El derecho a la protesta social

Por José Arlex Arias Arias  

El compromiso de los gobernantes colombianos con el Consenso de Washington, consistente en una especie de reconquista del “Patio Trasero” por parte de Estados Unidos, a través de sus multinacionales, implica acondicionar la superestructura –constitucional, legal, económica y social– del país a sus requerimientos. Se trata de todo un proyecto para la retoma económica, por lo que se hizo necesario tener “las armas” para controlar la reacción de los sectores perjudicados. “Esas armas” van desde fomentar la división, enfrentar a los movimientos sociales, aislar a los “belicosos”, corromper a unos dirigentes, cooptar a otros y estigmatizar a los demás, hasta lanzar campañas de desánimo y alienación y “fortalecer las legislaciones” para dar castigos ejemplarizantes a quienes osen desafiar con huelgas y protestas el status quo. Se trata de que haya un “unanimismo” que permita el saqueo de los recursos.

Una de “esas armas de disuasión” es la criminalización social. Dice Wikipedia: “La criminalización de la protesta o del activismo social es la aplicación del código penal y los delitos y penas, al activismo y la protesta social, con el fin de debilitarla o desorganizarla. Es una estrategia aplicada por los gobiernos con la fuerza pública, que implicaría la modificación y el uso de las leyes… manifestándose también en medidas que –fuera de la ley– consistirían en señalar, hostigar, perseguir, encarcelar, torturar y hasta asesinar a quienes actúan por opciones de vida políticas, comparándolos con delincuentes y/o terroristas”. En ese sentido el presidente Santos y Germán Vargas Lleras, como Ministro del Interior y de Justicia, en su primer gobierno, aprobaron –junto con la Unidad Nacional– la Ley de Seguridad Ciudadana, según la cual “se penaliza con cárcel de 2 a 4 años a quienes obstaculicen las vías… también se penaliza con cárcel, de 4 a 8 años, la obstrucción y daño de transporte público”.

Hacia el 17 de julio de 2007, se dicta la Resolución Número 02467 por la cual “se crea el distintivo del Curso de Control de Multitudes de los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional, Esmad, formado en 1999”. A estos escuadrones se les sindica presuntamente de la muerte de tres indígenas en la protesta de la Cumbre Agraria y la Minga Indígena y de un estudiante en una protesta universitaria en abril en Bogotá. El representante a la Cámara, Alirio Uribe, del Polo Democrático, dijo: “por cientos de atropellos que hemos documentado sobre el Esmad, solicitamos que se cierre (…). Hemos hecho proposiciones para que se regule y se limite el uso de la fuerza tanto de las armas letales como de las no letales… que, según datos del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), entre 2002 y 2014, se registraron 448 casos de agresiones a civiles que al parecer fueron responsabilidad del Esmad. De estos, 137 son de personas heridas, 91 detenciones, 107 amenazas, 13 acciones extrajudiciales o muertes y 2 de violencia sexual. Las denuncias fueron interpuestas por 248 campesinos, 94 menores de edad, 50 mineros, 35 estudiantes, 21 periodistas, 17 líderes sociales, 15 obreros y 8 conductores”. Casos que están en investigación exhaustiva. ¡El Esmad es la única respuesta a las solicitudes de la población!

arlexariasarias@yahoo.com

Cartagena de Indias.