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Consultas Populares para la defensa del territorio y el ambiente Debate de control político

Senadores Ivan Cepeda y Alberto Castilla, Representante Alirio Uribe

Boletín informativo

Bogotá, 26 de septiembre de 2017.- Los congresistas Iván Cepeda, Alberto Castilla y Alirio Uribe respaldaron hoy las consultas populares que defienden el territorio y el ambiente frente a la explotación minero-energética como un ejercicio democrático que debe ser respetado y rodeado de garantías por parte del gobierno nacional. 

En un pronunciamiento conjunto los congresistas destacaron la realización de ocho consultas populares en igual número de municipios de seis departamentos el país en las cuales participaron 31.103 ciudadanos para decirle no a la minería en sus territorios.

“Estos ejercicios de la democracia deben estar rodeados de garantías y los resultados de estas consultas deben ser respetados por el gobierno nacional, porque son procedimientos legales que derivan en mandatos populares”, dijo el senador Iván Cepeda.

Para el Representante Alirio Uribe la respuesta del ministro de Minas a estas consultas “desconoce el carácter democrático del Estado, favorece el autoritarismo y la centralización, niega las garantías que requieren estos mecanismos de participación ciudadana y van en contravía del Acuerdo de Paz que propende por la participación ciudadana en los territorios”.

“justamente las consultas populares empiezan a llenar un “profundo déficit de participación ciudadana en asuntos mineros y ponen en evidencia el centralismo en las decisiones que involucran el territorio donde vive la gente”, indico Uribe Muñoz.

El senador Cepeda recordó que después de Brasil Colombia es el país más peligroso para los ecologistas toda vez que 37 defensores del medio ambiente fueron asesinados en 2016 y persisten amenazas contra quienes promueven y participan en las consultas populares.

Para los congresistas que citaron el debate, el modelo de desarrollo que se fundamenta en la inversión multinacional para la extracción de petróleo, gas carbón y otros recursos no renovables niega el cambo climático, pone en peligro el agua como recurso vital para la supervivencia, va en contravía de un modelo productivo en el campo y abre las puertas para el clientelismo y la corrupción.

Según datos oficiales, hasta abril de 2017 la explotación minera ocupa 4.541.807 hectáreas correspondientes a 19.027 títulos entre contratos de concesión y autorización temporal y hay 13.199 solicitudes que corresponden a 11 millones de hectáreas.

Los congresistas solicitaron al gobierno nacional respetar el mandato ciudadano expresado en las consultas populares, adoptar las medidas para hacer cumplir sus resultados, suspender toda actividad de titulación hasta que se expida la ley que regula el procedimiento de concertación entre la nación y el territorio y se garantice la participación ciudadana y declarar la caducidad de los contratos adjudicados irregularmente en parques nacionales, paramos y en los municipios que prohibieron la minería por mandato de consultas populares.