Desplazamiento forzado por construcción de megaproyectos es factor que está generando violencia en Buenaventura, denuncia senador Alexander López

La ciudadanía, organismos defensores de derechos humanos, sindicales, juntas de acción comunal, cabildos indígenas y las comunidades étnicas organizadas de Buenaventura, radicaron 98 denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República por crisis de la salud, muertos por inseguridad vial, impunidad, desplazamiento forzado, violación de derechos laborales y ausencia de soluciones a la crisis de agua potable y saneamiento básico, informó el congresista del Polo durante la Audiencia Pública que se realizó el pasado jueves 28 de abril en el principal puerto sobre el Pacífico colombiano.

Además, el congresista rechazó la actitud del vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien intentó sabotear la audiencia con empresarios en el terminal de contenedores.

El senador del Polo Democrático Alternativo, Alexander López Maya, aseguró que durante la Audiencia Pública de Derechos Humanos por las victimas del desarrollo y el estado de cosas inconstitucionales” realizada en Buenaventura, se presentaron 74 denuncias de manera escrita y 24 casos fueron denunciados de manera abierta. “La denuncia más preocupante es la del desplazamiento forzado a la que se está sometiendo a los habitantes de Buenaventura para la construcción de mega proyectos portuarios, sin que se haya realizado la culta previa”, precisó

López Maya, quien citó la audiencia pública, dijo que “hemos constatado la intención del Gobierno Nacional de promover de forma sistemática que la gente salga del territorio, porque en este Distrito, las autoridades no garantizan los servicios esenciales que están ordenadas por la Constitución, en zonas enteras del casco urbano, en áreas de bajamar, en la isla de Cascajal y el continente, se sigue viviendo sin agua potable, bajo el desplome de indicadores en materia de salud pública en enfermedades como la tuberculosis, meningitis, morbilidad infantil y madres gestantes, sin energía, sin hospital público, bajo megaproyectos tales como el terminal de contenedores de TCBUEN, el Malecón Bahía de la Cruz y la Ciudadela San Antonio que están desplazando a las comunidades sin consultarlas.”

La representante de Procesos de Comunidades Negras, Danellys Estupiñan Valencia dijo: “de aquí nos están sacando a sangre y fuego mostrando una imagen de la comuna 5 donde TCBUEN ha realizado la Construcción de un mega proyecto portuario. Somos un pueblo que resiste, no queremos seguir siendo víctimas del desarrollo y vamos a permanecer en este territorio, que es nuestro”.

Por su parte, Harrison Moreno afirmó: “nos están obligando a irnos de nuestras casas, desplazándonos para construir el  Malecón Bahía de la Cruz”.

El senador López Maya también solicitó que el Gobierno Nacional designe una comisión de alto nivel para que de manera oportuna todos estos casos sean revisados  y se defina la responsabilidad de los funcionarios del Estado o entidades privadas que están otorgando licencias para la construcción de megaproyectos sin que se haya realizado la consulta previa tal como lo determina la Constitución Política y los fallos del Consejo de Estado.

Por su parte el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, quien estuvo presente en la Audiencia dijo que “hay intereses económicos que pueden estar relacionados con la violencia en Buenaventura, de la misma manera, nos preocupa la forma en que se ha expresado el vicepresidente Vargas Lleras en torno al derecho fundamental a la consulta previa que debe entenderse como la necesidad de compensar y reconocer desequilibrios históricos con las comunidades étnicas”.

La audiencia pública contó con la presencia de la delegación internacional del pueblo Catalán, proveniente de la ciudad de Barcelona y la organización internacional de Acción Permanente por la Paz, con una delegación proveniente de Chicago, Illinois, Estados Unidos.

López Maya rechazó la actitud del vicepresidente Vargas Lleras, quien convocó a la misma hora de la audiencia, un evento con los empresarios del Terminal de contenedores TCBUEN, para anunciar inversiones en este proyecto por valores superiores a los 140 millones de dólares. “No se entiende como un servidor público como el vicepresidente puede celebrar el avance de proyectos portuarios como TCBUEN mientras la población de Buenaventura no tiene garantías para la vida y sus derechos fundamentales, así el gobierno no va a lograr que Buenaventura respalde su gestión”, recalcó el congresista del Polo. 

Además, López Maya exigió de los órganos de control, el alcalde de Buenaventura, Eliécer Arboleda, la Fiscalía, jueces y entidades de seguridad del Estado brinden todas las garantías a los ciudadanos que de forma verbal y pública y escrita participaron de la Audiencia Pública citada por la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, evitando que sean objeto de cualquier tipo de represalia, hostigamiento o persecución por parte de actores armados ilegales que hacen presencia en el territorio.