EL NEFASTO LEGADO DE SANTOS Y SU MINISTRA DE CULTURA MARIANA GARCÉS

Finalizan ocho años de un gobierno caracterizado por sus políticas neoliberales, la firma de lesivos Tratados de Libre Comercio, sus medidas antipopulares, su servilismo con las agencias internacionales y el gobierno norteamericano, y su entrega de la cultura nacional y de los exiguos recursos que se le destinan, a las transnacionales del entretenimiento y las comunicaciones.

Finalizan ocho años de un gobierno caracterizado por sus políticas neoliberales, la firma de lesivos Tratados de Libre Comercio, sus medidas antipopulares, su servilismo con las agencias internacionales y el gobierno norteamericano, y su entrega de la cultura nacional y de los exiguos recursos que se le destinan, a las transnacionales del entretenimiento y las comunicaciones.

Ocho años con la misma Ministra de Cultura a la cual hoy los medios y algunos comentaristas dedican páginas de elogio, olvidando las continuas reducciones del presupuesto y de los estímulos, así como las medidas que favorecieron a los empresarios internacionales mientras se desprotegían los artistas, empresarios y gestores culturales colombianos. Sin pretender abarcar todas las lesivas disposiciones que implementó, la Unidad Nacional de Artistas –UNA-, quiere recordar sólo algunos ítems relevantes de las políticas antipopulares que se implementaron durante estos dos períodos del gobierno que se despide. Se nos queda por fuera el abandono del patrimonio material nacional con el cierre de casas de la cultura y teatros emblemáticos, el debilitamiento de los concejos de cultura y la democracia participativa (así como su manipulación), las dudosas decisiones en la repartición de los pírricos recursos, e infinidad de medidas en detrimento del arte y la cultura colombianos mientras se privilegiaba el negocio de los grandes empresarios, principalmente extranjeros.

No es que tengamos ninguna expectativa con el gobierno que se posesiona ni con Carmen Vásquez, la Ministra de Cultura que designó. Sus propuestas ya las conocemos, así como el espíritu en el cual se enmarcan. Sabemos que la economía naranja será el pilar de su política cultural. La cultura y las artes serán regidas por los designios del BID, la OCDE y los oligopolios internacionales. Ante ello los artistas y toda la sociedad debemos continuar con las tareas de organización y de denuncia para defender la creación y la identidad de nuestro pueblo. Cada día es más necesario que se aclaren cuáles son las causas de la situación y no nos quedemos viendo solo las consecuencias y limitando la lucha del sector a las limosnas que de vez en cuando deciden repartir.

Hacemos un breve sumario de la verdadera herencia que nos dejan los que algunos insisten en elogiar.

PRESUPUESTO
El presupuesto de funcionamiento del Ministerio incluye las cuentas de Gastos de Personal, de Gastos Generales, de Gastos por la Ley 1379 de 2010 (los recursos destinados a financiar la conectividad de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas) y las Transferencias. El presupuesto del Ministerio de Cultura para 2016, representó solo el 0,19% del presupuesto nacional, lo que se tradujo en $335.438 millones. Para 2017, representó el 0,16%, $342.000 millones, con un recorte del 11%. Para funcionamiento se destinaron $205.000 millones (-11%) y para inversión, solo $137.000 millones (-22%). En 2018 el presupuesto es de $340.677,3; para funcionamiento $223.046,2 y para inversión $117.631,2. El Anteproyecto de presupuesto para 2019 prevé: $270.478.656, en funcionamiento $208.228.747 y para inversión sólo $62.249.908. Como quien dice que año tras años se ha rebajado el presupuesto general de la cultura.

LEY DE ESPECTÁCULOS
Con la Ley sobre Artes Escénicas y Espectáculos públicos de 2011, se disminuye del 33 al 8% el impuesto de renta para cualquier extranjero que realice un espectáculo público o de artes escénicas en Colombia. Este beneficio podrá disminuir, en determinados casos, hasta el 0% y evitarle a estos productores la retención en la fuente, el pago del IVA y el pago de otras contribuciones relacionadas con la ganancia por el espectáculo. Estos beneficios solo pueden recibirlos los extranjeros, jamás los colombianos.

