedad y abandono de las políticas públicas y por el incesante avance de prácticas deforestadoras, la minería y el crecimiento urbano.
A pesar de contar con ventajas naturales envidiables el problema de la alimentación de su población no está resuelto en Colombia, Así lo certifica el Índice Global del Hambre (GHI, por su sigla en ingles), que confirma que en el año 2014 el país registra un valor de 5,3, esto es, una situación de hambre moderada. A finales de la década de 1980 y principios de 1990, el valor del índice era de 10,9, es decir, el país vivía un déficit alimentario serio.
Si bien durante el último cuarto de siglo el país muestra resultados positivos en la lucha contra el hambre, la situación es frágil e incierta al visualizar su sostenibilidad (de hecho, durante los años de la crisis económica de 2003-2008 los indicadores involucionan). Cuatro factores atentan contra la situación nutricional del pueblo colombiano: i) la inestabilidad e insostenibilidad del modelo económico fundamentado en actividades extractivas, ii) el crecimiento poblacional, iii) la inmoral concentración del ingreso por los grupos de poder, iv) la crisis ambiental (agotamiento de recursos, contaminación, cambio climático y drástica variabilidad del clima).
Veamos:
Por su condición de país periférico y dependiente, sus políticas públicas y dinámica económica están encadenadas a los ciclos, cosmovisiones, necesidades e intereses del centro y grupos de poder que controlan el sistema mundo capitalista (smc), cuyos ciclos amplifican sus efectos en la periferia y obligan a redefinir su aparato productivo según las demandas de los mercados internacionales y los determinantes de los cambios en la división internacional del trabajo. El modelo económico colombiano se caracteriza cada vez más por su carácter extractivo, rentista y especulativo, en un contexto de desarrollo forzado, violento y excluyente.
En efecto, si bien resulta absurdo a cualquier mirada razonable, con la apertura a las importaciones promovida durante la administración Gaviria, se elevó el desempleo y desapareció un millón de hectáreas de cultivos transitorios (algodón, trigo, cebada, sorgo, soya, maíz, granos) que nunca se recuperaron; sólo lograron persistir los productos protegidos mediante aranceles. En paralelo, llegó a su fin lo que quedaba de apoyo estatal para la economía campesina. Declive observado desde la década de 1970, en lo referido al desmonte de la institucionalidad de fomento y los programas de bienestar familiar campesino, la desaparición de la investigación y transferencia tecnológica, freno a la inversión en infraestructura rural y cierre del crédito. Adicionalmente, la oligarquía consolidó la contrareforma agraria reversando los limitados logros de períodos anteriores y despejando el campo para la inversión capitalista en los sectores de energía, minería y biocombustibles.
Con la variedad de Tratados de Libre Comercio (TLC) suscritos, la Alianza del Pacífico (unión de los países neoliberales de la región) y las importaciones de productos agrícolas –que pasaron de un millón a diez millones de toneladas–, fue eliminado otro millón de hectáreas agrícolas entre los años 2000 y 2012, afectando negativamente los sectores productores de arroz, cárnicos, avícola, lácteos, oleaginosas, papa, azúcar, hortalizas y café. En el sector agrícola una oferta excedente genera drásticas caídas de precios. Durante el último año, 2012-2013, el valor CIF de las importaciones de productos agrícolas y alimentarios aumentaron en 10,3 por ciento (Dane, al mes de julio de 2013); en el mismo período, los precios pagados a los productores agrarios colombianos cayeron ocho por ciento; como resultado total, los ingresos de los habitantes del campo apenas cubren un poco más de la mitad de los costos de producción, es decir están arruinados. El resultado: un campo empobrecido y el arrasamiento de la seguridad alimentaria nacional.
