El Plan de Desarrollo de Santos y la industria de licores nacional: nadie se había atrevido a tanto, sostiene Robledo

El Plan de Desarrollo suprime ilegalmente el monopolio público de licores; se otorgan concesiones más allá de lo negociado en los TLC; se aumentan impuestos a licores nacionales y se reducen a los extranjeros; rechazo al Plan de Desarrollo por violar la Constitución y atentar contra la industria y el empleo nacionales.

Aunque la industria licorera colombiana es un monopolio público con fines rentísticos protegido por el artículo 336 de la Constitución Nacional, el Plan de Desarrollo de Santos pretende suprimirlo ilegalmente, desbordando, incluso, lo acordado por Colombia en los Tratados de Libre Comercio, denuncia el senador del Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo.

Según el Anexo II del TLC de Colombia con Estados Unidos, explica Robledo, el país se reservó el derecho de limitar la distribución de licores foráneos en los departamentos que detentan los monopolios rentísticos. Esto le permitiría a los entes territoriales continuar restringiendo el número de proveedores en sus respectivas jurisdicciones. De igual forma, el pie de página del artículo 21 del Capítulo 1 del TLC con la Unión Europea, mantuvo el monopolio de licores en Colombia en lo que respecta al papel de los gobiernos departamentales en materia de acceso al mercado.

Haciendo una concesión que va más allá de lo negociado en los TLC, el artículo 191 de Plan de Desarrollo prohíbe a los departamentos negarse a otorgar los permisos necesarios para la introducción, distribución y venta de cualquier tipo de licor, incluido el foráneo. Con este artículo, que constituye un “mico” dentro del Plan de Desarrollo, Santos le estaría “obsequiando” a las transnacionales gringas y europeas el mercado doméstico de licores.

El golpe a la industria licorera colombiana es una imposición de la OCDE, organismo que intenta conseguir más de lo que Colombia entregó en los TLC, explica el congresista del Polo. En un estudio oficial, la OCDE recomienda explícitamente reformar el monopolio de licores por considerar que incurren en “prácticas discriminatorias de facto” con las que se podría violar el principio del trato nacional al licor extranjero. Propone, además, que el requisito de firmar contratos de distribución por parte de empresas extranjeras, sea abolido, lo que significa en la práctica, suprimir el monopolio público de licores.

El Plan de Desarrollo también propone trato nacional para los licores extranjeros en materia impositiva. Mientras a las transnacionales se les reducirán los impuestos en 31%, a los licores nacionales se les aumentará en 12%, hasta equiparar la base gravable de los importados. Además de reforzar la estructura tributaria regresiva del sector, acentuará la competencia entre los licores nacionales y extranjeros en condiciones de extrema desigualdad para las industrias departamentales.

Por lo explicado anteriormente, Robledo rechaza la pretensión del gobierno de propiciar la quiebra de las industrias licoreras colombianas y exigió que las disposiciones que atentan contra el monopolio público de licores se supriman del Plan de Desarrollo, debido a que violan la Constitución, atentan contra los recursos de la salud y la educación y golpean la industria y el empleo nacionales.