Cordura y generosidad

Por Rodolfo Arango  

Tímidos gestos permiten confiar en que pronto la paz será política de estado, no simple estrategia de gobierno con fines electorales.

Uribe hizo giño para salvar aspiraciones presidenciales de Germán Vargas Lleras al debatirse la inhabilidad del vicepresidente. Días más tarde fue visitado por el superministro Néstor Humberto Martínez, lo que augura pronta participación del uribismo en el proceso de paz por vía de su comisión asesora. En buena hora.

Lograr que todos los partidos políticos apoyen los acuerdos de paz beneficia al país entero. También lo hace extender los beneficios penales a agentes estatales involucrados en el conflicto armado, entre ellos altos funcionarios del anterior gobierno recientemente condenados por chuzadas y seguimientos ilegales, lo que a la postre significa la extensión de la justicia transicional a los dos bandos en pugna. Las condenas a altos funcionarios y militares, y su posible indulto para posibilitar acuerdos definitivos, son un incentivo real para llegar pronto a la firma de un acuerdo de paz.

Luego de asegurados el apoyo al proceso y el equilibrio punitivo, es imperioso resolver el tema de la responsabilidad de los líderes por delitos atroces. Las víctimas exigen un mínimo de justicia a cambio de un máximo de verdad y una razonable reparación con garantías de no repetición. Para alcanzar tal mínimo las penas privativas de la libertad podrían verse reducidas al descontar el tiempo de permanencia en la Habana, con Cuba como cárcel, y el tiempo de confinamiento en las zonas de desmovilización exigidas por el expresidente Uribe.

El aporte del lado de la guerrilla y de otros sectores que simpatizan con modificar la Constitución sería aplazar sus ansias constituyentes. Sólo si en el transcurso de la etapa de consolidación de la paz no se verificaran efectivamente los cambios de fondo necesarios para arribar a una paz estable, se abriría la opción de una constituyente. La reforma constitucional no puede, ni debe, ser convertida en salvavidas que proteja a los excombatientes de la extradición. Un acuerdo con Estados Unidos al respecto es imprescindible.

Gobierno y guerrilla no pueden pretender que en la transición partidos o tendencias de izquierda acojan en sus filas a simpatizantes de la lucha insurgente antes de que la guerrilla haya hecho dejación de las armas. El riesgo de una matazón, como en el pasado, aduciendo la combinación de formas de lucha, es inaceptable. Además, razones de lealtad constitucional y democrática exigen respetar el esfuerzo de tantas personas, grupos, movimientos, que han luchado desde la institucionalidad para alcanzar los fines que consideran justos.

Sería un gran error que la sagacidad de algunos dirigentes se extendiera hasta arriesgar la vida de sus copartidarios al no impedir la injerencia de la subversión en la vida partidista antes de su reinserción definitiva. Sectores radicales de lado y lado se encargarían de perpetuar sus purgas políticas ante la pasividad, dolosa o gravemente culposa, de las autoridades públicas. Sobran ejemplos de tales crímenes en el pasado, entre ellos el genocidio de la Unión Patriótica. La conducta razonable consiste en avanzar en la concentración, desmovilización y dejación de las armas por la guerrilla. De esta forma, la política de estado en torno a la paz se elevaría incluso a pacto social entre todos los conciudadanos. Llegó el momento de construir confianza para todos, lo que requiere altas dosis de generosidad.

El Espectador, Bogotá.