El Polo llama a un gran acuerdo nacional

Declaración Política del Polo Democrático Alternativo

En los últimos años, sin duda, la resistencia y la voluntad de lucha del movimiento social acompañado de un amplio espectro de fuerzas democráticas han contribuido a fisurar el bloque de poder dominante.    

La pandemia detuvo la oleada de protestas que recorrería el mundo: los chalecos amarillos en Francia, el alzamiento popular en Ecuador, las portentosas movilizaciones en Chile y demás movilizaciones en el mundo contra el autoritarismo, el racismo y por democracia, la grandiosa movilización social del 21N en nuestro país, son algunos ejemplos. Al paro nacional de aquel día histórico, convocado por las centrales obreras e impulsado por el movimiento de protesta social, que venía en ascenso desde 2008, se sumó una multitud inédita que hizo notar el malestar acumulado en décadas de frustración de estudiantes, artistas, jóvenes, capas medias y sectores populares.

Después de un costoso conflicto, la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC-EP produjo desenlaces democráticos y humanitarios que contribuyen a la búsqueda del fin de todas las formas de violencia.

La coalición de gobierno ha perdido margen político y discursivo. El presidente Iván Duque es alérgico a los preceptos democráticos de la Constitución de 1991 sobre los que se fundan los derechos y libertades públicas, le da un tratamiento autoritario a la protesta política y social y niega la búsqueda de soluciones a los reclamos de la ciudadanía. Además, es un gobierno obediente de los dictados de Estados Unidos y de los organismos multilaterales y que en la política exterior le sirve incondicionalmente a las tropelías del gobierno de Trump contra las demás naciones y pueblos del mundo, incluido agredir a naciones de America Latina.

Se ha frustrado su pretensión de destruir el proceso de paz, sabotear la aplicación de los acuerdos y plantea iniciativas de reformas que contradicen la profundización de la democracia. El auto de la Corte Suprema de Justicia de acusación y detención domiciliaria del ex presidente Uribe, muestra que el despropósito de presionar e interferir a la Justicia ha fracasado.

Distintas regiones del país siguen siendo víctimas de masacres cometidas por grupos criminales y que lo hacen ante la indolencia del gobierno, tales como en el barrio Llano Verde de Cali, los municipios de Leiva, Samaniego y Ricaurte en Nariño y en poblaciones ubicadas a lo largo del andén del Pacífico y otras zonas del país como el Catatumbo, Huila, entre otras.

A pesar de las violencias y la pandemia las luchas continúan: la conciencia ambiental de los santanderes en defensa del agua para detener la gran minería transnacional en Santurbán y contra el fracking. Los trabajadores y las trabajadoras resisten con denuncia y movilización a los intentos de reforma laboral y pensional que precarizan el trabajo y las pensiones. Las mujeres el 28 de septiembre manifestaron el derecho a decidir sobre su cuerpo; igual el 25 de noviembre impugnaron a la sociedad patriarcal en resistencia al feminicidio, y reclaman por equidad y participación en momentos en que la pandemia amplía la brecha de género. La ciudadanía se hizo sentir eligiendo una bancada alternativa en el Congreso, depositó ocho millones de votos en la segunda vuelta presidencial, más de once millones de votos en la consulta contra la corrupción y eligió numerosas autoridades regionales y locales del espectro alternativo.

Estas expresiones de movilización y participación muestran un camino de esperanza y oportunidad para alcanzar nuevas conquistas en la post pandemia. El movimiento social se prepara para enfrentar el Estado de Excepción que intenta restringir aún más las libertades y derechos fundamentales; el ajuste económico contenido en la propuesta de Presupuesto General de la Nación de 2021; los anuncios de regresivas reformas laboral, pensional y tributaria, todas so pretexto de la abismal caída del PIB en 15,51% que aumenta la pobreza e indigencia. Todo ocurre mientras los decretos de emergencia y las asignaciones de recursos favorecen al capital financiero, las EPS y AFP, a los importadores de bienes y productos que se pueden producir en el país y a privatizar a Ecopetrol, ISA, ICA, el SENA. El gobierno no atiende la exigencias de mejorar las condiciones del personal de salud, girar directamente los recursos a las IPS, garantizar la financiación de la renta básica, subsidiar las nóminas de las micro, pequeñas y medianas empresas, condonar las deudas y conceder nuevos créditos de fomento a productores agropecuarios, financiar la matrícula cero para las Instituciones de Educación Pública, implementar el reconocimiento de la economía del cuidado como una política nacional y por un plan de empleo público que alivie la desocupación de mujeres y jóvenes, estimular la reactivación económica con recursos de fomento y sustitución de importaciones.  

Este panorama le exige a los sectores alternativos y democráticos alcanzar un gran entendimiento histórico para reconstruir el país, que vaya más allá de las elecciones de 2022 y se proponga: la ampliación y profundización de la democracia, que sepulte la tentación autoritaria y fascista, de un lado, y de otro, el propósito de la recuperación de la soberanía económica para superar la desigualdad social y la pobreza, abriendo camino a una economía moderna que desarrolle la industria y el agro, que supere el extractivismo de energéticos y minerales para la exportación, dejar de dedicar el ahorro nacional a pagar deuda e importaciones, tener acceso universal al conocimiento, alcanzar un desarrollo rural que incluya la economía campesina, indígena, cooperativa y empresarial, definir una política antidrogas autónoma, proyectar otra matriz energética para contribuir en la lucha mundial contra el cambio climático.

El PDA hace suya esta propuesta y llama a las formaciones políticas de la izquierda democrática, los partidos alternativos y progresistas, al movimiento social y popular, a la intelectualidad y personalidades democráticas a hacer realidad este histórico pacto nacional.

Esta agenda contribuye a la concreción del Estado Social de Derecho, del Acuerdo de Paz -hoy frecuentemente torpedeado por el gobierno- y a la búsqueda de una paz total, estable y duradera que supere todas las violencias.

El Polo llama a su militancia a acoger esta iniciativa, propiciar con espíritu unitario y desde nuestro Ideario de Unidad la construcción del acuerdo del campo alternativo y democrático sin exclusión de partidos, movimientos o candidaturas. Para ello nos comprometemos a realizar el V Congreso del partido conforme a nuestros estatutos, evento que escogerá el candidato presidencial para participar en la convergencia que se acuerde.

21 de agosto de 2020.    

Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo.