CIDH inicia trámite a solicitud del senador Iván Cepeda por vulneración de sus derechos políticos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le solicitó al Estado colombiano, información relacionada con la petición del legislador de abrir un caso por la violación de sus derechos políticos, con base en los procesos disciplinarios iniciados en su contra en la Procuraduría General de la Nación, por presunta extralimitación en sus funciones en el ejercicio del control político. El organismo internacional ya había hecho una solicitud similar en 2014 en el estudio de la concesión de medidas cautelares por el mismo caso.

Mediante un escrito, la CIDH informó que a partir del 17 de marzo del presente año, el Estado colombiano tiene un plazo de tres meses para presentar sus observaciones, con miras a definir la admisibilidad de la solicitud del 24 de enero de 2014 para que se abra un caso por vulneración de los derechos políticos del senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro y de sus electores.

Actualmente, la Procuraduría adelanta indagaciones preliminares e investigaciones por las actuaciones del senador Cepeda en el acompañamiento a la comunidad de Las Pavas (Sur de Bolívar) en el retorno a sus tierras, por las declaraciones recibidas de exparamilitares y puestas en conocimiento de la Fiscalía, que relacionarían al expresidente Álvaro Uribe con actos delictivos, y por el acompañamiento a las comunidades campesinas de Cajamarca (Tolima) en sus reclamaciones contra la minería a gran escala.

El congresista afirmó que la actuación de la CIDH “es una muestra del interés que tiene el Sistema Interamericano en los casos en los que se estaría atentando contra los derechos políticos de los elegidos por voto popular y se está vulnerando el derecho al control político”.

Es de recordar que la CIDH pidió información en febrero de 2014 con base en la solicitud de medidas cautelares por las actuaciones que desarrolla la Procuraduría General contra el legislador, por las presuntas faltas de abuso de la función pública, fraude procesal y calumnia, en tanto su resultado podría ser la de “una inhabilitación para ejercer cargos públicos en flagrante violación del artículo 23.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos”, según la demanda.