En cuanto a su población, después del genocidio y el saqueo a que estuvo sometido por parte de la invasión europea, sus habitantes quedaron reducidos a 787.000 personas en 1778. A comienzos del siglo XIX, cuando apenas tomaba cuerpo el proceso colonizador interno, los habitantes superaron la cifra del millón. En los umbrales del siglo XX, recién finalizada la cruenta guerra de los “Mil días”, la población sumaba 4,4 millones. Pasaron cien años y los habitantes se multiplicaron por diez, alcanzando en 2014 la cifra de 48 millones. A mediados del siglo XXI la población crecerá hasta sumar alrededor de 60 millones.
Por su parte, el modelo de desarrollo generó una alta concentración del ingreso y la riqueza. El índice Gini de su concentración muestra una tendencia creciente y constante en el período postconstitucional, tomando un mayor ímpetu durante la última década (a medida que el índice se acerca al valor uno, la desigualdad es absoluta): hasta la década de 1980 su valor estuvo, en promedio, por debajo de 0,47; durante la década de 1990 aumentó a 0,49 y en los años 2000 su promedio trepó a 0,58.
Parte de este crecimiento puede observarse con claridad en la propiedad rural, cuya concentración aumentó en el periodo comprendido entre 2000 y 2010. La polarización de la propiedad es extrema: grandes latifundistas a un lado de la distribución y numeroso microfundio al otro. En el 2000, el 75,7% de la tierra estaba en poder del 13,6% de los propietarios, mientras que para el 2010 estas cifras aumentaron a 77,6% y 13,7%, respectivamente.
El incremento en la concentración está presente a lo largo de todo el territorio nacional, y no solo en municipios aislados. La pobreza en el campo es del 42% lo que evidencia problemas en la generación de ingresos en las familias rurales, en donde la actividad agropecuaria, desarrollada principalmente por pequeños productores y sus familias, es la principal fuente de empleo e ingresos. En Colombia existen cerca de 2,2 millones de pequeños productores agropecuarios, que representan el 87,5% de su total y que están distribuidos por todo el territorio nacional, generando alrededor del 60% de su oferta alimentaria. Según Planeación Nacional, 63,6% de los habitantes del campo no es propietario de ningún activo; del 36,4% que es dueño de un pedazo de tierra solo 4,3% recibe asistencia técnica y un escaso 5,2% tiene acceso a crédito para proyectos productivos.
En relación con la sostenibilidad, la historia ambiental de Colombia está dividida en dos periodos. Hasta antes de la invasión europea, las poblaciones originarias mantuvieron una relación armoniosa con el hábitat, por tanto la biodiversidad, los abundantes cuerpos de agua y la cobertura de bosques caracterizaba al territorio. Los modelos de producción impuestos por los invasores, y su cosmovisión expoliadora rápidamente transformaron de manera negativa esta armonía población-naturaleza. Las prácticas económicas desde finales del siglo XV hasta la actualidad generaron una sobreexplotación de los recursos y una alta presión de la población sobre la naturaleza y el suelo.
En general, el desconocimiento de la variable ambiental en los procesos de planeación y en los esquemas de ordenamiento territorial es la nota predominante. La destrucción ambiental provocada por los modos de producción a lo largo de los últimos siglos queda evidente al observar el estado actual del territorio (mapa 1). En efecto, durante el año 2013, según información del Ideam, fueron deforestadas 120.933 hectáreas de bosques; y aunque tal tasa es menor que la reportada en la última década aún es muy alta e intensa, además de estar concentrada en la Amazonia (otras regiones muy afectadas son la Andina –con el 22 por ciento del total–, la Caribe, así como la Orinoquia y la región Pacífica, la única que aumentó su deforestación con respecto al periodo anterior). El desmonte es el resultado de las actividades mineras, la extracción maderera, la expansión de la frontera agrícola y el desaforado proceso de urbanización especulativo. Si bien el país sobresale por su megadiversidad, igualmente es vulnerable. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Cmnucc) lo califica como una de las naciones más vulnerable ante los impactos del cambio climático. En efecto, el país está amenazado por los siguientes fenómenos:
• Produce el 0,25% de las emisiones globales de CO2
Para el año 2050 se prevé:
• Aumentos en la temperatura media anual del aire entre 1°C y 2°C
• Variaciones en la precipitación entre ±15%
• Desaparición del 78% de los glaciares y del 56% de los páramos
• Ascensos del nivel de mar de aproximadamente 40 cm en la costa Caribe y de 60 cm en la Pacífica.
