Colombia segundo país del mundo en asesinatos a defensores de derechos ambientales. Alirio Uribe

Bogotá, agosto 25 de 2017

Así lo denunciaron desde el Congreso de la República los representantes a la Cámara Ángela María Robledo (Partido Alianza Verde) y Alirio Uribe Muñoz (Polo Democrático Alternativo) durante la audiencia pública “Rol de Colombia en la negociación del acuerdo regional sobre derecho a la información, participación y justicia ambiental” – Principio 10 Declaración de Río-, citada por los congresistas en coordinación con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CENSAT Agua Viva, Universidad de Medellín – Clínica Jurídica de Interés Público y CELEAM.

Según los legisladores la cifra corresponde al informe de Global Witness (2017) que incluye a Colombia como el segundo país más peligroso en el mundo para el ejercicio de la defensa de derechos ambientales. La cifra es preocupante frente a la cada vez mayor conflictividad que se presenta en los territorios por la defensa del ambiente y contra la exploración y explotación de recursos minero energéticos en contra de la vida, la salud y el ambiente de las comunidades. 

108 líderes y activistas de todo el mundo suscribieron en 1992 la Declaración de Rio con el fin de establecer una alianza mundial a favor del desarrollo sostenible y promover los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales. En el 2012, países de Latinoamérica y el Caribe firmaron la Declaración de la Aplicación del Principio 10, como compromiso para negociar un Acuerdo Regional vinculante que establecerá las normas mínimas para garantizar el derecho de acceso a la información, a la participación y el acceso a la justicia, todos en materia ambiental. Actualmente 24 países se han sumado a la negociación de este acuerdo con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

De acuerdo con la representante Ángela María Robledo: “El Estado colombiano ha demostrado su falta de interés en garantizar un pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental. Tenemos que estar vigilantes de lo pasa con la extracción en los territorios en proceso de pos acuerdo. Aquí tenemos que hacer reformas en minga desde abajo, por la izquierda y con la tierra”, aseguró. 

Por su parte el representante Alirio Uribe afirmó que: “El gobierno colombiano ha evadido sistemáticamente estos compromisos y se ha empeñado en introducir al texto lenguaje regresivo que margina al Estado de su rol de garante, a la vez que condiciona la realización de derechos humanos a la existencia de recursos económicos”.

Durante la audiencia se llamó la atención en la necesidad de incorporar el reconocimiento a la legitimidad de la labor de los defensores y defensoras del ambiente y el territorio, la prevención de agresiones en su contra, la investigación, judicialización y sanción de las violaciones que contra ellos se cometan y las garantías necesarias para el desarrollo de su labor incluyendo el acceso a la información y la participación.