Nacional
Ecuador y su proceso de reconversión de la matriz productiva mediante una economía basada en conocimiento y creatividad del talento humano
Por Orlando Pérez / El Telégrafo
El gobierno del presidente Rafael Correa dentro de su Plan de Desarrollo denominado para el Buen Vivir, apunta a lograr la reconversión de la matriz productiva del Ecuador para que este país pase de un modelo económico extractivista y exportador de recursos naturales a uno sustentado en el conocimiento y prestador de servicios.
En esta entrevista realizada por el director del diario público El Telégrafo
Por Orlando Pérez / El Telégrafo
El gobierno del presidente Rafael Correa dentro de su Plan de Desarrollo denominado para el Buen Vivir, apunta a lograr la reconversión de la matriz productiva del Ecuador para que este país pase de un modelo económico extractivista y exportador de recursos naturales a uno sustentado en el conocimiento y prestador de servicios.
En esta entrevista realizada por el director del diario público El Telégrafo
de Ecuador, Orlando Pérez, el titular de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, René Ramírez, explica los alcances de una economía basada en el conocimiento y la creatividad del talento humanos, en la cual está empeñado en consolidar el gobierno de la Revolución Ciudadana de Correa.
El texto de la entrevista es el siguiente:
La naturaleza de la disputa política no se reduce a la lucha electoral o a la búsqueda de espacios en las instituciones estatales. Tras varios debates lo evidente es que si hay una luz al final del camino en la construcción de otro tipo de sociedades, distintas al capitalismo tradicional, esta se iluminará en el terreno del conocimiento.
En América Latina pensadores como Álvaro García Linera o René Ramírez han colocado las pautas para esta discusión más allá de las disputas partidistas. El propio presidente Rafael Correa ha dado pie a debates que sobrepasen el trillado modelo de desarrollo y ha planteado otras formas de concebir el escenario de la equidad, la justicia y el socialismo a partir de búsquedas y encuentros con la sabiduría y el conocimiento.
De ahí que se hace necesario conversar sobre este tema y para ello René Ramírez, secretario nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) e intelectual de profundas reflexiones y propuestas, es la persona que más genera estas discusiones.
¿Qué implica construir una economía basada en el conocimiento?
Una de las propuestas programáticas centrales de este Gobierno constituye pasar de la economía de los ‘recursos finitos’ a la de los ‘recursos infinitos’. Es decir, de ser un país primario exportador y secundario importador a construir una economía basada en el conocimiento y la creatividad del talento humano de sus ciudadanos y ciudadanas. Los recursos naturales son finitos y perecibles. Las ideas, la innovación, la creatividad y la cultura no tienen -a priori- más límites que los éticos.
Podría entenderse esto como un ‘capricho’ del gobierno…
No es por capricho que el Gobierno dé tanta importancia a la educación superior y a la investigación científica: becas, crédito educativo, fortalecimiento de las universidades y de los institutos técnicos y tecnológicos, evaluación y acreditación de universidades, mejora salarial de los docentes/investigadores, inversión de casi 2% del Producto Interno Bruto en educación superior, la edificación y financiamiento de Yachay, Ikiam, Unae, Uniarte, etc. Este conjunto de reformas procuran crear el entorno académico e intelectual más propicio para el cultivo de la investigación, la cultura, la ciencia, la reflexión crítica y el conocimiento de punta.
En este marco, es necesario trabajar en dos sistemas: el de educación y el de innovación. Este Gobierno, en estos casi siete años, ha avanzado significativamente en el sistema de educación (aunque falta mucho por hacer), pero todavía tiene pendiente construir un sistema de innovación social.
¿Qué componentes tiene este sistema de innovación social?
El modo en que opera la innovación en una sociedad depende, como siempre, de elecciones políticas fundamentales. En los países de capitalismo avanzado, la innovación va de la mano de las necesidades de acumulación de las grandes empresas y transnacionales. Las universidades y los científicos se adosan a esa dinámica y terminan por investigar según intereses particulares (sin negar que en algunos casos ello puede ayudar a intereses más amplios).
Pero el comercio mundial marca la pauta de lo que se debe investigar y producir.
