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Confirmado paro minero para 18 de febrero ante arremetida del gobierno de Santos contra el sector

El Espectador  

En el último año más de 700 máquinas han sido destruidas y quemadas por los operativos del Gobierno Nacional.

En diálogo con Caracol Radio, la vicepresidente de la Confederación Nacional de Mineros, Luz Estella Ramírez Guevara, aseguró que el próximo miércoles 18 de febrero se dará inicio al paro minero que se realizará en diferentes regiones del país.

Dicho paro tiene como causa la falta de recursos que está afectando y dejando sin alimentos a mineros y barequeros del país.

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En el último año más de 700 máquinas han sido destruidas y quemadas por los operativos del Gobierno Nacional.

En diálogo con Caracol Radio, la vicepresidente de la Confederación Nacional de Mineros, Luz Estella Ramírez Guevara, aseguró que el próximo miércoles 18 de febrero se dará inicio al paro minero que se realizará en diferentes regiones del país.

Dicho paro tiene como causa la falta de recursos que está afectando y dejando sin alimentos a mineros y barequeros del país.

“Los mineros y barequeros están prácticamente aguantando hambre por la arremetida del gobierno nacional contra el sector”, señaló Ramírez.

La dirigente gremial agregó que las diferentes medidas que ha tomado el gobierno en contra del sector es un atropello contra los trabajadores, además de que no han establecido los parámetros claros para el funcionamiento del sector.

“La persecución, tildarnos de criminales, de apoyar a grupos ilegales, la destrucción de maquinaria a pequeños mineros, y ahora establecer una especie de impuesto o RUT a los comercializadores de los diferentes minerales, se convierte en un atropello contra los mineros, es decir el gobierno busca a toda costa acabarnos”, manifestó la vicepresidente de la confederación.

Ramírez destacó que en el último año “más de 700 máquinas han sido destruidas y quemadas por los operativos del Gobierno Nacional sin mediar palabra y tildándonos de criminales a todos sin discriminación, en una clara vulneración de los derechos”.

El Espectador, Bogotá.

 

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