LEY DE CINE 2
La Ley 1556 de 2012 incluye incentivos económicos a productoras extranjeras que filmen en Colombia. La norma prevé devoluciones entre el 20% y 40% de lo invertido en fase de producción. Establece un esquema de reintegro para quienes inviertan unos 1.800 SMLV durante su rodaje en el país. Se les devolverá 40% de la inversión en servicios cinematográficos y 20% de lo invertido en servicios logísticos. Hasta hoy, se han aprobado 39 proyectos de los cuales han finalizado 30 su rodaje, con una inversión de $168.061 millones. De ese recurso, el gobierno ha aportado $55,962 millones como contraprestación. Al mismo tiempo, los recursos del Fondo de Desarrollo Cinematográfico (FDC) pasaron de los $25.000 millones con la Ley de Filmación Colombia en 2012, a $19.570 millones en 2016 y $21.525 millones en 2018.

REFORMA TRIBUTARIA
La lesiva reforma tributaria de 2016 afectó también a la cultura de forma directa. La importación y venta de libros, revistas y periódicos tendría 5% de IVA, sobre los libros y textos escolares impresos y tecnológicos. Las empresas editoriales pagarán un impuesto de renta, lo que contraría una exención histórica que ha hecho crecer esta industria. Las corporaciones y fundaciones culturales sin ánimo de lucro, tendrán que enfrentar más filtros y, por lo tanto, tributarán como las compañías comerciales. Las donaciones perderían su deducción entre el 100 y el 125%, que tenían por ellas. Los servicios de montaje y producción de eventos, exentos de IVA, serían gravados con el 19%.

Además, la reforma redefine el hecho generador de impuestos con el objeto de gravar bienes intangibles (transacciones de software, marcas, patentes, bases de datos digitales, información) y servicios prestados desde el exterior para consumidores colombianos, los servicios de las TIC o “economía digital” cuya venta se realiza en el exterior pero cuyo destinatario tiene domicilio fiscal en Colombia. Bajo este supuesto quedarían gravados servicios como el suministro de páginas web, hosting, almacenamiento de datos en la nube, acceso a bases de datos digitales, cursos en línea y suministro de servicios audiovisuales como música, videos y películas.

El servicio de internet para los estratos 4, 5 y 6 pasa del 16 al 19% y el de estrato 3 pagará el 5%. Los computadores y portátiles de escritorio pasarían de no pagar, cuando eran de un valor inferior a $2.439.746, a menos de $981.848. Los teléfonos inteligentes y tabletas, de cuando eran de menos de $1.279.379, a cuando sean de menos de $654.566.

La Reforma Tributaria también impuso medidas contrarias al interés de la Entidades Sin Ánimo de Lucro, reglamentadas por el Decreto 2150 de 2017. El decreto establece condiciones imposibles de cumplir para ellas, como tener página web constantemente actualizada, realizar anualmente un registro web en las páginas de la DIAN y en las propias, reportar públicamente las donaciones y reservas financieras, y remunerar a sus miembros y contratarlos garantizando el pago de seguridad social, todo lo cual acarreará nuevos gastos y derivará en la necesidad de contratar servicios de asesoría jurídica, contable y financiera de manera permanente. Gran cantidad de las ESAL son culturales y se verán abocadas a su desaparición.