En efecto, las actuales reglas de juego del comercio mundial han producido un perverso fenómeno: la “tragedia de los anticomunes”. Este ha involucrado la hiperprivatización, el sobrepatentamiento y la hiperconcentración del capital por parte de aquellas instituciones que financian la investigación e innovación; lo cual ha generado un subuso social del bien conocimiento. Romper con tal tragedia, recuperar el sentido de lo público y democratizar el acceso y usufructo a este bien es el núcleo central de la economía social del conocimiento y del sistema de innovación social. El fin último de la innovación no debe ser la maximización de utilidades sino generar economía que permita satisfacer necesidades, garantizar derechos y potenciar capacidades individuales, colectivas y territoriales.
Para conseguir tales objetivos es necesario desarrollar, como parte del sistema de innovación social, los subsistemas de: talento humano; investigación; financiamiento e infraestructura científica y de innovación; y, de gestión de los derechos de propiedad. Justamente estos cuatro subsistemas plantean una mirada y tratamiento integral del recorrido que sigue la generación de saberes y conocimientos hasta su acceso libre y utilización social.
Rafael Correa señaló que la propuesta presentada implica un cambio entre el enfoque del capitalismo cognitivo y el que ustedes han denominado “economía social del conocimiento”. ¿Cuáles son las principales diferencias?
El capitalismo, en general, busca privatizar todo, mercantilizar todo. Si pudiera mercantilizar el aire, lo haría (en realidad tengo entendido que ya existen cámaras donde la gente paga por respirar aire puro). No obstante, la naturaleza del conocimiento en su carácter o condición de bien público no registra ni la exclusión ni la rivalidad de un bien privado. Es un recurso infinito que se puede distribuir libremente con mucha facilidad si no existiesen trabas institucionales. Por ejemplo, un libro o un software se pueden publicar en Internet para que todos hagamos uso de ellos. Por más que una persona lo use no habría, inicialmente, impedimentos para que otros lo hagan. Asimismo, sin barreras ad hoc no habría forma de excluir a nadie de su disponibilidad y usufructo. Esto es justamente el punto central que reconoce y, por ende, norma la economía social del conocimiento.
En el caso del capitalismo cognitivo, este ha construido regulación mundial que viabiliza la privatización y mercantilización del bien conocimiento. Esto se ha procesado a través de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de los Tratados Bilaterales de Inversión o de los acuerdos bilaterales/multipartes de comercio. Es obvio que los países industrializados buscan estos sistemas mercantiles del conocimiento/tecnología dado que ellos son los poseedores de los saberes de punta. Por su parte a los países del Sur nos queda reservado tan solo el papel de “ser consumidores” de la ciencia, la creación y la innovación del Norte.
¿Y esto cómo se verifica en Ecuador?
Dado que somos una nación de desarrollo tardío y por principio ideológico, la nueva gestión del conocimiento debe buscar construir una institucionalidad que recupere el sentido de lo público y común del bien conocimiento. En otras palabras, no solo proponemos construir un sistema abierto, libre y público del conocimiento porque creemos (por convencimiento) sino porque lo necesitamos en este momento histórico que vive el país. Básicamente nos referimos a una apuesta soberana para romper las sujeciones dependentistas históricas y contemporáneas en el campo cognitivo; y, programáticamente al cambio en la matriz productiva y los procesos de industrialización asociados a ello.
Recordemos que -por ejemplo- EE.UU. tenía un sistema cuasiabierto de gestión del conocimiento durante sus tempranos períodos de industrialización -solo reconocían las patentes nacionales y no permitían las patentes de empresas extranjeras; así podían copiar libremente su tecnología-. Otros países que han desarrollado industria recientemente, como India ni siquiera aceptaron la regulación internacional de la OMC sino hasta hace pocos años, cuando -por ejemplo- su industria farmacéutica de medicamentos genéricos ya había despegado. Los gobernantes de este país sabían que si aceptaban un régimen privativo de propiedad intelectual no podrían desarrollar esta industria, poniendo en riesgo no solo el desarrollo manufacturero de su país sino la salud de su población. Rusia es otro ejemplo de país que recientemente aceptó reglas OMC.