En Colombia el aumento de la temperatura, las alteraciones en la precipitación e incremento del nivel del mar son factores de cambio climático que aquejan su seguridad alimentaria. La oferta de los suelos para agricultura intensiva afectados por procesos de desertificación aumentan en el área del ecosistema seco en 1.4%. Las zonas de los cultivos de banano, caña de azúcar, palma de aceite sobre suelos susceptibles a la degradación por desertificación aumentan en 3%. Los cultivos potencialmente afectados son: arroz secano manual, arroz secano mecanizado, tomate de árbol, trigo y papa. Otras afectaciones y cambios:
• En la salud y productividad de los bosques,
• En la adaptabilidad de la tierra para diferentes tipos de cultivos y pasturas,
• En la distribución, productividad y composición comunitaria de los recursos marinos,
• En la incidencia y vectores de diferentes tipos de plagas y enfermedades, desarrolladas, principalmente entre temperaturas que oscilan entre los 24°C y 28 °C, y que corresponde al 38% de su población rural.
• Pérdida de la biodiversidad y del funcionamiento del ecosistema en los hábitats naturales,
• Cambios en la distribución de agua de buena calidad para los cultivos, el ganado y la producción pesquera continental,
• Pérdida de tierras arables debido a la creciente aridez y a la salinidad asociada, disminución del agua subterránea y aumento del nivel del mar,
• Transformación en las oportunidades para los medios de subsistencia,
• Migración interna e internacional.
• Cambios en los riesgos de la salud,
Además de estas afectaciones, en tiempos recientes el país resultó perjudicado por las constantes inundaciones y las remociones en masa que evidenciaron la fragilidad de la infraestructura productiva y vial.
A nivel general las coberturas que proveen alimentos afectadas por inundación en 2010-2011, de áreas agrícolas heterogéneas fueron 416.654 ha. (25,4%), cultivos transitorios 46.142 ha (2.8%), cultivos permanentes 9.990 ha. (0.6%) y pastos que teóricamente están dedicados a ganadería son de 693.065 ha. (42,2%), lo que representa el 77.1% del total de las áreas inundadas. Entre los departamentos más afectados por las inundaciones figuran Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Chocó, Casanare y Córdoba. En términos de afectación pecuaria, en el sector avícola se registraron cerca de 600.000 animales muertos entre aves ponedoras y de engorde, y 7 millones de aves más estuvieron en riesgo por ahogamiento, traslado constante, y desabastecimiento de alimento. Los principales departamentos afectados en este sector fueron Santander, Cundinamarca, Boyacá y el Eje Cafetero. En el sector bovino, se contabilizaron más de 160.900 animales muertos y 2’068.385 animales desplazados. Los departamentos con mayor grado de desplazamiento de este tipo de ganado fueron Bolívar, Magdalena, Cesar, Sucre, Córdoba, Atlántico y Santander. En el sector piscícola se registraron 8’500.000 alevinos muertos y 2.601 toneladas perdidas de carne de camarón y pez.
De acuerdo con el informe sobre cambio climático y seguridad alimentaria de la FAO, la agricultura, las actividades forestales y la pesca son todas faenas sensibles al clima, por lo cual sus procesos de producción estarán afectados por el cambio climático. Las transformaciones en los modelos de producción agrícola afectarán la seguridad alimentaria de dos modos: las repercusiones en la producción alimentaria perjudicarán el suministro de alimentos y las repercusiones en todas las formas de producción agrícola afectarán los medios de subsistencia y la capacidad de acceso a los alimentos. Los grupos de productores menos capaces de abordar la cuestión del cambio climático, tales como las poblaciones rurales pobres, arriesgan comprometer su seguridad y bienestar.