LEY NARANJA
Tal vez la más lesiva de todas las medidas es la Ley de Economía Naranja de abril 26 de 2017, aprobada con el respaldo de Mincultura. Para Duque esta ley es un pilar de su próximo gobierno e incluso plantea la creación de un viceministerio de la Economía Naranja. Bajo este modelo toda la cultura y las artes deberán funcionar bajo el criterio mercantilista y convertirse en empresas rentables. Suprime las expresiones culturales como un derecho de la gente y pretende eliminar la obligación del Estado de garantizarlas, auspiciarlas, financiarlas y defenderlas. Colombia aportará para las multinacionales del entretenimiento la infraestructura y la mano de obra barata, convirtiéndose en una maquila cultural. El Estado será un simple regulador. Esta Ley, al igual que la Ley Lleras 6.0 y la de Convergencia, entregan a las grandes multinacionales de las comunicaciones y del espectáculo la propiedad del conocimiento, el control sobre contenidos y el usufructo mercantil de los mismos, bajo el concepto del copyright.

LEY LLERAS 6.0
La ley Lleras 6.0 fue aprobada el 22 de mayo tras ser tramitada con un mensaje de urgencia del gobierno, para cumplir las condiciones de EEUU para que Colombia ingresara a la OCDE. Debido a la protesta de amplios sectores, se le hicieron pequeñas reformas de maquillaje (a las bibliotecas se les posibilitó el préstamo público y se les permite tener terminales para disponer “in sito” de contenidos; las Medidas Tecnológicas de Protección (MTP) impuestas son menores a las de la ley aprobada en 2012 pero las excepciones son muy limitadas; se amplió de 3 a 10 años la prescripción para los dineros que las sociedades de gestión deben distribuir a los autores identificados; el capítulo que se ocupa de obras huérfanas (aquellas de las cuales no se conoce o no se halla el autor) contempla una mínima parte de ellas y en forma restrictiva; no se incluyó el concepto del “fair use” (uso justo), el cual sí se aplica en EEUU; el castigo de prisión para la piratería se aplicará a aquellos que supone que actúen no solo con intención sino que tengan escala comercial o interés de lucro.) El fondo del problema se dejó intacto, manteniendo la propiedad y el manejo y la distribución del conocimiento en manos de las grandes empresas multinacionales de la comunicación y ampliando sus derechos de propiedad de 50 a 70 años.

LEY DE CONVERGENCIAS
El 12 de junio, el proyecto de Ley de Convergencias 174, también recomendación de la OCDE, tuvo que ser retirado por el gobierno debido a la masiva protesta de los sectores audiovisuales y de organizaciones de la cultura como la Unidad Nacional de Artistas, UNA. En él se proponía un único regulador que se ocupe de la TV, las redes y la infraestructura de las telecomunicaciones, acabando de tajo el concepto de las comunicaciones como un servicio de interés social y dejando sin garantía de financiación a los 10 canales de la televisión y a los medios audiovisuales públicos; se liquidaban la Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC- y la Autoridad Nacional de Televisión –ANTV- y se fusionaban El Fondo para el Desarrollo de la Televisión y las Comunicaciones y el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos, creando un nuevo Fondo Universal Único –FUU- y la Autoridad Nacional de Regulación de Comunicaciones –ANRC-, administrados con criterios políticos por el gobierno de turno a través del MINTIC; se reducían drásticamente los aportes al fondo de parte de los prestadores con título habilitado, al reducir sus aportes en más de 3 puntos y establecer una senda de decrecimiento de los mismos; y se ampliaban los permisos para el uso y explotación del espectro a 30 años renovables. Al ser una recomendación de la OCDE y bajo los criterios de la Economía Naranja impulsados por el Presidente elegido, Iván Duque, es seguro que se intentará hacer aprobar el proyecto en la próxima legislatura, razón por la cual las asociaciones del sector y la sociedad en general, deben estar alertas para rechazarlo de manera categórica.