Esto implica que tanto los convenios que hemos firmado a nivel internacional, los acuerdos que firmaremos y el nuevo código orgánico de economía social del conocimiento busquen construir un sistema de propiedad intelectual que desarrolle la actividad creativa y la innovación socioeconómica, que facilite la transferencia tecnológica y el acceso abierto al conocimiento/cultura (lo/la democratice) para así romper con la dependencia cognitiva que hasta este momento padecemos.
Pero ante tamaño desafío hay unas fronteras y unas complejidades por superar.
Tenemos clara consciencia de nuestras limitaciones como país pequeño que no podremos cambiar la división internacional del trabajo, pero tampoco debemos caer en ese entreguismo en el cual -como mencionó el Presidente de la República- “no sólo permitíamos que nos impongan el collar y la campana sino que agenciosamente hemos puesto la cabeza y el cuello para que nos pongan más campanas”. Es decir, ¡si nos pedían reconocer patentes por 15 años, ofrecíamos reconocer por 20! Ahora, nuestra legislación nacional es más restrictiva que los acuerdos internacionales firmados. Por eso, estamos elaborando una nueva legislación orientada a democratizar el conocimiento para que sea un bien accesible a todos y permita el desarrollo de la industria nacional. Hoy en día, aunque nos den la opción de mantener vigente el sistema de propiedad intelectual que rige el uso de semillas, existen países cercanos a Ecuador que han firmado profundizar todavía más ese régimen de propiedad; de tal forma que no se permita resembrar las semillas que se compran del exterior si son patentadas. Nosotros nos alejamos de tal perspectiva. Al contrario, tenemos que jugar con las flexibilidades que dejan dichos convenios y obviamente cambiar la legislación nacional de propiedad intelectual. Esta normativa solo evidencia el servilismo y el sometimiento de las élites que nos gobernaban, las cuales querían demostrar ser los alumnos más destacados del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial. Ojalá en algún momento como países del sur del mundo, podamos coincidir en la necesidad de renegociar colectiva y mancomunadamente aquellos acuerdos vigentes en el comercio mundial que son ataduras a la ignorancia y al subdesarrollo. Si no reducimos las brechas tecnológicas, científicas y/o cognitivas, no podremos romper la dependencia estructural con el Norte rico del planeta.
Pero ahí salta de nuevo la paradoja de que la Naturaleza es de la humanidad y por tanto no hay límites ni regulaciones y al mismo tiempo, del otro lado, se habla de regular todo para no tocar nada, como señalan algunos neoecologistas.
Debemos tener claro que la biodiversidad no puede ser patentada. Se trata de patrimonio y no hay que confundirla con las invenciones que a partir de ella se generan. Es por eso que en la economía social del conocimiento, a través de su normativa, buscaremos que la biodiversidad sea tratada como patrimonio intangible de la nación y del Estado, tal y como señala la Constitución. De la misma forma, protegeremos los saberes de los pueblos ancestrales a través de regímenes especiales, sui géneris. Estos lineamientos tienen como objetivo evitar la biopiratería y que se reconozca, cuando sea el caso, que dicha información les pertenece a las y los ecuatorianos y/o a los pueblos ancestrales. No podemos permitir que las transnacionales vengan a robarnos nuestros conocimientos y luego nos los quieran vender, como ha sido el caso -por ejemplo- de la Epibatidina, un analgésico derivado de nuestra rana multicolor, cuya utilidad solo se llegó a conocer gracias a los conocimientos colectivos y ancestrales de nuestros pueblos y fue explotado por farmacéuticas internacionales, sin ningún tipo de beneficios para nuestro país y sin la participación de investigadores nacionales.
De la misma forma, la economía social del conocimiento considera la pluralidad de propiedades estipuladas en la Constitución. A diferencia del capitalismo cognitivo que solo reconoce la propiedad privada del conocimiento se busca que en el socialismo del Buen Vivir se tome en cuenta la propiedad pública, mixta, colectiva, republicana y -claro está- también la privada (es decir, un abanico de formas de propiedad intelectual según la naturaleza del bien) y que su modalidad de producción sea sobre todo colaborativa (en red) con y para la sociedad y la humanidad. Debemos recordar que en ese marco, se trabajó el Reglamento de Régimen Académico para las instituciones de educación superior que fomenta la edificación de millones de redes de conocimiento; que unan millones de cerebros. Es decir, construir el intelecto social, el intelecto colectivo, el general intellect.