El aumento en los costos de producción, previsibles por los efectos de riesgos y cambio climático, acelerará el incremento vertiginoso de los precios de los productos alimenticios reduciendo el ya de por sí bajo poder adquisitivo de los hogares más vulnerables, aumentando el número de personas expuestas al hambre. Los departamentos que estarán en mayor riesgo son 18 (55% del total): Arauca, Atlántico, Bogotá D.C., Boyacá, Casanare, Cauca, Cesar, Choco, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Quindío, Sucre, Tolima y Valle del Cauca. Los mapas 3 y 4 registran las principales zonas y departamentos afectados por el cambio climático en las próximas tres décadas y su incidencia negativa en la seguridad alimentaria de Colombia.
Tomar nota
El análisis aquí presentado permite comprender los riesgos de desastres y los impactos negativos derivados del cambio climático para la seguridad alimentaria en Colombia. Sus efectos podrán sentirse en cada uno de los componentes de la misma: disponibilidad, accesibilidad y uso. El cambio climático realmente reducirá el crecimiento económico de muchas regiones impulsando la migración interna de sus pobladores.
Los hogares y comunidades que registran altas vulnerabilidades socioeconómicas serán los más afectados por esta transformación. La participación de los alimentos en el gasto promedio de una familia aumentará teniendo en cuenta que los precios de los alimentos aumentan con mayor rapidez que los ingresos. Es probable que la creciente escasez de agua, tierra y combustible ejerzan una presión creciente en los precios de los alimentos potenciando los efectos del cambio climático.
En relación con la producción de alimentos, la población campesina de las regiones Caribe y Andina serán perjudicadas; la región Pacifico y los resguardos de las poblaciones indígenas y afrodescendiente igualmente quedarán gravemente amenazadas. Pero aun Bogotá, ciudad capital, que presenta el mayor desarrollo del país tampoco escapa a la incidencia de los riesgos de desastres y cambio climático en la seguridad alimentaria de sus habitantes. Las repercusiones proyectadas podrían ser modificadas por la adopción de medidas de gestión del riesgo y de estrategias de adaptación que fortalezcan la capacidad de intervención y la resistencia. Pero principalmente, la característica del modelo de desarrollo unido al rápido crecimiento de la población implica para los colombianos un gran desafío en transformar el sistema económico, cambio en la cultura de consumo, sostenibilidad ambiental, acceso equitativo a los recursos, la superación de la pobreza y el desarrollo rural integral.
Historia y contexto global
El año 1972 marcó un punto de inflexión global en la toma de conciencia sobre la fragilidad ambiental, los límites del modelo de desarrollo capitalista y la posible autodestrucción de la especie humana. La Cumbre de la Tierra de Estocolmo, Suecia, fue la primera gran conferencia de la ONU sobre cuestiones ambientales internacionales. Sus conclusiones llaman la atención sobre la equivocada utilización de la capacidad de la humanidad para transformar lo que lo rodea, generando daños incalculables al ser humano y a su medio: niveles peligrosos de contaminación del agua, el aire, la tierra y los seres vivos, grandes trastornos del equilibrio ecológico de la biosfera; destrucción y agotamiento de recursos insustituibles y graves deficiencias, nocivas para la salud física, mental y social del ser humano, en el medio por él creado, especialmente en aquel en que vive y trabaja.
También en 1972 fue publicado el informe “Los límites al crecimiento”, encargado al MIT por el Club de Roma. Su divulgación ocurrió poco antes de la primera crisis mundial del petróleo. En la conclusión, el equipo investigador afirma que “si el actual incremento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales se mantiene sin variación, alcanzará los límites absolutos de crecimiento en la Tierra durante los próximos cien años”. En 1992, sale al mercado una versión actualizada con el nombre de “Más allá de los límites del crecimiento” donde muestran que la humanidad ya había superado la capacidad de carga del planeta para sostener su población.