PATRIMONIO
La Ley 1675 del 30 de julio 2013, reglamenta lo relativo al patrimonio cultural sumergido (caso del Galeón San José). En ella se elimina de la categoría cualquier bien hallado que no haya cumplido 100 años. Además, deja un campo, por decir al menos incierto, al no considerar patrimonio sumergido los “hundimientos, naufragios o echazones que hayan cumplido más de 100 años a partir de su ocurrencia, y que no reúnan las condiciones para ser considerados pertenecientes al patrimonio cultural sumergido” (parágrafo, Artículo 2). Por otra parte, no serán considerados patrimonio cultural sumergido según el Artículo 3:
“1. Las cargas comerciales, constituidas por materiales en su estado bruto, cualquiera sea su origen, tales como perlas, corales, piedras preciosas y semipreciosas, arenas y maderas.
2. Los bienes muebles seriados que hubiesen tenido valor de cambio o fiscal tales como monedas y lingotes.
3. Las cargas industriales.”
En pocas palabras, se otorga el derecho de recuperación a los contratistas, sin ningún control, a la vez que obtienen una ganancia del 50% sobre lo recuperado al realizar el trabajo (Artículo 15, inciso 2). El oro, lingotes, esmeraldas, perlas, etc., sumergidos, son todos de libre acceso para los buitres y monopolios internacionales y nacionales.
Adicionalmente se abre la posibilidad del usufructo privado, comercial y educativo de los mismos, pues “la información recuperada durante las etapas de exploración e intervención, incluidos el registro en cualquier medio y soporte, entre ellos la fotografía y demás semejantes, podrán ser parte del aprovechamiento económico de quien realice estas actividades” (Capítulo II, Artículo 4, inciso3). El Estado dice ser propietario de la información y conocimientos generados, pero da vía libre a los privados para su “aprovechamiento económico”.

SEGURIDAD SOCIAL
El decreto 2012 de 2017 elimina cualquier posibilidad de jubilación de los artistas y gestores culturales. Se despoja a los departamentos y municipios de los recaudos provenientes del 10% de la Estampilla Pro- Cultura, los cuales pasan a ser parte de los fondos de Colpensiones. A estos recursos tendrán acceso un mínimo porcentaje de artistas; los hombres que cumplan la edad de 62 años y mujeres 57, que hayan residido los últimos 10 años en el país y que perciban ingresos inferiores a un salario mínimo. Los que cumplan estos requisitos y no hayan ahorrado para la pensión recibirán una anualidad vitalicia bimensual del 30% del salario mínimo. Estos subsidios sólo se darán mientras duren los recursos del 10% y hasta que se agoten los que haya acumulado el respectivo municipio o distrito. Colpensiones solo tendrá en cuenta el ahorro personal y en ningún caso el monto transferido por los entes territoriales a Colpensiones, lo que confirma que el ahorro de años pasará a los fondos comunes de esa entidad. La otra posibilidad es que los artistas se acojan a los BEPS.

Finalmente, mencionamos el abandono de la universidad pública. La Facultad de Arquitectura la U.N. se derrumbó y la de Artes tuvo que ser evacuada. La ASAB y el Edificio de la Merced, patrimonio de la Nación, se están cayendo. La U. del Atlántico, sufre de falta sistemática de recursos y la Facultad de Artes de la U del Cesar está en crisis. La des-financiación de la U pública es tan grave que en seguridad física se requieren $235.000 millones y se invierten en cada vigencia $52.000 mill.; en seguridad electrónica se requieren $46.000 mill. y se invierten $10.000; en seguridad informática las necesidades son $12.000 mill. y se ejecutan $4.700.

Este. en pocas palabras. es el legado de una administración que en 8 años se dedicó a desmontar la precaria protección que el Estado daba al arte y la cultura, producto de las luchas de los trabajadores del área; a liberalizar el mercado para las multinacionales y a convertir el arte y la cultura en meras mercancías. Sabemos que la administración entrante continuará por el mismo camino. A los trabajadores del arte y la cultura y a sus organizaciones gremiales y sindicales, a las ONG dedicadas al mismo objeto y en general a todos los colombianos no nos queda más camino que continuar denunciando las tropelías de los gobiernos de turno, enarbolar las banderas del arte como expresión de la nación y del humanismo y propiciar la más amplia unidad de todos los trabajadores de la cultura para defender la soberanía cultural nacional.

Julio 24 de 2018
Unidad Nacional de Artistas, UNA