¿Y todo ello sería un movilizador efectivo del cambio de la matriz productiva?
Si realmente queremos transformar la matriz productiva y emanciparnos socialmente debemos cambiar la forma en que se han venido gestionando y valorando el conocimiento y la tecnología. El proceso de industrialización que está buscando el actual proyecto político necesita de legislación y dinámicas de desagregación y transferencia tecnológica que usualmente son deliberadamente impedidas por aquellos poseedores de patentes, tecnologías y conocimientos a través de organismos que garantizan tales derechos de propiedad intelectual. Ya vendrán voces opositoras a estas propuestas queriendo confundir a la ciudadanía afirmando que la nueva normativa busca desincentivar la inversión del sector privado. Todo lo contrario. La economía social del conocimiento busca proteger a la industria nacional para que pueda desarrollarse a través de la eliminación de costos ligados al no-libre usufructo del conocimiento. Costos que se constituyen justamente en barreras a su potencial desarrollo.
Pero de hecho puede haber grupos económicos afectados o molestos con esto.
Quizás el único grupo que podría tener inconvenientes es el importador. Pero esta agenda es una apuesta soberana del país. Se prefiere que se genere industria, empleo y valor agregado en el Ecuador. También impedir una sangría de divisas al exterior. Por tanto, se apoyará a todo empresario y emprendedor que esté involucrado en esta propuesta de industrialización.
Para ejemplificar y poner en perspectiva, podríamos resumir señalando que mientras en el capitalismo cognitivo la banca más importante es la “capitalista”, en la economía social del conocimiento hablamos del “banco de ideas”, semillero del sistema de innovación social. Asimismo, mientras en el primero el fin de cualquier banco es la acumulación del capital; en el segundo se trata del Buen Vivir de su población y del planeta entero.
Entonces, ¿cuál es la relación existente entre el cambio en la matriz productiva y la economía social del conocimiento?
Como mencioné anteriormente, un cambio en la matriz productiva implica un cambio en la matriz cognitiva. Creo que los países del sur vivimos un segundo neodependentismo; mucho más letal que el primero que se basaba en los bienes industrializados. Esta nueva dependencia se estructura a través del conocimiento, la mente-factura. El mercado y su mano visible, en esta nueva etapa del capitalismo, hace su mayor planificación: programa la obsolescencia y el deterioro de los bienes del mercado. Cuando compramos -por poner un ejemplo- un celular, usualmente la transnacional que lo ha fabricado ya sabe hasta cuándo funcionará, cuándo ofertará su nuevo producto a los consumidores y cuándo quedará obsoleta la tecnología recién puesta en el mercado.
En este momento Ecuador importa centenas de millones de dólares en tecnología. Por ello, si no queremos ser ‘banana republic forever’ debemos firmar convenios internacionales y tener un marco jurídico que nos permitan hacer transferencia y desagregación tecnológica de los diferentes productos y servicios. No podemos, por ejemplo, permitir que nos vendan maquinaria sin siquiera incluir un manual de reparación, para que siempre estemos supeditados a comprar servicios de reparación al exterior. Asimismo, el sistema de propiedad intelectual debe garantizar que el proceso de patentamiento de transnacionales no imposibilite sistemáticamente el desarrollo de la industria nacional. No solo que es nodal en la propuesta programática de este Gobierno buscar cambiar la matriz productiva sino que es necesario hacerlo para que más y mejores empleos se generen en Ecuador; que la mayor cantidad de valor agregado se quede en el país; que no se fuguen cerebros; y no se pierdan divisas a través de los procesos de importación de los diferentes bienes que, con poco esfuerzo, podríamos haber hecho en el país hace mucho tiempo. A lo mencionado hay que sumar que el sistema dolarizado obliga a tener esta estrategia de desarrollo. No hacerlo, en el mediano plazo, podría poner estructuralmente en riesgo al mismo sistema monetario vigente en el Ecuador.
¿Y esto solo puede ocurrir con un Estado regulador, generador de políticas públicas o se abre al libre mercado y a la iniciativa individual?
