El acuerdo agrícola

Por Eduardo Sarmiento Palacio  

El Gobierno y las Farc emitieron el primer comunicado sobre el acuerdo de paz. Sin embargo, es muy sucinto y abre espacio para modificaciones y adiciones. De todas maneras, deja entrever una aproximación entre las partes mucho más operativa que en circunstancias anteriores.

En los puntos de consenso revelados se destaca la ampliación del acceso del campesino a la tierra por medio del banco de tierras. En segundo lugar, se anuncia la actualización del catastro y su aplicación para sancionar a quienes exploten inadecuadamente las propiedades; los agricultores más eficientes pagarán menos impuestos y tendrán un mayor acceso al crédito y los apoyos oficiales. En tercer lugar, se contempla extender la seguridad social al sector rural mediante la ampliación de los presupuestos públicos para salud, educación, Familias en Acción y vivienda.

El último punto es el más urgente. Por la violencia y los desaciertos económicos, el sector ha sido el gran damnificado de los últimos 20 años con índices de pobreza de 58%. Si se tiene en cuenta que contribuye con el 7% de la producción y alberga 18% de la población ocupada, la cuantía de la transferencia tendría que ser considerable para lograr un impacto significativo sobre la pobreza.

Ciertamente, el mayor acceso a la tierra para ampliar el tamaño de las unidades productivas y los estímulos para mejorar la eficiencia de su explotación son condiciones necesarias para el buen desempeño del sector. Pero no son suficientes. Ninguno de los dos propósitos se va a conseguir si los productores no cuentan con la demanda para vender sus cultivos a precios rentables.

En esta materia la agricultura es diferente al resto de sectores. En la mayoría de los bienes y servicios el aumento de la oferta da lugar a una elevación del ingreso del productor; en cambio, por la inelasticidad de la demanda, el precio para el productor agrícola baja mucho más y el ingreso disminuye. Por eso, el sector es subsidiado en todas partes del mundo.

Lo anterior fue precisamente lo que ocurrió con la apertura comercial. El experimento en agricultura se justificó como una forma de inducir la competencia que presionara a los productores a elevar la productividad y mejorar la eficiencia. En su lugar, significó la entrada masiva y la caída de los precios de los productos de mayor demanda mundial, como cereales, lácteos y carne, que los puso en desventaja en relación con el resto del mundo. Se confirmó que la incidencia del comercio internacional se da más en la demanda que en el abaratamiento de las importaciones. El sector no ha logrado recuperarse del impacto de la apertura en 1991. El área sembrada descendió en los últimos veinte años: hoy en día representa la cuarta parte del área apta para la agricultura.

Las acciones para ampliar la demanda tendrían que adentrarse en temas como los TLC, la inversión extranjera y el tratamiento del latifundio. La fórmula más expedita es limitar las importaciones y reducir los costos de producción mediante el suministro subsidiado de bienes públicos, investigación tecnológica, infraestructura de riego, fertilizantes y semillas. Otra opción es la explotación de los cultivos temperados en grandes extensiones intensivas en agua para sacar ventaja de las economías de escala, como lo consiguió Brasil ante la mirada de sus competidores. No son tareas que pueda realizar el mercado ni el sector privado sin adquirir posiciones dominantes. Lo que se plantea, más bien, es una organización estatal que opere en forma conjunta con los productores y las empresas comunitarias.

El Espectador, Bogotá, 3 de junio de 2013.