Dominancia en telecomunicaciones

Por Eduardo Sarmiento Palacio  

El sector de las telecomunicaciones, que constituye una de las áreas más dinámicas de la economía, evoluciona en forma anárquica.

En la evaluación de la OEMC, solicitada por el Gobierno, se cuestiona que la participación de una sola empresa en la telefonía celular sea de 65% y en la televisión

de 55%.

En días recientes el Gobierno emitió medidas que prohíben los contratos de permanencia de los servicios. Los usuarios quedan en libertad de trasladarse en cualquier momento a otro operador. Sin embargo, la medida no cambia el panorama. Las empresas mayores como Claro, que operan con elevadas utilidades, no tienen ninguna dificultad de compensarla con menores tarifas. El peso recae principalmente en las empresas menores.

El problema del sector son las economías de escala, es decir, la reducción de costos con el tamaño de las empresas. Las unidades mayores están en capacidad de establecer bajos precios para sacar a las menores y, si no lo hacen en la totalidad, es para dar la apariencia de competencia. La tendencia es a la fusión y al predominio de unas pocas empresas que obtienen las ganancias excepcionales. Así la empresa Claro opera con un Ebitda, diferencia entre los precios de venta y los costos, de más de 50%.

En el brillante debate en el Congreso, adelantado por los senadores Robledo y Laserna sobre la posición dominante y la naturaleza monopólica del sector, quedó claro que dentro de las normas de mercado las grandes empresas determinan la composición y las reglas para extraer las máximas rentas del sector. Luego de un aparente consenso en el Congreso sobre la materia, un grupo de senadores y representantes propusieron limitar la participación máxima de las empresas, y como mínimo, no autorizar la entrada de Claro a la subasta del 4G. Nada de esto conmovió al Gobierno. Luego de una subasta, que tuvo más la forma de repartición a dedo que una puja para escoger al mejor postor, Claro apareció como una de las licencias más baratas y favorables. Tan cierto es esto, que la empresa arrancó el negocio con una gran ventaja sobre el resto. No sería raro que las ventajas que tiene en la actualidad en la telefonía celular y en la televisión se extiendan a la internet.

Las medidas de mercado, como las de eliminación de la permanencia para bajar los precios, alivian a los consumidores, pero no modifican la estructura perversa. La única forma de reducir la concentración y el predominio de las empresas grandes es limitando la participación en términos de patrimonio e ingresos. Adicionalmente, se requiere una normatividad que facilite la operación de las empresas públicas con criterios sociales, como la de extender los servicios de internet a toda la población. Un camino consistiría en hacer efectiva la norma que establece que los equipos adquiridos en las concesiones al sector privado reviertan los equipos adquiridos al Estado luego de un tiempo. De esa manera, se conseguiría que la inversión en redes, que tiene un alto elemento de bien público, lo realice el sector privado y le permita un amplio acceso a las empresas oficiales.

Muchas de las dificultades y los desaciertos se originan en la Constitución, que establece en forma imprecisa el derecho a la libre competencia, y más, lo confunde con la libre empresa. En la teoría económica reconocida la competencia es un estado en que participan múltiples consumidores y productores. Pero este no es el caso de los servicios públicos expuestos a economías de escala; las actividades son dominadas por un número reducido de operadores privados. La solución de fondo en el aseo, la energía eléctrica y, desde luego, en las comunicaciones, es la presencia del Estado orientada a evitar la posición dominante y conformar una estructura mixta de empresas públicas y privadas reguladas.

El Espectador, Bogotá, 27 de abril de 2014.