El cambio mencionado no podrá realizarse sin que el Estado, como acción colectiva del conjunto de ecuatorianos y ecuatorianas, juegue un rol estratégico para incentivar la investigación científico-tecnológica y compensar la inversión en aquellos bienes que resultan de interés público para la sociedad, como son los alimentos, medicamentos o la tecnología orientada a fortalecer los procesos educativos.
Es necesario señalar que la inversión que está y continuará haciendo el Ecuador en educación superior, ciencia, tecnología e innovación juega un rol estratégico en el cambio en la matriz productiva. El esfuerzo económico en becas, crédito educativo, en universidades e institutos técnicos y tecnológicos, en Yachay, en Ikiam, en el programa Prometeo, tendría muy poco impacto en la estrategia de generar un nuevo patrón de acumulación para el país de no transitar de un sistema mercantil de propiedad intelectual a un sistema que gestione libremente el acceso al mismo. Si el cambio en la matriz productiva tiene su horizonte en el sistema de innovación, este se vería truncado con el esquema de propiedad vigente o cualquiera que profundice sus efectos perversos dado los altos costos de entrada e institucionales que impone el sobrepatentamiento vigente en la economía mundial. En este caso, la inversión en becas o en Yachay serviría poco al cambio del esquema productivo.
¿Qué importancia tiene el Socialismo del Buen Vivir a esta nueva forma de gestionar el conocimiento?
Existen académicos que desde la torre de cristal intentan hacernos creer que se puede separar el mundo de la razón y las ideas, del mundo de lo material y la economía política que existe a nivel global. Esto no solo evidencia la falta de entendimiento de lo que pasa ahora en nuestro planeta sino la ausencia de realismo político para buscar una verdadera transformación social.
En el capitalismo cognitivo, al venirse abajo la división tradicional entre sujeto y objeto, dada la no divisibilidad entre mente y cuerpo, se vuelve necesario construir un sistema de sujetos que en la propia producción y reproducción de relaciones (lenguaje, sentimientos y conocimiento) pueda emancipar a los individuos y con ello a la sociedad. Esto tiene que ser pensado con mucho pragmatismo político (¡no se trata de metafísica!) pero sin perder el horizonte de sentido de un nuevo orden social.
El filósofo francés, Michael Foucault sostenía que quien tiene el conocimiento, tiene el poder. No habrá posibilidad de trastocar el poder sino disputamos la forma en cómo se gestiona el conocimiento; y, debe quedar claro, que en el capitalismo cognitivo existe supremacía del capital frente a la vida. En otras palabras, mientras en el capitalismo cognitivo se busca la maximización de las utilidades derivadas del conocimiento por el agente que financia la investigación, en el socialismo del Buen Vivir se busca maximizar las externalidades positivas (tanto materiales como inmateriales) del conocimiento en toda la sociedad. Por ejemplo, mientras para el capitalismo cognitivo un fármaco debe producir la mayor cantidad de dólares posibles, para la economía social del conocimiento debe producir el mayor impacto positivo en la salud de la gente.
En segundo lugar, si no logramos poner freno a ese poder, la dependencia cognitiva se perpetuará ad infinítum y, con ello, la imposibilidad de hacer un cambio real en la matriz productiva del país (con todo lo que esto implica). Así, una transformación más vertiginosa en la superación de la pobreza estructural y en los niveles de desigualdad socioeconómica serían inimaginables.
Finalmente, debemos tener claro que tanto para las transnacionales como para las élites locales la estrategia más eficaz para mantener su poder y dominación es buscar que el pueblo se mantenga en la ignorancia. En el corazón del capitalismo cognitivo, a través de generar una institucionalidad que hiperprivatiza la propiedad intelectual, se busca que pocos privilegiados -que pueden pagar- tengan acceso al conocimiento. En el Socialismo del Buen Vivir se quiere que el individuo sea autónomo a través del acceso libre y democrático al conocimiento. Sistemas de propiedad intelectual mercantiles (cerrados) mantienen la esclavitud de la ‘ignorancia’, en tanto que la economía social del conocimiento busca liberar al individuo y a la sociedad a través de democratizar el acceso y la apropiación de los saberes generados. En otras palabras, el conocimiento abierto se constituye en un factor más de producción a ser distribuido en toda la sociedad.
El Telégrafo, Ecuador.