Con el inicio del nuevo siglo, año 2004, llega el trabajo “Los límites del crecimiento: 30 años después”, centrado en la discusión sobre el imparable crecimiento de la población mundial, el aumento de la producción industrial, el agotamiento de los recursos, la contaminación y la tecnología; su conclusión: “no puede haber un crecimiento poblacional, económico e industrial ilimitado en un planeta de recursos limitados”. En 2012 fue publicada la última edición de “Los límites del crecimiento” donde se demuestra, mediante el instrumento de la huella ecológica, que el crecimiento económico y la cultura consumista promovida por el sistema mundo capitalista de los últimos cuarenta años conduce a la humanidad al colapso, encontrándonos en una transición inevitable.
En el mundo, la acumulación capitalista y el crecimiento de la población aumentan en proporción geométrica. El sistema capitalista requiere, para su normal funcionamiento, de una expansión continua a una tasa acumulativa del 3 por ciento anual. Con un crecimiento por debajo de esa cifra los capitalistas consideran que la economía está estancada; cuando el incremento del PIB es inferior a uno por ciento los economistas califican la situación de recesión y crisis. Durante toda la historia del capitalismo la tasa de crecimiento compuesto ha estado en torno al 2,3 por ciento anual.
En cuanto a la población, en 1750 habitaban el globo 791 millones de personas, en 1810 ya eran 1.000 millones, pasando a 1.600 en el año 1900; un siglo después la cifra superaba los 6.000 millones. Actualmente la población mundial suma 7.200 millones. De acuerdo con las Naciones Unidas, podríamos ser entre 11 mil y 13 mil millones para el 2100. El desafío planetario se concentra en el manejo de los recursos y su aprovechamiento, que es lo conocido en los últimos años con el término ‘huella ecológica’. Hoy se usan más recursos de los que el planeta puede abastecer. El 86 por ciento de la población mundial vive en países que exigen más de lo que sus propios ecosistemas pueden ofrecer. Y de seguir así, para el 2030 sería necesario el equivalente a dos planetas para abastecer las necesidades básicas de la humanidad y tal vez más de 10 planetas para el año 2100, según el Fondo Mundial para la Naturaleza.
En efecto, el crecimiento poblacional y los cambios en los patronos de consumo elevarán para el año 2050 la demanda global de alimentos en 60 por ciento. Este hecho implica un incremento en la inversión en agricultura en los países periféricos de US$83 billones anuales.
En la actualidad, cerca de 805 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero incluso más del doble, hasta 2.000 millones, sufren de malnutrición o “hambre oculta”, según el Índice Global del Hambre (GHI) de 2014. La principal causa de la malnutrición, caracterizada por la ingesta insuficiente de vitaminas, minerales y nutrientes, que debilita el sistema inmunológico y eleva la mortalidad infantil, es sobre todo la pobreza. Por ello, según el último informe de la ONG Intermón Oxfam, el problema a resolver no es el de la sobrepoblación, sino el de la distribución desigual de sus habitantes y, lo que es peor, de los recursos del mundo. En efecto, 85 individuos aglutinan hoy tanta riqueza como los 3.570 millones de personas que componen la mitad más pobre de la población mundial.
Seguridad alimentaria en riesgo
De acuerdo con la Cumbre Mundial de la Alimentación (1996) existe seguridad alimentaria cuando toda la población, y en todo momento, tiene acceso físico, social y económico a alimentos seguros y nutritivos que satisfacen sus necesidades dietéticas y preferencias alimentarias, para una vida activa y saludable. Es decir, ésta depende de que exista disponibilidad, acceso, así como buena y efectiva utilización biológica de los alimentos y su sostenibilidad de largo plazo. Pero alcanzar este objetivo no es posible sin una inversión social robusta, sin un enfoque holístico con referentes territoriales y poblacionales concretos, sin programas integrales de desarrollo rural y sin medidas efectivas que permitan superar las desigualdades e inequidades sociales.
