Congreso, a demostrar su voluntad de paz

Bogotá, julio 26 de 2017

Los congresistas Ángela María Robledo de la Alianza Verde, Alirio Uribe Muñoz e Iván Cepeda del Polo Democrático Alternativo analizaron las principales dificultades que enfrenta hoy la implementación del Acuerdo de Paz, de cara a la nueva legislatura.

Jurisdicción Especial de Paz

Uno de los puntos que más preocupa a los legisladores es el trámite de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz que constituye un pilar fundamental en la implementación del punto 5 del Acuerdo.  Al respecto y en coordinación con organizaciones de víctimas y de derechos humanos proponen que dicha ley debe contener como mínimo los siguientes aspectos:  1. Competencias y aplicación de las normas internacionales y del DIH en la calificación jurídica de las conductas; 2. El respeto a los mecanismos de condicionalidades e incentivos para un tratamiento penal diferenciado, tanto para excombatientes como para un tratamiento equitativo y simétrico de la fuerza pública; 3. Definición de los mecanismos de selección y priorización de casos, así como la verificación del cumplimiento de la obligación de investigar las graves violaciones a los derechos humanos y 4. La participación efectiva de las víctimas en los procesos tanto en representación legal como en recursos en las diferentes etapas. 

Reformar la ley de víctimas y restitución de tierras

Los legisladores señalaron que los alcances de la ley de víctimas se deben profundizar y mejorar. En materia de restitución de tierras deben hacerse solo los ajustes reglamentarios requeridos para fortalecer el proceso de restitución de las tierras que les fueron despojadas a las víctimas, para lo cual deben respetarse elementos esenciales de la restitución, como las facultades que actualmente tienen los jueces y magistrados, la inversión de la carga de la prueba a favor de las víctimas, la exigencia de buena fe exenta de culpa para los opositores, las compensaciones, entre otros, que son el corazón de la restitución de tierras y de ninguna manera se pueden limitar. 

De acuerdo con estas apreciaciones, la reforma debe comprender la ampliación del universo de víctimas; el reconocimiento de aquellas que se encuentran en el exterior, el reconocimiento efectivo de los principios de enfoque diferencial y de género, así como del principio de progresividad y no regresividad; la prestación de medidas de atención humanitaria, especialmente en salud, de manera que se garantice una cobertura gratuita a todas las víctimas; la transformación del programa de atención sicosocial existente en una política pública sostenible; el derecho a que las medidas de reparación integral no sean confundidas con aquellas medidas para la superación de la pobreza a que tiene derecho la población en general; y finalmente, el deber del Estado de coordinar de manera adecuada su institucionalidad tanto a nivel central como territorial para garantizar la aplicación de la ley, y sobre todo, de disponer de los recursos necesarios para su ejecución.

Paramilitarismo

Para los congresistas es fundamental incluir la prohibición del paramilitarismo a nivel constitucional, así como su tipificación en el Código Penal, para el efectivo funcionamiento de la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales relacionadas con el paramilitarismo y sus redes de apoyo. La creación de la Unidad supone un avance significativo y necesario en el reconocimiento de los derechos de las víctimas del paramilitarismo y una necesidad ante más de 156 asesinatos de defensoras de derechos humanos y líderes sociales y políticos identificados desde 2016, así como la ocupación de territorios en donde antes se encontraba la guerrilla de las FARC.

Se espera que el gobierno tome todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad tanto de los líderes sociales, como de los miembros de las FARC, el ejercicio de la política y el derecho a la protesta. Insisten en la urgencia de que el Sistema Integral Seguridad para el Ejercicio de la Política entre en funcionamiento cuanto antes. Así mismo, instan al acompañamiento internacional y de veeduría a fin de que se dé cumplimiento a las obligaciones estatales en materia de seguridad como una garantía para la participación democrática en la construcción de paz.

Reforma Rural Integral 

En cuanto a la Reforma Rural Integral, las preocupaciones están centradas en los desarrollos de los temas de zonificación ambiental y cierre de la frontera agrícola, el sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación, la jurisdicción agraria y el catastro multipropósito. 

Según los congresistas, ninguna nueva norma podrá significar menoscabo o retrocesos en las garantías que actualmente tienen los mecanismos de participación ciudadana, ni contemplar medidas regresivas frente a derechos como la consulta previa, o que pretendan viabilizar la adjudicación de baldíos a quienes no son sujetos de reforma agraria, legalizar acumulaciones indebidas de tierras del Estado o despojo, desconocer la Unidad Agrícola Familiar, y en general las que sigan generando privilegios para los agro negocios sin dar garantías para la economía campesina, como lo reclama el Acuerdo de Paz. 

Cultivos de uso ilícito

Para los legisladores, es responsabilidad del Estado, garantizar que las medidas de sustitución de cultivos de uso ilícito hagan parte de una agenda amplia de desarrollo rural; que se respeten los derechos de quienes se acojan a la sustitución voluntaria y que se desarrolle prontamente la legislación para el tratamiento penal diferenciado a cultivadores, cultivadoras y a las mujeres en situación de vulnerabilidad, procesadas por delitos asociados al tráfico de drogas, principalmente.