¡Paradoja! El exceso de producción de alimentos en el mundo es una realidad admitida. Sin embargo, prevalece una alta proporción de la población en condiciones de «vulnerabilidad» víctima de la segregación alimenticia impuesta por las relaciones de producción capitalistas que generan desigualdad, exclusión y explotación, contrariando el hecho que la liberación del hambre fue introducida en la Carta Internacional de los Derechos Humanos. La persistencia del hambre y de la mala nutrición, como se reafirma una y otra vez, es intolerable ética y socialmente, incompatible con la dignidad de los seres humanos y con la igualdad de oportunidades a que tienen derecho.
Además, la tendencia expansionista del modo de producción capitalista acentúa la violencia destructiva de la especie humana sobre el ambiente natural. La producción capitalista desarrolla las fuerzas productivas y universaliza sus relaciones sociales de producción, al tiempo que socava las fuentes originarias de toda riqueza: la naturaleza y el trabajo.
Las consecuencias de esta lógica están a la vista. El planeta es devastado por la expoliación de sus recursos naturales en la espiral acumulación capitalista-población. La tasa de crecimiento compuesto del 3 por ciento del capital y el aumento geométrico de la población encuentra serias restricciones en la naturaleza. El interrogante del siglo XXI es si el planeta resiste esta doble dinámica. Si la respuesta es positiva, ¿podrá distribuirse la producción equitativamente y en paz? Un desfase entre población, acumulación y naturaleza genera desempleo, hambre, miseria y violencia y, posiblemente, la desaparición de la especie humana.
No sólo la condición del hambre está asociada al sistema mundo capitalista, la actual crisis ambiental es un factor adicional a la segregación alimenticia. El agotamiento de los recursos naturales, la contaminación, la disputa por el área cultivada impulsada por los agrocombustibles, el cambio climático y la mayor variabilidad del clima amenazan la seguridad alimentaria de la especie humana.
El Índice Global del Hambre
La información tomada para este artículo procede del Índice Global del Hambre (GHI), un informe mundial actualizado cada año y que es una herramienta diseñada para medir y dar seguimiento de manera comprehensiva al hambre a nivel mundial y también por países y regiones.
El GHI lo publican de forma conjunta el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (Ifpri, por sus siglas en inglés) y las ONG Concern Worldwide irlandesa y Welthungerhilfe alemana. Este Índice combina tres indicadores de igual ponderación: i) la proporción de subnutridos como porcentaje de la población (lo que refleja la porción de la población con insuficiente ingesta de energía en la dieta); lii) la frecuencia de la insuficiencia de peso en los niños menores de cinco años (lo que indica la proporción de éstos que sufren de pérdida de peso) y, iii) la tasa de mortalidad de los niños menores de cinco años (lo que refleja en parte la fatal sinergia entre ingesta insuficiente de alimentos y entornos insalubres). El índice clasifica los países en una escala de 100 puntos, siendo 0 la mejor puntuación (no existe hambre) y 100 la peor. Cuanto más alto el índice, peor es la situación alimentaría. Los valores por debajo de 4,9 reflejan poca hambre, los que oscilan entre 5 y 9,9 reflejan un hambre moderada, entre 10 y 19,9 indican un serio problema, los valores entre 20 y 29,9 son alarmantes y los de 30 o más son extremadamente alarmantes.
A nivel mundial, el Índice Global del Hambre 2014 tiene un valor de 12,5, lo que indica una grave situación de seguridad alimentaria y nutricional. Sin embargo, en 1990, el GHI global fue de 20,6, lo que significa una disminución de 39 por ciento en los últimos años. http://www.ifpri.org/publication/2014-global-hunger-index
Le Monde Diplomatique, edición Colombia.